Informe de Indepaz, enero de 2022

Resumen de víctimas en hechos de violencia ocurridos en la primera semana de enero, 2022:

• Personas asesinadas: 27 (De los cuales, dos son mujeres, dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos) Según informe de la Fiscalía General de la Nación.
• Desplazamiento: 57 familias desplazadas según la defensoría del Pueblo.
• Población con riesgo de desplazamiento inminente: 2.000 según la personería del municipio de Tame.
• Personas desaparecidas: 50 personas desaparecidas hasta el 3 de enero según el personero de Tame, Arauca.
• Municipios afectados por los últimos hechos ocurridos: Arauca, Arauquita, Tame, Fortul, Saravena.

Propuestas desde la sociedad civil

Ante la grave situación que se presenta en Arauca y la frontera con Venezuela, las comunidades y diversas organizaciones en el nororiente de Colombia han salido a marchar pidiendo el cese de hostilidades entre los actores armados y también han formulado propuestas para la transformación del conflicto en la zona. Entre ellas:

• Urgente atención humanitaria a las familias que han sido victimizadas con asesinatos, desapariciones y reclutamientos forzados.

• Atención a desplazados y confinados en veredas de los municipios afectados (Arauca, Arauquita, Tame, Fortul, Saravena).

• Corredores humanitarios en zonas bloqueadas por presencia de grupos armados.

• Presencia de organismos nacionales e internacionales de veeduría y atención humanitaria oportuna y en prevalencia de derechos de la población afectada.

• Apoyo a las comunidades que están movilizándose rechazando la violencia, exigiendo paz y soluciones desde el Estado y el gobierno nacional.

• Exigencia a los grupos armados que actúan en la región de respeto incondicional a la población civil y de acatamiento inmediato y unilateral de las normas del derecho internacional humanitario que, entre otros, prohíben agredir y disparar contra civiles y personas inermes o en situación de indefensión, toma de rehenes, secuestro, reclutamiento forzado, reclutamiento de menores de 18 años, desplazamiento de poblaciones, ataque a la misión médica y a bienes privados y públicos, uso de armas de destrucción indiscriminada, torturas y malos tratos a detenidos, atentado a fuentes de agua, energía y de alimentación.

• Exigencia a los grupos armados de alto al fuego y suspensión de las declaratorias de guerra para evitar muerte y daño.

• Exigencia al Estado de inversiones efectivas para apoyar los planes de vida de las comunidades y los programas sociales de respuesta a la crisis social y sanitaria en medio de la pandemia. Garantías democráticas y de movilidad para la población.

• Exigencia al gobierno colombiano y al de Estados Unidos de acogerse a las propuestas de solución diplomática y pacífica a las diferencias con el gobierno de Venezuela, acogiendo la determinación de Naciones Unidas sobre el gobierno de Maduro.

• Desmilitarización de la frontera y suspensión de cualquier operación de guerra encubierta, de apoyo a grupos armados o comandos mercenarios; prohibición de incursiones en caliente y de acciones contrarias al estricto respeto a la soberanía nacional de cada uno de los países.

• Exigencia al gobierno de Colombia y al ELN de dar pasos reales para que se retomen los diálogos de paz, se definan las condiciones de un cese al fuego y de hostilidades y una ruta de solución negociada del conflicto armado.

(sigue texto completo en pdf)