El presente es un ejercicio de compilación de fuentes sobre el asesinato a líderes defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales en el año 2016. El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz señala en este año se presentaron 117 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así mismo, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular registra que hubo más de 350 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y 5 casos de desaparición forzada en contra de dirigentes locales y regionales.
Cabe destacar que en el sur occidente colombiano (Valle, Cauca y Nariño) fueron asesinados 57 líderes sociales (66,6% del total); de los cuales 43 fueron en el Cauca, 9 en Nariño y 5 en el Valle.
La presencia de grupos paramilitares se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente.
Es urgente que se apliquen las medidas efectivas para la protección del derecho a la vida.
Se adjuntan 3 cuadros realizados por la Unidad Investigativa de Indepaz sobre homicidios en 2016 a líderes sociales, a saber: El primer cuadro es el listado general de homicidios cometidos en el 2016, el segundo sólo los cometidos por grupos paramilitares identificados y el tercero de personas asesinadas por grupos sin identificar.
Mayores informes al email: leonardo@indepaz.org.co
Contexto y caracterización:
Por. Leonardo González Perafán
Coordinador de Proyectos y Unidad Investigativa de Indepaz
Estos homicidios a líderes se han cometido en el marco del inicio de una transición y tienen como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en las regiones. Actualmente más de 30 organizaciones son perseguidas de manera sistemática lo que genera una gran preocupación y un reclamo por parte del conjunto de la sociedad al Estado para que reconozca el fenómeno paramilitar existente y que les garantice la vida a los líderes y defensores de derechos humanos. La respuesta debe ser inminente porque esto es un signo dramático y fatal del comportamiento de las oposiciones al proceso de paz.
No se puede analizar caso a caso desligado uno del otro; hay que mirar en conjunto las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades porque todo forma parte de una misma situación, es decir, que a medida en que se abre la posibilidad de la paz, muchos de los que están en contra que ven sus intereses locales o regionales afectados, toman posiciones radicales y no quieren aceptar que estamos marchando hacia una situación de fin de la confrontación armada y del conflicto. No se puede negar la sistematicidad de estos eventos lo que requiere una respuesta por parte del Estado en su conjunto.
Las amenazas tienen una lógica y un patrón común: hay amenazas en estos momentos en 15 departamentos de Colombia muy graves con panfletos donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones. Esto lo están haciendo por medio de panfletos firmados por unas supuestas organizaciones de autodefensa. Muchos de estos panfletos evidencian claramente que no son auténticos, que no responden a las organizaciones que supuestamente firman y que obedecen a lo que se ha denominado como “fuerzas oscuras”, es decir, todo este aparato que genera una mentalidad contrainsurgente no se ha desactivado. Es una ideología, son redes, son individuos que recurren a estos procedimientos y que se exacerban ahora que se viene una coyuntura electoral de disputa por poderes locales.
El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y reordenamiento de territorios, así como una situación de inestabilidad con muchas causas: el repliegue de las Farc-Ep hacia las zonas de concentración es una de esas situaciones porque se cambian las relaciones locales de poder y se presentan poderes que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales). Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
Pero lo que más alienta esta escalada de violencia es la polarización política, los lenguajes del odio, los lenguajes de “aquí no va a tocarse nada”; lenguajes que son enunciados desde la cúpula de las dirigencias políticas se traducen en la base de la sociedad como una legitimación de muchas modalidades de violencia que han sido endémicas de Colombia y que se acentúan en esta coyuntura particular.
Aunque si miramos el panorama del conjunto según las cifras de la violencia en Colombia, estamos en un proceso de superación y tránsito a una sociedad menos violenta. Hay asesinatos, hay amenazas, hay una realidad dramática que tiene que ser atendida pero al mismo tiempo hay una voluntad de cambio grande de la sociedad colombiana para superar este momento; sin embargo de no atenderse de manera apropiada y urgente la situación de los asesinatos de líderes y las amenazas a organizaciones sociales, será imposible que podamos hablar de paz en nuestro país.
