El país enfrenta un momento crítico en su historia. La transición de un conflicto armado tradicional a nuevas formas de violencias fragmentadas y asociadas a la criminalidad plantea desafíos sin precedentes. Sin embargo, también ofrece oportunidades para redefinir las políticas de paz, convivencia y sostenibilidad ambiental.

El conflicto armado ha evolucionado durante las últimas décadas, transformándose en un mosaico de conflictividades regionales que afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Desde Indepaz hemos venido utilizando el término de conflictividades focalizadas para insistir en la idea que no es un conflicto armado generalizado, como en décadas pasadas, sino conflictos diversos entre actores armados con diferentes intereses en juego, basado en disputas territoriales para el dominio local[1].

La presencia de grupos armados organizados ha generado una serie de riesgos que afectan tanto a comunidades étnicas como campesinas en territorios dominados por economías ilícitas, donde la riqueza de los recursos minerales y naturales, además de las posiciones geoestratégicas, es lo que permite, en gran medida, el sostenimiento del control territorial y la permanencia de estas economías ilícitas. Estas comunidades, atrapadas en un sistema económico de dependencia y violencia, experimentan una situación similar a la esclavitud asalariada.

La persistencia de estas economías como el narcotráfico y la minería ilegal ha consolidado estructuras violentas que someten a las poblaciones locales bajo formas modernas de esclavitud, destruyen el tejido social y perpetúan el despojo ambiental y económico. Por ejemplo, en zonas cocaleras, los agricultores dependen de abastecedores de insumos que controlan el ciclo productivo, generando una “hipoteca perpetua” sobre sus ingresos. Este modelo de explotación también se observa en la minería ilegal, donde pequeños mineros quedan subordinados a estructuras económicas que vinculan la actividad extractiva con redes de lavado de activos y corrupción estatal. Estas cadenas de dependencia no solo despojan a las comunidades de su autonomía, sino que también las exponen a violencia constante y destrucción del tejido social.

Además, las dinámicas de reclutamiento forzado, el fraccionamiento familiar y la imposición de subculturas violentas entre los jóvenes profundizan los traumas personales y colectivos. Regiones como Suárez, Alto Mira y Frontera, en el Cauca y Putumayo, han visto cómo generaciones enteras crecen bajo la sub ética del dinero fácil y la violencia, desdibujando las perspectivas de desarrollo humano sostenible.

Transformación del conflicto armado: nuevas formas de violencia

Aunque algunos analistas sugieren que Colombia está entrando en una tercera ola del conflicto armado o “tercer ciclo de violencia”[2], caracterizada por una nueva configuración insurgente, otros creemos que lo que se vive es una degradación de las violencias con la presencia de “pequeñas unidades dispersas en frentes locales[3]”,  las cuales se coordinan en ciertos aspectos, pero que cada vez reclaman más autonomía. Hoy el conflicto ha pasado de una lucha insurreccional ideológica a una multiplicidad de enfrentamientos fragmentados, regionalizados y altamente influenciados por economías ilegales.

Los grupos armados como las “disidencias” de las FARC operan en una hibridación entre motivaciones económicas e intereses locales, ya que estos grupos mantienen un discurso político que justifica su existencia y acciones, como la lucha contra el paramilitarismo o la defensa de comunidades rurales. Sin embargo, en la práctica, gran parte de sus operaciones están orientadas a actividades económicas ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Aunque en algunas zonas conservan su narrativa de resistencia política en comunicados y videos, una proporción significativa de sus recursos proviene de acciones violentas contra la comunidad y el medio ambiente como las dictaduras locales, la extorsión, la deforestación y la minería criminal; alejándose de una agenda ideológica clara.

El ELN ha encontrado en Venezuela un refugio estratégico que le proporciona recursos financieros y logísticos, facilidades para el tráfico de drogas y el comercio de armas; además la crisis en Venezuela permite reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Desde Venezuela, el ELN puede operar con menor presión militar que en Colombia, lo que refuerza su capacidad de acción transfronteriza.

La Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), han tenido intentos de reconfigurar las antiguas FARC como un movimiento insurgente cohesionado, pero han enfrentado grandes dificultades, tales como contradicciones internas y disputas entre los líderes sobre el control de territorios, recursos y estrategias de paz, lo que debilita su capacidad organizativa. Estos grupos operan de manera atomizada, con intereses y objetivos locales que dificultan una estructura centralizada.

Las bases sociales tradicionales de las FARC, como campesinos e indígenas, ya no están dispuestas a respaldar una guerra prolongada. Estas comunidades han sufrido enormemente durante el conflicto y ahora demandan paz y desarrollo.

Es así como el ELN y las disidencias de las FARC representan un nuevo tipo de actor armado en Colombia, en el que las motivaciones políticas y económicas se entremezclan. Sin embargo, su fragmentación interna, la pérdida de apoyo social y su dependencia de actividades ilícitas indican que están lejos de ser movimientos insurgentes tradicionales como los de décadas pasadas. Estos factores también reflejan la transición hacia nuevas formas de violencia y criminalidad en el país.

El Clan del Golfo, autodenominados Ejército Gaitanista de Colombia) se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El Clan del Golfo opera principalmente como una estructura de macrocriminalidad[4] enfocada en actividades económicas ilícitas, pero con una gran capacidad de control territorial y violenta influencia social. El Clan del Golfo carece de una narrativa política y sus objetivos están casi exclusivamente vinculados al control de economías ilegales tales como el Narcotráfico, siendo su principal fuente de financiación ya que controlan rutas estratégicas hacia el Caribe y Centroamérica para el transporte de cocaína; la extorsión donde han establecido redes de cobro en áreas urbanas y rurales, afectando a comerciantes, agricultores y transportistas teniendo en cuenta que gran parte de su economía está en la migración; así mismo participan en la explotación de oro, controlando tanto la extracción como las cadenas de valor asociadas al lavado de activos, entre otras actividades como la deforestación.

Estos grupos combinan su enfoque económico con una estrategia de control territorial o dictadura local[5], para mantener su hegemonía. Que se refleja en la imposición de normas locales, ya que, en muchas zonas rurales, actúan como una autoridad de facto, imponiendo toques de queda, reglas de comportamiento y sistemas de “justicia”. Con acciones de terror y violencia, realizando masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados como herramientas para consolidar su poder y desincentivar la colaboración con las fuerzas del Estado.

El papel del discurso ambiental

En este complejo panorama, es crucial implementar estrategias que promuevan la inclusión, respeten el ambiente y garanticen los derechos humanos. Una de las líneas más prometedoras es el fortalecimiento del discurso ambiental como herramienta de deslegitimación de las economías ilícitas.

La depredación ambiental causada por el narcotráfico y la minería ilegal es insostenible. El monocultivo de coca, el uso de agroquímicos, la contaminación por mercurio y la destrucción de ríos y suelos han devastado ecosistemas y comunidades enteras. En este contexto, el discurso ambiental ofrece una poderosa narrativa para movilizar a las comunidades y debilitar la pretensión de justificación de los actores armados que dependen de estas actividades destructivas.

Pactos en torno a la protección de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y la promoción de economías sostenibles deben ocupar un lugar central en las mesas de diálogo y en las políticas públicas. Este enfoque no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también refuerza las condiciones para la convivencia pacífica y el desarrollo.

Es fundamental que el Estado fortalezca su presencia en las regiones más afectadas, no solo a través de la fuerza pública, sino también mediante la provisión de servicios básicos, infraestructura y proyectos productivos. Las comunidades necesitan herramientas para superar su dependencia de las economías ilegales y construir alternativas sostenibles.

Asimismo, el empoderamiento de los liderazgos comunitarios es clave para prevenir violaciones de derechos humanos. Los líderes sociales, las organizaciones locales y los cabildos étnicos deben ser protegidos y apoyados como actores fundamentales en la construcción de paz.

Finalmente, es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra las estructuras criminales que sostienen las economías ilegales. Esto incluye mejorar los sistemas de inteligencia, desmantelar redes de corrupción y fortalecer la cooperación internacional para abordar el lavado de activos y el tráfico transnacional de drogas y minerales. El futuro de las comunidades más vulnerables depende de la capacidad del país para articular estrategias integrales que combinen desarrollo social, protección ambiental y justicia. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las comunidades y la sociedad civil podrá Colombia superar las dinámicas de violencia

Por. Leonardo González Perafán

Director de Indepaz

[1] Conflictos Armados Focalizados. Indepaz 2018 https://indepaz.org.co/conflictos-armados-focalizados/

[2] Gutiérrez Sanin, Francisco ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Ed. Debate https://www.fronterad.com/el-inicio-de-un-tercer-ciclo-de-violencia-en-colombia/

[3] González Posso, Camilo. Intervención en el Espacio Regional de Paz del Cauca. ¿Se avanza a un acuerdo de paz con el Estado Mayor de los Bloques Suarez Briceño y Gentil Duarte? ¿Qué tendencia del proceso predomina: fortalecerse y esperar o dar pasos a la paz desde el territorio? https://indepaz.org.co/de-la-voluntad-armada-a-la-voluntad-de-paz/

[4] Ver concepto de macrocriminalidad en: “Macrocriminalidad con licencia Ambiental Legal Urabá – Darién 1980 – 2014”. Salinas Abdalá, Yamile. Indepaz https://indepaz.org.co/macrocriminalidad-con-licencia-legal-uraba-darien-1980-2014/

[5] ¿Control social o dictadura local? González Perafán Leonardo. Indepaz: https://indepaz.org.co/control-social-o-dictadura-local/