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Apartes:
Lo cierto es que en territorios con cultivos de coca, amapola y marihuana lo que predomina es la inseguridad jurídica en los derechos sobre la tierra. Como se manifestó previamente, numerosas familias campesinas inscritas en el PNIS no gozan de propiedad sobre la tierra y han mantenido sus cultivos de coca en tierras arrendadas, una parte, otros simplemente se han asentado en territorios étnicos o zonas de parques naturales. Según cifras del catastro nacional y la encuesta de calidad de vida del DANE, citado por un informe de la Fundación Ideas para la Paz[1], más del 40% de los predios rurales en Colombia no tienen títulos registrados; a esto se le puede añadir que la tenencia informal de la tierra es cercana al 60%, según datos del DNP y la UPRA. También vale destacar que, según cálculos de Indepaz, el 75% de los cultivos de coca, amapola y marihuana se establecen en tierra ajena. Por el lado de cultivos en parques o zonas de reserva forestal, la UNODC en su monitoreo de cultivos de coca del presente año, reportó un total de 7.214 hectáreas en Parques Nacionales Naturales. Mientras a nivel nacional este mismo censo reportó una caída de los cultivos de un 7%, a nivel de parques esta aumentó 9%. El programa de sustitución ha cobijado 3.819 familias que ocupan, usan o habitan en once áreas del sistema de parques, de las cuales han erradicado 1.887 hectáreas de coca de las 1.913 reportadas por estas familias, lo que deja un nivel de cumplimiento de más del 98%
Todo esto pone en evidencia que el mayor problema en la implementación del Punto 4, ha sido la omisión y displicencia del gobierno para la entrega de tierras a los pequeños cultivadores campesinos; lo cual ha repercutido en el atraso e incumplimiento de la puesta en marcha de los proyectos productivos y el desarrollo rural integral, como se evidencia más adelante.
