En Colombia las acciones de los grupos armados en el territorio han sido denominadas como “control social”, pero este es un concepto amplio que se refiere a los mecanismos, formales e informales, que las sociedades utilizan para regular el comportamiento de sus miembros. El control social puede ser ejercido por actores legítimos (Estado) o ilegítimos (grupos armados), pero no necesariamente implica represión absoluta.

En muchas regiones las comunidades, rurales y urbanas, se enfrentan a acciones supremamente violentas por parte de grupos armados que van más allá del concepto suave, romántico y hasta permisivo del “control social”.

En Colombia, aunque desde la firma del acuerdo de paz se ha avanzado significativamente en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, existen serias preocupaciones sobre la influencia de grupos armados ilegales y la corrupción en algunas regiones del país.

Algunos analistas y organizaciones de derechos humanos hemos señalado que, en ciertas zonas rurales o marginadas, pueden existir situaciones de órdenes violentos que se asemejan a “dictaduras locales”, donde grupos armados ilegales, como las denominadas disidencias de FARC, el ELN o grupos paramilitares, ejercen control sobre la población y las instituciones locales.

Una dictadura local se refiere a un régimen autoritario que impone su voluntad de manera unilateral en un territorio específico, restringiendo libertades, derechos y pluralismo. A diferencia del control social, una dictadura local está caracterizada por el uso sistemático de la coerción, la violencia y el miedo para mantener el poder.

¿Por qué podemos afirmar que en Colombia los grupos armados ejercen dictaduras locales en algunas zonas?

En diversas regiones de Colombia, los grupos armados ilegales han establecido formas de control territorial y social que se asemejan a dictaduras locales. Esto se debe a las siguientes razones:

1. Monopolio de la autoridad:
   • Los grupos armados, como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, actúan como únicos centros de poder en áreas donde el Estado tiene poca o nula presencia.
   • Controlan aspectos como la justicia, la seguridad y la economía local, imponiendo normas propias y castigando severamente cualquier acto de desobediencia.
2. Uso sistemático de la violencia:
   • Estos actores utilizan la violencia para mantener su dominio mediante amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y masacres.
   • La población queda sometida por el miedo, sin opciones reales para oponerse o cuestionar estas imposiciones.
3. Imposición de reglas y normas:
   • Dictan “códigos de conducta” que regulan la vida cotidiana: horarios, actividades permitidas, relaciones sociales, e incluso normas sobre vestimenta y comportamientos.
   • Prohíben actividades que consideran contrarias a sus intereses, como colaborar con el Estado o con grupos rivales.
4. Control de la economía:
   • Los grupos armados manejan economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal) y extorsionan a los comerciantes y campesinos, imponiendo “impuestos” que se convierten en una forma de control económico.
   • En algunos casos como en el Pacífico colombiano, también monopolizan el acceso a recursos básicos, como alimentos o combustibles.
5. Restricción de derechos y libertades:
   • La población no tiene libertad de expresión ni posibilidad de organizarse autónomamente. Incluso pretenden imponer autoridades locales en las formas de gobierno propio de las comunidades.
   • Los grupos armados persiguen y eliminan cualquier forma de oposición, como líderes comunitarios, activistas sociales o defensores de derechos humanos.
6. Propaganda y legitimación forzada:
   • Algunos grupos intentan justificar su control presentándose como “protectores” o “administradores” del territorio, utilizando propaganda para ganar legitimidad en sus comunidades. Sin embargo, esta narrativa se construye en un contexto de coerción y ausencia de alternativas.

Solo por tener algunos ejemplos en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander) el ELN y las disidencias de las FARC controlan la producción de coca, las rutas del narcotráfico y las actividades de las comunidades campesinas. Han establecido normas estrictas sobre qué cultivos se pueden sembrar, quién puede movilizarse y bajo qué condiciones. Han creado las “Fincas de resocialización” donde jóvenes señalados de cometer ciertos delitos son llevados obligadamente a permanecer en estos sitios. Llevan incluso a las niñas donde se exponen a ser abusadas.

En el departamento del Cauca y la región del Pacífico colombiano los frentes pertenecientes a la estructura conocida como el Bloque Occidental Jacobo Arenas ejercen un control autoritario que afecta profundamente a las comunidades locales. Este control se ha consolidado debido a la ausencia del Estado de manera integral, la geografía compleja y la importancia estratégica de estas zonas para actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación se evidencia en varias veredas y corregimientos de los municipios de Argelia, El Tambo y Balboa, donde el Frente Carlos Patiño ejerce control absoluto, restringiendo las libertades de las comunidades campesinas, afro e indígenas. Imponen toques de queda, regulan horarios de movilidad y supervisan las actividades económicas, desde la siembra hasta la comercialización de productos.

Las comunidades que no obedecen sus órdenes son amenazadas, desplazadas o castigadas mediante asesinatos selectivos. Los habitantes deben informar de cualquier presencia de fuerzas estatales o de otros grupos armados en sus territorios. Se ha prohibido colaborar con organizaciones de derechos humanos o expresar opiniones contrarias al grupo.

Las disidencias imponen un “impuesto” sobre los cultivos de coca y participan directamente en la producción y tráfico de drogas. Exigen extorsiones a comerciantes y transportistas locales, afectando gravemente la economía regional. Las disidencias controlan rutas de narcotráfico hacia el océano Pacífico, imponen un sistema de “gobernanza armada” en el que las comunidades deben seguir sus reglas bajo amenaza de represalias. Reclutan a niños, niñas y adolescentes en estas zonas, especialmente en comunidades afrodescendientes e indígenas, bajo el pretexto de defender sus territorios o por falta de oportunidades económicas.

En Nariño, a comunidades indígenas Awá y Eperãra Siapidaarã, las disidencias imponen sus propias normas de justicia, afectando la autonomía de los cabildos indígenas. Estas comunidades, al oponerse a las actividades ilegales o intentar denunciar abusos, enfrentan asesinatos selectivos y desplazamientos.

Así las cosas y a pesar de que el gobierno colombiano ha implementado diversas estrategias para combatir estos fenómenos y fortalecer la presencia del Estado en las regiones más afectadas, los grupos armados ilegales como las disidencias, el ELN y los grupos paramilitares, han sido responsables de diversas acciones en ciertas regiones del país que se deben considerar como “dictaduras locales”. Los grupos armados no solo buscan el control militar de los territorios, sino también el control social y político. Estas estructuras autoritarias profundizan la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades para las comunidades, perpetuando un ciclo de pobreza y vulnerabilidad que dificulta los esfuerzos por alcanzar la paz y el desarrollo.

Leonardo González P

Director de Indepaz

Nov/2024