Carta de “Don Berna” a la Justicia Colombiana

por

Indepaz

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Bogotá, D. C.

 

 

Honorables Magistrados;

 

DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, ciudadano Colombiano, portador del documento nacional de identidad número 16.357.144 expedida en Tulúa (Valle), en mi condición de desmovilizado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), y postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, respetuosamente concurro ante Ustedes a través de éste escrito, a efecto de someter a consideración no sólo de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino al escrutinio del país entero, las circunstancias por las cuales considero que el Proceso Político de Paz al cual nos sometimos voluntariamente se encuentra en una etapa de postración prácticamente insuperable para aquellos de nosotros que fuimos extraditados arbitraria e injustamente a los Estados Unidos de Norteamérica.

Creí en un proceso de negociación política con el Gobierno de Colombia bajo la tenaz perspectiva de que tal acto permitiría construir los cimientos de una Paz duradera para Colombia, por ello, sin que existiera un marco legal, fui el primer comandante de Autodefensa en desmovilizar un Bloque, me refiero al Bloque Cacique Nutibara cuya desmovilización se produjo el día 25 de Noviembre de 2003 en la ciudad de Medellín, y aún siendo más consecuente con la visión de Paz, procedí a desmovilizar un segundo Bloque, el Héroes de Tolová el día 15 de Junio de 2005, fecha en la cual tampoco existía un marco legal que rigiera el proceso de Paz. Las desmovilizaciones que impulse, apoye y logré, estuvieron enmarcadas en la creencia de que el Gobierno Colombiano realmente tenía la firme decisión política de construir en verdadero proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual, a su vez, permitiría y facilitaría un proceso de Paz con las guerrillas de las FARC y ELN, logrando una pacificación duradera para nuestro país. Para ello, era requisito indispensable relatarle al pueblo Colombiano las razones últimas del nacimiento de las A.U.C., como participes paraestatales del conflicto, era necesario superar, a través del conocimiento de la VERDAD, aquellas circunstancias por las cuales el conflicto armado surgió y evolucionó; todo ello amparado en mi entendimiento del aforismo “Una Nación que no conoce su historia esta condenada a repetirla”.

Junto a mis compañeros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, consideramos al iniciar el proceso de acercamiento y de NEGOCIACIÓN POLÍTICA con el Gobierno Nacional, que existían las condiciones necesarias para nuestra desmovilización como actor político y militar del conflicto armado; considerábamos que el Presidente ALVARO URIBE VELEZ tenía la voluntad y la decisión política de hacer un VERDADERO PROCESO DE PAZ. Consideramos también, que el país y sus instituciones se encontraban lo suficientemente maduras para conocer la VERDAD, a pesar de que nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por que no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República, el D.A.S., las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma, por ello en múltiples escenarios solicitamos un “Gran Acuerdo por la Paz” o si ello no fuera posible una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pero el decurso del proceso nos confirmo nuestro mayor temor, la existencia en muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país, quienes están lógicamente interesados en que la VERDAD de su participación no se conozca,  en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder. Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el “trabajo sucio” que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos.

Muchos fueron los acuerdos discutidos y finalmente convenidos con el Gobierno del Presidente ALVARO URIBE VELEZ a través del entonces Comisionado de Paz LUIS CARLOS RESTREPO y del Ex Ministro SABAS PRETELL DE LA VEGA; acuerdos y compromisos que hoy el Gobierno no sólo incumplió en su totalidad, sino que ha impedido sistemáticamente reconstruir para que el país entero realmente conozca que fue lo que se negoció y acordó con él; o expresado en otros términos, para que el mundo entero conozca las intimidades del proceso de negociación con el Gobierno Colombiano. Haciendo eco a algunas de las palabras de otros de los ex comandantes de las AUC hoy extraditados, y a manera de ejemplo, uno de los acuerdos hechos consistía en la implementación de “Proyectos Productivos” que permitieran a desmovilizados, víctimas y desplazados construir escenarios propios para la reconstrucción del tejido social y reintegración al sector productivo del país, a través de la participación conjunta en proyectos agroindustriales y semindustriales, financiados en parte por el Gobierno Nacional y en otro tanto por las mismas Autodefensas Unidas de Colombia. De allí surge el aforismo “La Paz la hacemos quienes hicimos la guerra de la mano de quienes la padecieron” como directriz a quienes fueron mis subalternos. En la actualidad, los “Proyectos Productivos” son parte del gran olvido institucional, desaparecieron dentro del esquema paquidérmico del Gobierno, funcionaron en la medida en que los ex comandantes de Autodefensas estuvimos en Colombia y aportábamos material humano, conocimientos e incluso lo financiamos en gran parte. Hoy, sin embargo, la mayoría de las personas que lideraron los procesos de creación y funcionamiento de los “Proyectos Productivos”, muchos de los cuales NO habían sido nunca miembros de las Autodefensas, se encuentran estigmatizados cuando no presos. En mi caso en particular, el señor CARLOS HOYOS persona que nunca fue Autodefensa pero que por sus conocimientos profesionales lideró los proyectos productivos que de común acuerdo con el Gobierno se crearon en Córdoba, se encuentra preso injustamente acusado de hechos ilícitos justamente por el hecho de haber tenido contacto con desmovilizados a través de los proyectos agroindustriales creados en la zona. Finalmente, el proyecto fue abandonado por el Gobierno, dejando a desplazados, víctimas y desmovilizados sin posibilidad alguna de continuar con los proyectos y sin soluciones para alcanzar una vida digna; todo el esfuerzo, la voluntad, el trabajo de miles de personas y mucho dinero fue arrojado a la basura por el Gobierno Nacional.

Otro de esos acuerdos consistía en la posibilidad de participar, desde la legalidad, en la vida política del país, creando movimientos políticos que respaldaran nuestra propuesta política, ya que como he dicho antes, éramos un movimiento político que tuvo un componente militar, sin embargo, el compromiso fue imposibilitado por el Gobierno al iniciar una campaña de desprestigio y de estigmatización a los desmovilizados no incursos en delitos de lesa humanidad, beneficiarios de la Ley 782, nos cerraron los caminos legales para participar en la civilidad como órgano político. Si, en efecto, las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado; conocíamos a la perfección el funcionamiento del Estado, sus defectos y sus virtudes, pues las Autodefensas, ante la ausencia absoluta del Estado partimos de los fenómenos locales, a los regionales, a los departamentales culminando con una expansión nacional; tal conocimiento nos permitía obtener una visión amplia de las necesidades de cada zona, de cada región y por último una gran influencia nacional. Como actores políticos del conflicto que fuimos, tenemos una visión integral del país y de los factores que iniciaron y perpetuaron el conflicto en Colombia. Pero desde el Gobierno, y porque no decirlo, desde las Altas Cortes con sus sentencias que nos despojaron de la calidad de actores políticos del conflicto (me refiero al carácter de sediciosos por causa de una visión sesgada y de escritorio del conflicto), se nos negó toda posibilidad de participar como ciudadanos en la construcción de País. Hoy recuerdo al Ex Comisionado Luis Carlos Restrepo cuando en las desmovilizaciones decía: “Bienvenidos a la civilidad”, hubiera sido más honesto con nosotros y con el país si hubiera expresado las verdaderas intenciones del Gobierno: “Bienvenidos a la cárcel, a la perpetuación de la Guerra y a la Impunidad”.

Mi intención de someterme al proceso político de Paz siempre fue inquebrantable, por ello, acepte someterme a la Justicia Colombiana cuando de emitió una orden de captura en mi contra en el año 2005, acepté ir a prisión en las condiciones que se habían acordado con el Gobierno, es decir, a Colonias Agrícolas en donde estaría con buena parte de los hombres que estuvieron bajo mi mando, circunstancia ésta que permitiría reconstruir con la mayor exactitud posible los hechos en los cuales estuvimos involucrados, facilitando además, el acopio de medios de prueba que sustentarán nuestras confesiones. En mi caso particular, se trataba de reconstruir más de veinte años de actividad en las A.C.C.U. y en las A.U.C., y de los hechos ejecutados por los tres bloques de autodefensa que comande; pero la memoria es falible, por ello requería de la ayuda de quienes habían sido mis compañeros de causa. Sin embargo, el Gobierno Nacional contrario a lo acordado me mantuvo en prisiones de máxima seguridad, en Itaguí, Combita y la Picota, en condiciones de aislamiento permanente, jamás se me permitió entrevistarme con los hombres que habían estado a mi lado, el General ® Eduardo Morales Beltrán quien ese entonces era el Director General del INPEC, impidió sistemáticamente cualquier clase de acercamiento con el ex combatientes que estuvieron bajo mi mando, excepcionalmente se me permitió la entrevista, sólo una hora, con uno de mis hombres; de esa entrevista se logró, a pesar del escaso tiempo, esclarecer los hechos relacionados con el acto conjunto desarrollado con el Ejercito Nacional en la comunidad de San José de Apartado y que hoy le permitió a la Fiscalía emitir condenas contra los miembros de las AUC y de las Fuerzas Militares que ejecutaron tan execrables hechos. Este es un ejemplo del porque era necesario reunirme con mis hombres, de cómo se lograría cumplir con los requerimientos de la Ley de Justicia y Paz en cuanto al acopio de los medios necesarios para reconstruir la Verdad que tanto requieren las víctimas del conflicto, pero ello fue un imposible. Hoy entiendo que ese aislamiento que se me impuso, era necesario para SILENCIARME, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa IMPUNIDAD.

Debo acotar, que la campaña para SILENCIARME a la cual me sometieron, estuvo acompañada de perversos y constantes actos de hostigamiento que a la postre facilitaron la excusa esgrimida por el Gobierno Nacional para mi extradición a los Estados Unidos, me refiero a los permanentes “informes de inteligencia” difundidos a todos los medios de comunicación por los Organismos de Seguridad del Estado, en los cuales se afirmaba que “continuaba delinquiendo desde mis centros de reclusión”. Nada más soez, absurdo, falso e irreal, no sólo porque desde mi entrega voluntaria a la Justicia sino desde el momento mismo en que se hicieron los acuerdos de Paz, empeñe y cumplí con mi palabra en abandonar todo acto delictivo y de colaborar al máximo con la Justicia de Colombia. El entonces Fiscal General de la Nación Dr. Mario Germán Iguarán Arana, aceptó tanto en privado como públicamente, que NO existe un solo proceso judicial en mi contra desde el momento de mi sometimiento a la Justicia, que no existe una sola prueba que me vinculara con actividades ilícitas desde mi entrega voluntaria a las autoridades, y que por ello, desconocía los motivos reales por los cuales se produjo la decisión de extraditarme a los Estados Unidos. Pero era necesario extraditarme a los Estados Unidos, era el último eslabón en la cadena de SILENCIO que requerían muchos sectores institucionales y muchas personas poderosas para estar seguros de que no se conocería la VERDAD. La Resolución Presidencial por la cual fui extraditado en conclusión carece de todo fundamento y sustento legal.

Se expreso por parte del Presidente ALVARO URIBE VELEZ que la extradición de catorce ex comandantes de Autodefensa a los Estados Unidos garantizaría el conocimiento de la VERDAD y facilitaría la REPARACIÓN  a las víctimas, pues según él existían “Convenios de cooperación con la Justicia de los Estados Unidos” que permitirían ahí si, bajo la presión de la Justicia americana que confesáramos los hechos en los cuales participamos. Debo decirle a las víctimas y al país entero, que tal afirmación Presidencial es absoluta y radicalmente FALSA, pues los supuestos convenios con la Justicia Norteamericana NO EXISTEN y son tan inexistentes que ahora se pretende luego de más de un año de nuestra extradición, crear la figura de un “Magistrado de Enlace” entre los dos sistemas judiciales, que permita nuestra comparecencia ante las Autoridades Judiciales de Colombia. En la práctica, sólo se facilita nuestras presencia en audiencias virtuales para versiones libres, pero esto no significa que podamos desde nuestros actuales centros de reclusión contar con los medios, la información y la posibilidad de reconstruir los miles de actos que se nos atribuyen, se requiere documentar hechos con los participes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas. Me pregunto; Será que en las actuales condiciones de reclusión en los Estados Unidos podemos contar con esos medios? La respuesta es necesariamente negativa, el sistema de prisiones Norteamérica NO permite realizar tales actividades, no contamos con los medios ni las facilidades físicas, logísticas y jurídicas para preparar las diligencias judiciales que se nos exige en Colombia. Tan fuertes son las medidas restrictivas en las cárceles de los Estados Unidos, que en la misma prisión en donde me encuentro también están recluidos CARLOS MARIO AGUILAR (conocido como “Rogelio”) y Mauricio López Cardona (Alias “Yiyo”), quienes fueron miembros activos de los Bloques de Autodefensa bajo mis ordenes, pero que por las restricciones propias del sistema federal de prisiones y quizás de los mismos Fiscales Federales, ni siquiera podemos entrevistarnos con la finalidad de reconstruir la Verdad de muchos hechos en los cuales tuvimos participación; igual restricción opera para nuestros respectivos abogados tanto Colombianos como Norteaméricanos.

He de recalcar, como lo he expresado en varias oportunidades, mi inquebrantable voluntad de Paz y de colaboración con las autoridades judiciales de Colombia, pero aunado a lo anterior, debo expresar que la campaña para SILENCIARME continúa vigorosamente, dos (2) de mis parientes cercanos han sido asesinados, mi familia recibe amenazas constantes, mis abogados son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos, de interceptaciones ilegales a la totalidad de sus medios de comunicación (teléfonos, correos electrónicos, etc.), y de maquiavélicos “informes de inteligencia” de parte de los organismos de inteligencia de Colombia, sin posibilidad alguna de denunciar tales actos pues provienen en su gran mayoría del mismo Estado. Por ello, me he visto en la necesidad de suspender indefinidamente mi participación en muchas diligencias judiciales programadas desde Colombia ya que la seguridad de mi familia y de mis asesores legales se encuentra en permanente riesgo. Cuando existan las condiciones que garanticen la seguridad de mi familia y de mis asesores legales, pueden contar con mi participación activa con todo requerimiento judicial. Si bien es cierto, en su momento el Dr. Iguaran Arana me ofreció protección a los miembros de mi familia bajo el esquema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, tal propuesta la rechace pues conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema, por ello puedo asegurar firmemente que ese sistema de protección no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo y colocarme a mi mismo en fácil presa de nuevas presiones para CALLAR, o en resumen y expresado en términos coloquiales “es poner al ratón a cuidar el queso”,

Por otra parte, los alcances de la campaña sistemática y permanente de silencio, se extienden al extremo de deslegitimar mis denuncias a sectores de poder en Colombia cómplices de nuestras acciones, un ejemplo de ello, fue la denuncia pública que realice desde Estados Unidos en contra del actual Alcalde de Medellín ALONSO SALAZAR en la cual relate de forma sucinta la forma en que lo apoyamos financiera y electoralmente en su aspiración política. Ya en el poder, ALONSO SALAZAR no sólo inició toda una campaña de persecución y de desprestigio en contra de los desmovilizados de mis extintos bloques, sino a la CORPORACIÓN DEMOCRACIA y sus miembros, además ha manipulado a testigos, pruebas y a la fiscalía misma, solicitado incluso a las autoridades de policía y judiciales encarcelar a cualquier precio a los miembros de Corporación Democracia como una forma de “legitimar” su elección. Los procesos judiciales iniciados en contra de ALONSO SALAZAR hoy se encuentran en la mas completa IMPUNIDAD (no quisiera pensar que pagando con favores burocráticos a la Fiscalía), con fallos inhibitorios a pesar de que la Fiscalía cuenta con testimonios que acreditan lo que exprese de él. Esta circunstancia le ha permitido destruir todo el proceso de reincorporación de los desmovilizados a la sociedad de Medellín, disparar a límites superiores a los presentados en la fatídica época de Pablo Escobar, los índices de violencia en Medellín. Destruyó para legitimizarse todos los procesos de reincorporación que se hicieron y apoyaron cuando el fue Secretario de Gobierno de Sergio Fajardo de la mano de los desmovilizados y de muchas ONGs que querían mostrar a Medellín como un ejemplo de que la Paz es posible si todos los actores se involucran activamente en la solución pacífica de todos los factores generadores de la violencia.

Recuerdo cuando Salvatore Mancuso denunció públicamente hoy al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS y a su primo JUAN MANUEL SANTOS ex Ministro de Defensa, por solicitar a las Autodefensas la conformación de un Bloque en Bogotá, apoyada por ellos mismos desde la institucionalidad del Estado, hecho del cual soy testigo privilegiado por el rol que cumplí dentro de las Autodefensas; el resultado de sus denuncias no fue otro que el de rechazo: “Como creerle a delincuentes”. Entonces cuál es la razón por la cual cuando hablamos de políticos  (alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores y representantes a la Cámara) si nos creen? Ellos son los peones desechables del Gobierno, solo se les protege en la medida en que sean necesarios para algunos fines políticos o electoreros, pero es cierto ellos son tan culpables como los grandes personajes que también nos apoyaron, pero a diferencia de los peones, el estamento los protegerá actuando como las guerrillas “combinando toda forma de lucha” a efecto de perpetuar el concepto de “Seguridad Democrática” el cual no es otra cosa que la perpetuidad del conflicto armado en Colombia.

Nuestra extradición y la forma en que han logrado nuestro silencio garantizan IMPUNIDAD, a las víctimas perpetuar su dolor y al país entero continuar con el círculo vicioso de la violencia. Debo acotar con honestidad, que creí que al menos la Fiscalía General de la Nación buscaría la forma de hacer cumplir con la Ley de Justicia y Paz y con algunos de sus postulados, pero para mi decepción y en especial del de las víctimas, entregue al Fiscal Sexto y al Fiscal Cuarenta y Cinco de Justicia y Paz más de 120 bienes inmuebles a título de reparación, bienes cuantiosos, productivos y en buenas condiciones; sin embargo, luego de más de dos años mis defensores me informan que solo a 6 u 8 de ellos la Fiscalía les ha impuesto Medidas Cautelares, además de que no han tomado posesión de los mismos y que Acción Social se niega a recibirlos, dejándolos completamente a la deriva, destruidos, devaluados y susceptibles de invasiones de los nuevos actores del conflicto, Tampoco han dispuesto la aplicación del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD para esos terceros que ostentaron la calidad de propietarios inscritos de los bienes, para citar sólo un ejemplo, el caso del señor ALIRIO DE JESÚS HENAO JARAMILLO, quien aclaro jamás perteneció a las autodefensas, pero que hoy se encuentra preso y acusado de Testaferrato, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito, por ostentar la propiedad de siete bienes entregados a la Unidad de Justicia y Paz, pero que ante la evidente incapacidad de esta unidad resultaron finamente en manos de la Unidad de Extinción de Dominio; Alirio preso y los bienes tendrán finalmente una destinación diferente a la cual se entregaron, llegarán a manos del Estado (Dirección Nacional de Estupefacientes) pero no de las Víctimas. Podemos creer así en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz? Cómo seguir entregando bienes para reparar víctimas si finalmente no llegan a ellas?

Honorables Magistrados, podría continuar relacionando los motivos por los cuales en las actuales circunstancias me es prácticamente imposible continuar de la forma en que la Ley me exige con mi compromiso de colaborar con la Justicia y con las víctimas, como he relatado no existen las condiciones ni siquiera mínimas que permitan mi continuidad en este proceso. La estrategia de SILENCIARME a través de la Extradición hasta ahora ha salido victoriosa, por ello, y para vencer estos obstáculos solicito a través de Ustedes, firmemente la intervención de diferentes organismos internacionales ante el Gobierno y la Justicia de los Estados Unidos para que se propicien y faciliten los convenios e instrumentos legales necesarios, además de los medios e instrumentos necesarios para reconstruir la VERDAD; que se otorguen las garantías de seguridad para mi familia y mis asesores legales, entre otros factores y a los cuales he aludido en éste escrito.

En ese sentido me parece asertiva y necesaria la activa participación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, quienes tienen competencias necesarias para lograr que los fines del Proceso de PAZ al cual nos sometimos se cumplan, para que la IMPUNIDAD generada desde el Estado mismo no persista.

Se con certeza, que una vez se conozca este escrito en mi atribulado país, el Gobierno de Colombia hará lo necesario para que el Gobierno de los Estados Unidos me aísle aún más, enviándome, como sucedió con muchos de mis compañeros extraditados, a lugares y cárceles con regimenes especiales que obstaculicen eficazmente mi continuidad en el proceso de colaboración con la Justicia Colombiana. Me someto a ello concientemente, esperando que Ustedes, Honorables Magistrados logren superar todos los obstáculos presentes y futuros con la ayuda decidida de la Comunidad Internacional.

Con sentimientos de respeto y solidaridad a su labor,

DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO

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