El gobierno y las FARC han hablado de iniciar  el cese definitivo de fuegos y de hostilidades el 16 de diciembre o el 1 de enero de 2016. Semejante apuesta aparece viable por los avances del conjunto de la negociación y de las subcomisiones.

Las dificultades que restan en ese camino al cese bilateral han sido resaltadas por el Presidente, cuando pone como condición haber pactado todo lo relacionado al fin del conflicto y hacer coincidir ese cese con la concentración de todos los efectivos de las FARC en sitios previamente acordados y protegidos por la Fuerza Pública. La última ocurrencia ha sido vincular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a esta verificación.

La ubicación de los combatientes en sitios o zonas claramente identificadas ha sido reconocida como parte del esquema de verificación; pero el número, tiempo, lugar y otras  características están por definirse. Las experiencias internacionales y nacionales indican que existen varias alternativas para el mismo propósito.

La determinación del cese al fuego ha venido operando con el cese unilateral declarado por las FARC y con el desescalamiento;  por el lado del gobierno ha significado la suspensión de los bombardeos y la disminución de la frecuencia de combates. En los últimos meses se ha registrado el menor número de acciones ofensivas en décadas de  historia del conflicto y esto ha sido verificado por una comisión  civil de observación y por la Defensoría del Pueblo. En este terreno de las acciones militares el escenario tendería a cero incidentes si el Presidente y el alto mando de las fuerzas armadas dan la orden de suspender acciones ofensivas y se crea un sistema de comunicación directa entre los comandantes de  frente de las FARC y los  mandos del Ejército y la Policía en los territorios. Ese monitoreo se vuelve más efectivo si es apoyado en cada frente insurgente por miembros de las Brigadas Internacionales de Paz, civiles de la MAPP- OEA o similares.

Lo realmente nuevo a  partir del 16 de diciembre sería el cese de hostilidades que significa  la suspensión de todo tipo de actividades que signifiquen daño o riesgo de daño a la integridad o los bienes de civiles, el fin de amenazas, restricción a la libertad de las personas, de la  población o comunidades justificada por necesidades de la guerra. En esas condiciones será inadmisible el cobro forzado de cuotas, tributos o vacunas y el reclutamiento para la guerra. No se conoce  aún una lista de acciones hostiles proscritas acordada en  la mesa de La Habana pero el vocero del gobierno, Humberto de la Calle, ha dicho que el cese de hostilidades obligará a  la guerrilla a no incurrir en amenazas, extorsiones ni actividades de narcotráfico. La guerrilla por su parte ha hablado de  no criminalización de la protesta social, suspensión de la judicialización a líderes sociales y a campesinos en zonas de cultivos de uso ilícito.

Es probable que a esta altura la subcomisión técnica que prepara el acuerdo de cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades tenga un consenso sobre las acciones proscritas. El asunto es cómo verificar su cumplimiento, atender a las quejas y descartar falsas acusaciones.

El expresidente Uribe y muchos otros han dicho que la única forma de garantizar ese cese definitivo y su verificación es con la concentración de todos los efectivos de las FARC en unos pocos sitios. Allí estarían custodiados y protegidos por las Fuerzas Armadas acompañadas de delegados de las Naciones Unidades y observadores internacionales y eso evitaría falsas acusaciones o riesgos de choque en terrenos en los cuales tiene que operar las fuerzas armadas para cumplir su misión constitucional.

La dificultad de ese tipo de concentración total está en que significa de hecho el confinamiento y abandono por parte de la guerrilla de territorios y bases sociales que rápidamente serían copadas por otras fuerzas, incluidos los narcoparamilitares, narcotraficantes y mafias. Se ganaría en verificación pero se debilitaría al extremo la posibilidad de transformación de los activos sociales de la guerrilla en fuerza política para la etapa post acuerdo. Esto es especialmente cierto en regiones en las cuales las FARC han tenido una larga historia acompañando procesos de colonización y de desplazamiento de poblaciones hacia la selva y las fronteras; también en las zonas de la huella cocalera donde tiene relaciones de protección – subordinación con cultivadores. La idea de solucionar estos dilemas con un copamiento del Ejercito y la contraguerrilla  de los territorios despejados por las FARC al ir a los puntos de concentración no tiene aún los requisitos de confianza entre la población o para los planes de las FARC – EP de preservar allí reservas hacia su nuevo movimiento o partido.

La opción frente a este tema de la verificación del cese al fuego y a las hostilidades está en fortalecer los mecanismos que ya se han venido montando para el cese unilateral y desescalamiento agregado un papel más destacado de la Defensoría del Pueblo y de la comunidad internacional..

El Papel de Naciones Unidades puede ser clave como ha propuesto el Presidente Santos, pero no sólo para la verificación del cese bilateral definitivo sino para la verificación del cumplimiento de todos los acuerdos en cada una de las fases.

La experiencia de anteriores procesos en Colombia y otros países (en Filipinas por ejemplo) indica que la concentración en zonas custodiadas no es un fin y a veces es contraproducente para el conjunto del proceso. Lo fundamental en cuanto al cese al fuego y hostilidades es la adopción desde ahora tareas de implementación, o de preparación de esa implementación de los acuerdos para que se multipliquen las acciones conjuntas entre agentes civiles y militares del Estado y grupos de combatientes con sus mandos. Eso debe acompañarse del protagonismo de las organizaciones sociales en los territorios de movilidad de la guerrilla, de la expansión de guardias campesinas conectadas con la Defensoría del Pueblo y otras formas civiles de protección de las comunidades. Muchos de estos elementos sirven de neutralización a la expansión del narcoparamilitarismo y de apoyo a planes económicos y sociales que ya se están pactando con la Cumbre Agraria. Y se pueden combinar con puntos de concentración parcial y de ubicación visible de los mandos de los frentes de las FARC y de las Fuerzas Armadas.

No debe olvidarse que el cese bilateral y definitivo tendrá una fase de meses hasta la firma del Acuerdo Final en marzo de 2016 (o 27 de junio por decir algo), otra fase hasta la ratificación de los Acuerdos y la dejación de las armas y otra la fase posterior de construcción de paz.

Todas estas especulaciones y otras más atinadas deben estar en la mesa de la subcomisión técnica que esta preparando acuerdos sobre el fin de conflicto. Pero el gobierno ha querido que sus propuestas formen parte del debate público, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y muchos han aprovechado para retomar la ingenua  idea de Uribe de reducir este tema a la concentración total  de las FARC con jaque y mate en una jugada.

camilo@indepaz.org.co – 31 de octubre de 2015