Jueces de ambiente

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En un orden territorial donde impera la lรณgica del negocio y el lucro desmedido, intentar la protecciรณn del universo rural es una tarea que choca.

Por:ย Hรฉctor Pineda S.

Tomado de www.eltiempo.com

Las providencias de los jueces, en su mayorรญa del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, mediante las cuales se ordena la protecciรณn de los recursos naturales y del ambiente, desde la vigencia de la Constituciรณn de 1991, son variadas y frondosas.
Proteger los cerros Orientales, en distintas oportunidades, le ordenan los jueces a las entidades territoriales y a las autoridades ambientales; evitar cambiar el cauce de una importante corriente hรญdrica en el desierto de La Guajira, se le prohรญbe, en su Fallo judicial, a la multinacional que realiza la extracciรณn minera del carbรณn; evitar la tala de bosques en zonas protegidas, escribe la letra en la que ordena a las autoridades de parques, ejercer con eficacia sus funciones; suspender la minerรญa en zonas urbanas, le dice a los alcaldes, y descontaminar el rรญo Bogotรก, entre muchas otras, han sido las รณrdenes judiciales que, en su mayorรญa, son respuestas a acciones populares o tutelas que son admitidas por estar enlazadas con el derecho a la vida, hechas por la ciudadanos.
Definitivamente, a diferencia de lo que sucede con las otras ramas del poder Pรบblico, nuestros jueces han decidido coger el toro ambiental por los cuernos, convertidos en jueces de ambiente, en la bรบsqueda de intentar mitigar los efectos perversos de la intervenciรณn humana sobre la naturaleza, mรกs cuando se trata de proteger recursos hรญdricos por su estrecha relaciรณn con lo que tiene que ver con la sostenibilidad del territorio y la vida misma de los seres vivos, incluido, por supuesto, el ser humano.
Lรญmite a la actividad productiva que genera daรฑos irreparables ambientales, prohibiciones sobre usos del suelo en zonas productoras de agua, es la literatura que se alcanza a leer, casi que en tono de alarma, en las providencias emanadas de jueces y magistrados de juzgados y tribunales.
Sin embargo, la preocupaciรณn que expresan los jueces por la protecciรณn ambiental, por lo menos en lo que se evidencia empรญricamente caminando territorios urbanos y rurales, es distinta a la de quienes detentan las responsabilidades en el poder Ejecutivo. El afรกn por conseguir llenar las arcas de la tesorerรญa, varias de ellas vaciadas por la uรฑas de la corrupciรณn, o la aplicaciรณn de una concepciรณn del desarrollo por fuera de los parรกmetros de sostenibilidad, ya sea por ignorancia o afรกn desmedido de lucro, las mรกs de las veces, actรบan en contravรญa de lo ordenado por los fallos judiciales.
Pareciera, sin temor a exagerar, que les importa un bledo a las otras ramas del poder Pรบblico, el mandato judicial y, mientras puedan, le sacan el bulto al estricto cumplimiento de la orden del juez o magistrado. Si el juez les dice que hay que garantizar el agua potable para una comunidad, por poner un ejemplo, antes que cumplir, se gastan la plata y el tiempo contratando abogados que escriben documentos encaminados a dilatar y romper los tiempos procesales. El agua que ordena el fallo no llega. Eso sรญ, corren rรญos de tinta de interminables litigios.
Pero, en un orden territorial donde impera la lรณgica del negocio y el lucro desmedido, intentar un orden urbano y una protecciรณn del universo rural (en su vocaciรณn productiva de alimentos) es una tarea que choca contra los muros de poderes ocultos o visibles, dispuestos a imponer la dinรกmica depredadora. Plantearse desde el Ejecutivo propรณsitos ambientales, como lo establece el Plan de Desarrollo de la Bogotรก Humana, es nadar contra la corriente de los poderes que han desatado la lรณgica de actividades en contravรญa de toda sostenibilidad, y de la vida misma. Allรญ, en su dimensiรณn, estรก la tragedia del Casanare.
ticopin57@hotmail.com

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