DECLARACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES DE 1991
4 de julio de 2016
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 desde su convocatoria concibió la Constitución Política como un Pacto de Paz. Hoy celebramos que se consolide como el marco para la Paz de Colombia.
No en vano integrantes del M-19, recién desmovilizados, pudieron ser elegidos a la Asamblea, y su convocatoria fue determinante para que se desmovilizaran grupos armados como el EPL, el Quintín Lame y el PRT, que pudieron formar parte de ella.
Pero además la Asamblea hizo ingentes esfuerzos para que las FARC y el ELN se sentaran a las mesas de negociación con el gobierno de entonces, para lo cual nombró una comisión de su seno, que desafortunadamente no logró el objetivo buscado.
Al tenor de estos hechos, algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y de la Comisión Especial Legislativa, así como organizaciones de la sociedad civil que desde entonces han acompañado el desarrollo de la misma, acordamos la siguiente
DECLARACIÓN PÚBLICA:
- La Asamblea Nacional Constituyente demostró que en Colombia sí es posible la concertación entre empresarios, exguerrilleros, campesinos, trabajadores, profesionales, académicos, indígenas, personas de distintos credos y políticos de distintas vertientes, y el compromiso con principios y valores comunes, o sea, lograr acuerdos sobre lo fundamental para la convivencia pacífica.
Hoy estamos en un día de celebración por el Acuerdo de “Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas” recientemente firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Sentimos que es un hito en la historia de Colombia, pues pone fin a una guerra que ha cobrado millones de victimas. Ya es hora de que desarrollemos a plenitud el Estado social de derecho y hagamos realidad los fines propuestos por la Constitución de 1991, cuyo pilar fundamental es el respeto por la dignidad humana sobre el cual se construye la paz.
- La Constitución Política de 1991 estableció el Estado social de derecho, y en consecuencia se consagraron, además de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos de todos los ciudadanos, incorporando mecanismos reales para su aplicación y restablecimiento; el país avanzó en el proceso de descentralización administrativa, política y fiscal que buscaba fortalecer la democracia local y la autonomía territorial. Se buscó un modelo de desarrollo económico y social equitativo e incluyente; se consolidó una apertura del mapa electoral a distintas fuerzas sociales y políticas, y se otorgó mayoría de edad a los antiguos territorios nacionales.
Se crearon instituciones como la Corte Constitucional que ha liderado, a través de la acción de tutela, no solamente la protección de derechos individuales, sino también los de poblaciones especialmente vulnerables como los desplazados, los pensionados, las mujeres, la población carcelaria, los usuarios del sistema de salud, los indígenas, los afrocolombianos. A su vez la Defensoría del Pueblo ha fortalecido la defensa de los derechos humanos, en particular de quienes se encuentran en situación de debilidad o son discriminados. En defensa de la gente se creó también la Superintendencia de Servicios Públicos, y en materia económica, se confirió autonomía a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria y cambiaria. Se creó la Fiscalía General, que cambió radicalmente la investigación penal.
Nuestra Carta, de carácter pluriétnico y pluricultural, permitió también el reconocimiento de los derechos inalienables de poblaciones y sectores tradicionalmente marginados de la vida política como los indígenas, afrocolombianos, raizales, mujeres, jóvenes y movimientos religiosos.
El fortalecimiento de la Justicia; la autonomía de la Rama Judicial; el empoderamiento del Congreso de la República al limitar los estados de excepción así como las facultades extraordinarias al Presidente; la democratización de la gestión pública gracias al control social, la prioridad en el gasto público social, la introducción de una democracia participativa a la par con la democracia representativa, constituyen otros de los grandes avances que la Carta Política trajo para el país.
En todos estos aspectos se podría avanzar mucho más, con un desarrollo legal más ambicioso y consecuente con las normas y el espíritu de la Carta del 91.
- No ha sido fácil el desarrollo de estos principios por la situación de violencia, el narcotráfico, la corrupción, la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como la penetración de grupos armados ilegales en la institucionalidad del país y su incidencia en las decisiones públicas.
En estos veinticinco años se han expedido 41 reformas constitucionales, entre ellas varias regresivas e inconvenientes. Algunas se han dirigido a resolver crisis coyunturales, a rescatar ventajas perdidas, a favorecer intereses particulares o a enfrentar dificultades financieras. En la escalada centralista, posterior a la Carta, se han desconocido la autonomía y descentralización de las entidades territoriales y no se han expedido normas indispensables para su desarrollo armónico, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
- Con todo, la más grave amenaza contra la Constitución provino del proyecto de reforma que permitía la segunda reelección presidencial, en horabuena declarada inexequible por la Corte Constitucional. Por fortuna, la última reforma constitucional aprobada por el Congreso regresó al diseño de pesos y contrapesos basado en el período presidencial de cuatro años.
De igual manera, gracias al ejercicio ciudadano de la acción de constitucionalidad se logró que la Corte Constitucional declarara inexequible el acto legislativo No. 1 de 2011 que permitía a los congresistas hacer reformas a la Constitución estando impedidos y que debilitaba la pérdida de la investidura, institución que buscó la depuración de la política.
Se llegó al punto de aprobar una reforma a la justicia que favorecía la impunidad y ausencia de responsabilidad de dirigentes políticos vinculados con la delincuencia y que gracias a la acción de las organizaciones ciudadanas fue archivada por el Congreso.
- La democracia concebida en la Constitución, incluyente, respetuosa de la diferencia, no ha encontrado a lo largo de estos años compromiso por parte del Congreso y los gobiernos, para desarrollarla en aspectos críticos como el estatuto de la oposición, el estatuto del trabajo, la financiación privada lícita e ilícita de las campañas y de los partidos y la modernización y depuración del sistema electoral. Tampoco se ha logrado tener una organización electoral confiable, pues el Consejo Nacional Electoral fue reformado por el Congreso en el sentido de reflejar su propia composición, en detrimento de la imparcialidad en sus juicios, del correcto ejercicio de sus controles, y del profesionalismo y rectitud que debe caracterizarlo, así como a la Registraduría.
Por el contrario, las prácticas políticas han cerrado espacios democráticos y abierto escapes hacia la corrupción política y la concentración del poder en detrimento del espíritu de la Constitución. Sin abrir las válvulas de la participación de la mujer y de la participación popular y con el sistema electoral excluyente y corrupto al que se ha llegado, no habrá confianza ciudadana en el sistema político.
- Debemos hacer efectivo el “derecho y el deber a la paz” que se consagró en el artículo 22 de la Constitución, que sustenta nuestra Carta de Derechos puesto que la PAZ permite que el Estado y la sociedad puedan garantizar y trabajar por el ejercicio ciudadano de todos los demás derechos.
Por eso, si se convoca un Plebiscito con la aprobación de la Corte Constitucional, todas las personas en Colombia debemos participar en este certamen democrático y expresar libremente nuestras opiniones, para que, de aprobarse, nos comprometamos no sólo a respaldar los acuerdos, sino a ser garantes de los mismos. Vamos a demostrar que en Colombia cumplimos nuestros acuerdos.
- Invitamos al espíritu de consenso y concertación que reinó en la Asamblea Nacional Constituyente para devolver a los territorios la autonomía, combatir a fondo la pobreza y la inequidad, fortalecer la administración de justicia, tanto la existente como la necesaria para el posconflicto en la construcción de la convivencia.
Finalmente, hacemos un llamado para ratificar el consenso fundante del Estado social de derecho y preservar la estabilidad de la Carta Política como norma de normas, y promover su efectividad y aplicación, a fin de profundizar una democracia sólida, pluralista, incluyente y sentar las bases para la construcción de un nuevo país.
CONSTITUYENTES
JAIME ARIAS LÓPEZ
JUÁN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
AIDA AVELLA ESQUIVEL
EDUARDO ESPINOZA FACIOLINCE
JAIME FARJARDO LANDAETA
ANTONIO GALÁN SARMIENTO
MARÍA TERESA GARCÉS LLOREDA
CARLOS FERNANDO GIRALDO A.
HERNANDO LONDOÑO JIMENEZ
IVAN MARULANDA GÓMEZ
JOSÉ MATÍAS ORTIZ
DARÍO MEJÍA AGUDELO
ANTONIO NAVARRO WOLFF
JESÚS PERÉS GONZÁLEZ RUBIO
ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES
HERNANDO HERRERA VERGARA
ARMANDO HOLGUIN SARRIA
ALVARO LEIVA DURÁN
ANTONIO NAVARRO WOLFF
ROSEMBERG PABÓN PABÓN
OTTY PATIÑO HORMAZA
HECTOR PINEDA SALAZAR
HORACIO SERPA URIBE
GERMAN TORO ZULUAGA
EDUARDO VERANO DE LA ROSA
GUSTAVO ZAFRA ROLDÁN
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL LEGISLATIVA
ARMANDO NOVOA GARCIA
JOSÉ ALVARO VILLARRAGA
FERNANDO CORAL VILLOTA
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CORPORACIÓN PLURAL
CORPOPÚBLICA
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA
CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS
FUCUDE
MOE
OBSERVATORIO PARA LA PAZ
IEPRI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MESA DE LOS PROCESOS DE PAZ DE LOS 90
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
INDEPAZ – Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz