1. La falacia de la “interdicción” a través de Gorgona. Este inconveniente proyecto militar -financiado por los Estados Unidos a través de su “Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley” (INL)-, desde su origen ha sido justificado, por quienes lo promueven, con el argumento central (no único) de servir para la interdicción en el marco de la “guerra contra las drogas”. Más que argumento es un real pretexto, como veremos adelante.

Llama la atención que, con anterioridad al Gobierno del “Pacto Histórico”, tal argumento fue aparentemente excluido en una ocasión por el vicealmirante de la Armada Ernesto Durán; quien, en entrevista de noviembre 11 de 2016, afirmó que la prioridad de esta Estación de Guardacostas será la defensa ambiental de la isla, “pues las operaciones contra el narcotráfico se realizan –dijo-, desde las bases de Bahía Málaga y Tumaco”. (Ernesto Durán, entrevista, 2016). 

Hoy, contra todas las expectativas, en pleno contexto del Gobierno del “Pacto Histórico”, el supuesto “control del narcotráfico”, mediante una base militar en Gorgona, es el principal “argumento” de quienes, desde instituciones del Estado, defienden su construcción. De manera pública, eso expresan los comandantes de la Armada de Colombia (fuerza naval) y funcionarios del alto gobierno, en especial la ministra de Ambiente Susana Muhammad. La vicepresidenta Francia Márquez -en un “Dialogo Regional Vinculante” con comunidades, desde el municipio de Guapi Cauca, al cual pertenece Gorgona, declaró que apoyará la lucha de las comunidades que rechazan el proyecto que busca la construcción de un muelle en esta Isla (Francia Márquez, Caracol 2022/11/30). Dada la presión social, en la Audiencia Pública “Salvemos Gorgona”, del 13 de marzo de 2023 en el Congreso nacional, la ministra Muhammad se vio obligada a anunciar la “suspensión” del proyecto “para escuchar a las comunidades”. La Armada y la ministra precisaron luego que el proyecto no está suspendido y que las obras continuarán. El presidente Gustavo Petro aún guarda silencio sobre estas construcciones militares.

Dada la existencia del monitoreo de cultivos de uso ilícito por parte de la ONU, el monitoreo realizado por los EE. UU. es una duplicidad que les resulta costosa y, además, necesitan los recursos para enfrentar la crisis humanitaria del fentanilo (mucho más grave en términos de salud). El monitoreo de cultivos por parte de los EE. UU. está suspendido hace meses (EL TIEMPO, 11 de julio de 2023), el tema de ellos ahora es la “interdicción”, como quedó claro en la visita reciente de la jefa del Comando sur de los EE. UU. a nuestro país. Es necesario enfatizar que la suspensión de tal monitoreo por los EE. UU. no disminuye la presión para la construcción de la base naval en Gorgona, con su radar y demás instalaciones. Por el contrario: quizás fortalece los falsos argumentos o reales pretextos. Además, esta “suspensión” puede ser temporal (EL TIEMPO, 15 de Julio de 2023).

A la base en Gorgona se asignan como objetivos, a la par con una supuesta “interdicción” del tráfico de drogas, el control de los grupos armados, de delitos ambientales, de pesca ilegal y del asalto a mano armada en el mar (del cual son víctimas los pescadores artesanales y embarcaciones de cabotaje). Pero bien sabe la Armada que el lugar donde se pueden combatir con eficacia esos delitos es donde tienen origen, o sea EN TIERRA.

Afirman los manuales del “Departamento Armada de la Escuela Superior de Guerra” que es indispensable un trabajo de “inteligencia policial y militar”, que en el caso de la “droga” se debe orientar a “identificar el origen de la demanda y de la oferta”; pues explican que el propósito de la interdicción no es sólo la incautación, sino también la desarticulación de las redes del narcotráfico (ESG 2021, pág. 274). 

Tales actividades de “inteligencia” implican, entre otras cosas, infiltrar las bandas criminales en especial en los puertos, donde según dicen tales textos de la Escuela Superior de Guerra, “se han acrecentado focos sociales con elevados niveles de desigualdad y de exclusión social, lo cual lleva a que los puertos sean ‘caldo de cultivo’ para el desarrollo de actividades delincuenciales; entre otras, el tráfico de “drogas ilícitas” y las acciones violentas de grupos armados ilegales diversos. Y agregan dichos textos: “Es claro que todo cuanto pasa en el mar se genera, necesariamente, desde tierra firme, y que toda actividad que sucede en el mar, necesariamente, tiene sus repercusiones en tierra. Esta premisa abarca el contexto no solo de la actividad legal, sino también, el de la ilegalidad”.  (ESG. 2021, pág. 251). 

Se sabe que cuando la Armada, u otro organismo de “seguridad” del Estado, intercepta cargamentos de “droga” en el mar, tal proceso fue iniciado en tierra, con frecuencia como resultado de una delación, o por contradicciones internas en las propias bandas. Los puertos y otros lugares de embarque (aéreos y marítimos) son algunos de los sitos más vigilados por organismos de “seguridad”; sin embargo, no evitan voluminosos envíos de toneladas de “droga” procesada. Lo cual deja en el ambiente muchos interrogantes sin respuesta, incluso sobre los controles en los lugares de destino. 

La Armada asegura que existe complicidad del personal portuario, o de la tripulación de las naves (ESG, 2021, pág. 275). Por su parte, el General William Salamanca, nuevo director de la Policía Nacional propone, además de las estrategias de “inteligencia” para combatir la delincuencia de todo tipo, actividades de “contrainteligencia” para enfrentar la corrupción interna en la Policía. Dice el General: además de la veeduría ciudadana, “también hay que fortalecer la contrainteligencia, con grupos especiales que estarán en varias zonas del país para mirar y anticiparnos a comportamientos de policías que se salgan de los códigos éticos” (Salamanca, EL TIEMPO, 14 de mayo de 2023).

2. La pertinencia de una “nueva política”. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la “guerra contra las drogas ha fracasado”; por lo cual él proclama, en los ámbitos nacional e internacionales, la necesidad de un giro completo para enfrentar este problema. 

El Gobierno del “Pacto Histórico” postula “una nueva política”, que incluye suspender la represión contra los pequeños campesinos vinculados con cultivos proscritos. El problema, según el mismo Gobierno, no se soluciona con más guerra contra los pequeños campesinos cultivadores. Enfoques políticos más sensatas incluyen ahora no perseguirlos judicialmente y ofrecen favorecerlos mediante la “titulación masiva de tierras y la vinculación a proyectos productivos”, como plantea el Ministerio de Justicia, además de la sustitución voluntaria y gradual, ya pactada en el “Punto 4” de los Acuerdos de Paz de 2016. (EL ESPECTADOR, 30 de junio de 2023).

Esta “nueva política” también comprende concentrar el golpe de la fuerza pública sobre los narcotraficantes: “será de oxígeno para campesinos cocaleros y de asfixia para narcos”, ha dicho el ministro de Justicia. (INFOBAE, 15 de julio de 2023). Pero la incautación y la persecución policiva a los narcotraficantes, aunque necesarias, no liquidan el problema. 

Siempre hemos sido partidarios de un trato benigno y de concertación con los pequeños cultivadores. Y sabemos que en gran medida el éxito del proceso de paz dependerá de los logros en la persecución a las organizaciones criminales de narcotraficantes. Así como de las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC y el ELN y de las conversaciones para el sometimiento de grupos como el Clan del Golfo. Pero esto tampoco basta, dada la influencia del narcotráfico en todos los ámbitos, que llega hasta la “cúspide” social, económica y política del país. Por esto, la acción del Estado en la lucha contra la corrupción es indispensable e ineludible, como lo establece el Acuerdo de Paz de 2016; que a las FARC exige “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado”. Por supuesto, la lucha contra la corrupción es bastante compleja, como lo revela también la penetración de los dineros del narcotráfico en las campañas políticas electorales, que no es la única expresión de su influencia. 

Además de lo planteado en los Acuerdos del 2016, es indispensable avanzar en la superación del “prohibicionismo”, con alternativas como las propuestas por el mismo “Pacto Histórico” y otras corrientes, que proponen -además de enfrentar las adicciones a las drogas como problema de salud-, la “regulación” controlada, no violenta, de las “drogas” por parte del Estado, para superar el problema delincuencial y la violencia que genera la ilegalidad y eliminar la máquina de guerra de los narcotraficantes.

La suma de todo lo anterior, tiene capacidad para aportar desde nuestro país a la superación de la “fracasada guerra contra las drogas”.

3. El origen de las contradicciones e incoherencias.  Considerando que sea llevado a la práctica, de verdad, el conjunto de elementos de estos nuevos enfoques, ¿de dónde surgen, entonces, los señalados falsos “argumentos” a la hora de justificar una “estación naval de guardacostas” en Gorgona, más aún en el contexto del fracaso de tal guerra? 

Por “pequeña” que parezca, esta estación por sus funciones no deja de ser una base militar, más aún si se observa que tal base es un eslabón de una cadena de radares articulados por los Estados Unidos, con sus respectivas bases navales, en un conjunto de islas de varios países.

Existen razones fundadas para sostener que el proyecto de esta base en Gorgona, lejos de los pretextos que se aducen, se inscribe en la estrategia marítima de los Estados Unidos, en función del complejo de conflictos internacionales y de la disputa de las potencias mundiales por zonas de influencia y fuentes de recursos naturales. Con elocuencia, explica ahora la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, cuáles son las preocupaciones centrales de su país, frente a la injerencia en la región de sus dos “principales rivales” en el mundo: China y Rusia.

La institución que encabeza la General Richardson es la encargada de “apoyar” en temas de seguridad a los gobiernos de América Latina y el Caribe. A Colombia ella viene con frecuencia, se reúne con mandos de las fuerzas armadas, imparte instrucciones e inspecciona bases militares. Ahora se entrevista con el presidente del nuevo Gobierno. En la reunión más reciente con el presidente Gustavo Petro, realizada el 21 de mayo de 2023, se habló del apoyo que dará EE. UU. en armas e inteligencia “para la interdicción de drogas” y a la “ayuda civil para la reforma agraria”. Una agenda que no ofrece buenos augurios en relación con Gorgona. Comentó luego la general Richardson: “tenemos una relación de seguridad muy estrecha con Colombia. Es un país líder en esta región y en el hemisferio occidental. Todo el entrenamiento que Colombia hace, entrenar a otros militares y fuerzas de seguridad, la profesionalización de los militares colombianos es ejemplar”. (INFOBAE, mayo 2023). 

El papel del Comando Sur de los EE. UU. no se puede subestimar, los hechos son más reveladores que las declaraciones. Organizados por este Comando, por ejemplo, se realizan ejercicios militares navales internacionales, denominados UNITAS (unidad en latín), como los actuales del 11 al 21 de julio, que congregan 20 países (Alemania, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay), 23 unidades navales, 3 submarinas y 29 aeronaves en aguas colombianas del mar Caribe; con el objetivo declarado de poner a prueba técnicas de “guerra convencional”, en función de la llamada “seguridad hemisférica”. (EL TIEMPO, 13 de julio de 2023).

En tal dirección, la “estrategia marítima” se conjuga con la fuerza aérea. “Los retos geopolíticos de la región son muy complicados y cada vez más complejos… Por ejemplo, hay actores estatales malignos que buscan influencia en la región…” Dice el general Evan L. Pettus de los EE. UU., quien promociona, en la feria aeronáutica en Rionegro F-Air 2023, los aviones “Made in USA” F-16; para que los compre Colombia con destino a la “renovación” de su fuerza aérea. Colombia decidió reforzar su “soberanía” aérea y EE. UU. la apoya, dice el general Pettus (EL TIEMPO, 15 de julio de 2023). Es la industria de la guerra. Todo a nombre de la fracasada guerra “contra las drogas”.

Quizás aquí está el nudo del asunto y la explicación de las incoherencias: Colombia está atada a los acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos y el país es “socio” de la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte). Nuestro país no es miembro de la OTAN, pero tiene obligaciones incluso internacionales en virtud de estas alianzas militares. Era de esperar que con la llegada del Gobierno del “Pacto Histórico” tal situación sería modificada. La misma general Laura Richardson expresó que tuvo el temor de que esto ocurriera. Pero a pesar de algunas discrepancias, discursos retóricos y roces (como la negativa de Petro a entregar a los Estados Unidos unos deteriorados helicópteros de fabricación rusa, para ser reparados y enviados a Ucrania), se mantienen los mencionados acuerdos, que ubican a Colombia como “el mejor aliado estratégico” (subordinado) de los Estados Unidos en la región. ¿No es hora ya de revisar y renunciar a esos acuerdos? ¿De ejercer políticas soberanas y autónomas frente a cualquier potencia imperialista? ¿Podríamos converger en esto con otros países de la región?

Según los textos de la Escuela Superior de Guerra, la seguridad estratégica de los Estados tiene en los mares uno de sus ámbitos privilegiados y la estrategia marítima está íntimamente vinculada con la política militar y con la política económica, con la comunicación, con el control de las rutas y con el transporte de materiales de todo tipo. Por supuesto, esos textos no mencionan que en el caso de Colombia tal estrategia se caracteriza por la tradicional subordinación de nuestro país a los intereses y dictados de los Estado Unidos. Esta condición de subordinación es evidente en relación con la base en Gorgona. La construcción de esta base es financiada con dineros de los Estados Unidos, aunque operada por personal colombiano. Hace parte de un complejo amplio, en el “Corredor Marítimo del Pacífico Tropical Este” y en el Mar Caribe. El plan que está en curso tiene un alcance multinacional, donde la base en Gorgona es apenas uno de sus componentes. Tal red de radares y “estaciones navales” abarca una zona muy extensa en el citado “Corredor”, con un conjunto de islas: Gorgona y Malpelo de Colombia, Coiba de Panamá, del Coco de Costa Rica, Archipiélago de las Galápago de Ecuador. Véase croquis de la Armada de Colombia.

Esta ha sido siempre una zona de alta importancia geoestratégica y militar, junto con el mar Caribe, desde mucho antes de la aparición del narcotráfico, pues se encuentra en las proximidades del tránsito interoceánico; con el Canal de Panamá y potenciales nuevas rutas, incluso a través de Colombia según estudios. En Nicaragua es un tema recurrente. Movimientos sociales de este país, ambientalistas, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, se han revelado contra la “concesión canalera” a una empresa privada china, auspiciada por el gobierno actual de Daniel Ortega. Tal concesión es señalada como un negocio corrupto, que va en contra de derechos colectivos y de la soberanía de ese país (López Baltodano, 2023). 

El poder y el control marítimo en el ámbito mundial, desde un enfoque estratégico, tiene una gran relevancia, pues la mayoría de los Estados se conectan a través del mar. El control de la comunicación marítima, más la pesca industrial, la búsqueda o la explotación de gas y petróleo, han sido siempre parte de los propósitos (ESG, 2021); a lo cual se suman hoy los minerales “críticos” para la transición energética (nueva revolución industrial), por los cuales las potencias se disputan a las dentelladas (EL ESPECTADOR, 5 de julio de 2023).

4. Es necesario defender los DERECHOS TERRITORIALES de los Pueblos ancestrales. Estos derechos colectivos son vulnerados, al tiempo que son afectados principios esenciales de soberanía nacional, en este caso mediante un proyecto militar, financiado por los Estados Unidos y a su servicio, como en una relación neocolonial. 

El Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, reconoce que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público…”. Defendemos tales derechos con base en la Constitución Nacional y en principios consagrados en el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es ley 21 de 1991 de la República y que hace parte del bloque de constitucionalidad. Respaldamos las demandas de los pobladores del Litoral a la garantía de la “Consulta Previa”, un derecho a menudo conculcado a estos Pueblos afrodescendientes e indígenas. No aceptamos los argumentos que afirman que, por no habitar hoy gentes de tales Pueblos étnicos en la isla Gorgona, no aplican sus derechos de territorialidad ni de “Consulta previa”. Pues la isla y su entorno marino hacen parte del hábitat ancestral de los Pueblos del litoral Pacífico. Allí no puede llegar “el Estado colombiano”, además con un gobierno extranjero, a intervenir con un proyecto militar y a cambiar, de manera ilegal y arbitraria, el uso de un área protegida, como si fuera “tierra de nadie”. Estamos a favor del manejo del Parque Nacional Natural Gorgona con participación de las comunidades del litoral. 

5. Control ciudadano contra el cambio ilegal de uso y un crimen de ecocidio. En función de normas vigentes en Colombia, es ilegal un cambio de uso de lo que es hoy un área protegida, un Parque Nacional Natural. Pero, además, con las obras militares proyectadas en Gorgona -incluidos el radar que es el núcleo del proyecto, la construcción y funcionamiento de un muelle de 180 metros, depósitos de combustibles y otras instalaciones-, muchos conocedores de la ciencia biológica han dicho que se produciría un crimen de ecocidio, que afectaría de manera grave flora y fauna, todo el medio natural y por tanto a los seres humanos. Estos serían sólo algunos daños (Biólogas Laura Benítez y Gina Jiménez. Audiencia Pública, 13 de marzo de 2023):

• El arrecife de coral sufriría daños por el abastecimiento y derrame de combustible de las embarcaciones militares; los pilotes del muelle les pasarían por encima.
• Las madres ballenas jorobadas con sus crías estarían en riesgo por choques con embarcaciones militares que podrán navegar a gran velocidad en el primer kilómetro de la costa, donde se concentra este grupo. Las ballenas no volverían a la isla, por el muelle y el gran tráfico de embarcaciones de la Armada.
• Los delfines moteados, mamíferos marinos que viven en la isla, podrían sufrir daños acústicos letales, a causa de la construcción del muelle, con anclaje de más de 100 pilotes en el lecho marino.
• El radar podría afectar gravemente a las especies de murciélagos y desorientarlos…

En este ejercicio de control ciudadano, han intervenido la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, la Comisión Científica de Gorgona, los colectivos Salvemos Gorgona y Unidos por Gorgona, el Círculo de Pensamiento Ambiental; junto a dirigentes sociales de la región, buzos, pescadores artesanales, ambientalistas, científicos y otros ciudadanos.

Algunas acciones:

En diciembre de 2022, radicamos una Acción Popular, que sigue en curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra del proyecto de construcción de la Estación Guardacostas en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona.

El 13 de marzo de 2023, participamos en una Audiencia Pública en el Congreso de la República, citada por las Senadoras Andrea Padilla y Angelica Lozano, la Representante Jennifer Pedraza y el Representante Juan Carlos Losada. Líderes sociales del litoral Pacífico, pescadores artesanales, buzos, científicos, académicos, exparlamentarios, entre otros- exigieron al Gobierno Nacional desistir de la construcción de la base militar en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona. Los representantes de comunidades exigieron su derecho a la “Consulta Previa”.

Entre el 11 y 12 de abril se desarrolló en Guapi, Cauca, la “Mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular étnico estratégico GORGONA – SANQUIANGA”. Las comunidades exigieron la derogatoria de la Licencia Ambiental que avaló el proyecto; manifestaron su malestar por la inasistencia de la vicepresidenta de la República y la ministra de ambiente.

En abril, convocada por el Círculo de Pensamiento Ambiental, se realizó en Cali la Audiencia Pública Ambiental de la Sociedad Civil, con presencia de Pescadores, Comité Salvemos Gorgona, Colectivo Unidos por Gorgona y otros defensores de los derechos ambientales. Asistió el senador Alexander López Maya, de la bancada parlamentaria del Pacto Histórico. 

En mayo se realizó un evento académico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este, “el comandante de guardacostas, capitán de navío Javier Bermúdez, insistió en que las licencias tienen todos los estudios ambientales y gozan de legalidad. El pasado viernes 26 de mayo (…) la ANLA exigió al Ministerio de Defensa y a la Armada: un programa de manejo de almacenamiento del combustible para la fase de construcción, otro programa de manejo de fauna, un plan de movilidad y señalización estableciendo velocidad mínima que permita protección de la fauna marina, un cronograma y propuesta de monitoreo de anidación de tortugas marinas, y una estrategia de comunicación a los grupos de interés con el propósito de mantenerlos informados sobre el estado del proyecto”. Lo cual nos da la razón sobre las carencias de estudios ambientales completos para las licencias. (Andrés Bodensiek, 2023).

El 29 de mayo realizamos un plantón con más de 60 personas frente a las oficinas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y radicamos una solicitud de derogatoria de la licencia otorgada, por los innumerables vicios de tal licencia. En lo que va de 2023, voceros de la campaña han participado en entrevistas en Caracol Radio, La W Radio, RCN Radio, y en Eco Radio. La campaña continúa y propone crear comités en universidades, gremios, sindicatos, Juntas de Acción Comunal en ciudades y veredas. 

La resistencia ejemplar del Pueblo Raizal de Providencia, liderado por la Federación de pescadores artesanales, logró impedir la construcción de una base de la Armada en el sector costero de Old Town, lo cual constituye un precedente importante de que SÍ SE PUEDE. (Sentencia Tribunal San Andrés, 2023).

REFERENCIAS

• Andrés Bodensiek, La batalla por Gorgona, 1 de julio de 2023. https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/la-batalla-por-gorgona/ 
• Audiencia Pública “Salvemos Gorgona”, Congreso de la República, Bogotá 13 de marzo de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=Wuc7Vi-zRdc
• “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Punto 4 – “Solución al problema de las drogas ilícitas”. 2016
• Darío González Posso, varios textos en: https://indepaz.org.co/compilacion-de-documentos-sobre-gorgona/ 
• Ernesto Duran. “Cumplimos con requisitos ambientales para base en Gorgona”. Entrevista en la W Radio. 11 de noviembre de 2016.

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cumplimos-con-requisitos-ambientales-para-base-en-gorgona-vicealmirante-ernesto-duran/20161111/nota/3300865.aspx

• EL ESPECTADOR, Política de drogas: Gobierno estudia titulación masiva de tierras para cocaleros. Bogotá, 30 de junio de 2023.

• EL ESPECTADOR, Minería en el mar, Bogotá, 5 de julio de 2023
• EL TIEMPO. Entrevista con el general William Salamanca, nuevo director general de la Policía Nacional. Bogotá, 14 de mayo de 2023.
• EL TIEMPO. Armadas de 20 países se ponen a prueba con ejercicios militares en el Caribe colombiano. Bogotá, 13 de julio de 2023.
• EL TIEMPO. “EE. UU. deja de monitorear los cultivos ilícitos en Colombia”, Bogotá, 11 de julio de 2023.
• EL TIEMPO. Suspensión de monitoreo de cultivos sería temporal, Bogotá, 15 de julio de 2023.
• EL TIEMPO, “EE. UU. Apoya a Colombia en su decisión de repotenciar la capacidad de la fuerza aérea”, Bogotá, 15 de julio de 2023
• Escuela Superior de Guerra, ESG, (varios autores), Estrategia marítima, evolución y prospectiva. Ed. Planeta, Bogotá 2021.
• Francia Márquez (vicepresidenta). “Yo tampoco quiero un muelle en Gorgona”. https://caracol.com.co/2022/11/30/yo-tampoco-quiero-un-muelle-en-gorgona-vicepresidenta-francia-marquez/
• Infobae, “Colombia es un país líder en esta región y en el hemisferio occidental”: balance de la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. 23 de mayo 2023.
• Infobae, Abecé de la nueva política antidrogas: “Será de oxígeno para campesinos y de asfixia para narcos”, 15 de julio de 2023
• LEY 21 DE 1991 (marzo 4). Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032

• López Baltodano, Umanzor. Ruta mafiosa: ¿quiénes controlan la concesión canalera en Nicaragua? Editorial Popol Na, 2023. https://100noticias.com.ni/politica/122722-libro-ruta-mafiosa-nicaragua-proyecto-canalero/ 

Sentencia, del 20 de junio de 2023, del Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina. https://www.dejusticia.org/litigation/ordenan-detener-de-manera-definitiva-la-construccion-de-una-base-de-guardacostas-en-providencia/ Dictamina proteger derechos colectivos al medio ambiente sano, el área de influencia del buffer de manglar y el drenaje del Gully, por las graves afectaciones ambientales que provocaría la construcción del proyecto de la Estación de Guardacostas. Ordena a la Nación y al Ministerio de Defensa (Armada Nacional), abstenerse de cualquier tipo de construcción en la zona costera de Old Town en Providencia.