Las negociaciones entre el gobierno y las FARC han avanzado tanto que llegaron ya al punto crucial de la agenda, es decir a las definiciones sobre justicia y asuntos penales. Todo indica que resuelto este asunto se pasará a la recta final, hacia la firma del acuerdo de terminación del conflicto y paso a la fase 3 de construcción de paz. Ya están en La Habana los expertos llamados por el gobierno para reforzar la subcomisión jurídica, y los asesores contratados por Noruega para documentar a las FARC en la materia, pasaron de la sombra a las primeras planas del debate.
Alguna expectativa se ha creado sobre las tesis que van a aportar los sabios juristas pero la verdad es que en dos años de deliberación pública sobre el tema ya todas las cartas son conocidas. Como lo han repetido expertos nacionales e internacionales todas las opciones de beneficios penales están abiertas, incluidas amnistías condicionadas, como lo señaló el Fiscal Montealegre, hasta apelación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para medidas de excepción a tratados internacionales.
Todo va a llevar al mismo llanito pues más que una encrucijada de justicia penal lo que se tiene es un forcejeo político alrededor del juicio de responsabilidad sobre el origen, evolución e impactos de 70 años de violencia, guerras y conflictos armados.
Dicho en plata blanca la fórmula de justicia no es un texto neutro pues para unos es la manera de establecer de entrada la carga de culpabilidad solo en las FARC, para otros en el Estado y para muchos en múltiples responsables legales e ilegales, civiles, militares, políticos, estatales y empresariales que han hecho política con violencia y negocios oportunistas determinado más de 15 millones de víctimas directas y 500.000 muertos desde 1946.
El profesor Vicen Ficsas, director de la Escuela de Paz en Barcelona, ha repetido en entrevistas y artículos que en los últimos 20 años y con posterioridad al Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional, ningún pacto de paz ha terminado con la cúpula de la guerrilla, de los disidentes, de los gobiernos o del Estado en la cárcel. Siempre se han encontrado fórmulas para parar las guerras y crear nuevas condiciones al manejo pacifico de los conflictos de poder.
Todas las condiciones que se discuten en Colombia sobre cárcel e inhabilidades están mediadas por posiciones políticas. Las del gobierno las dejó claras Humberto de la Calle cuando definió el marco desde el cual concurren a la mesa de negociaciones: según sus palabras la guerrilla ha sido derrotada estratégicamente y lo que se negocia es la “resaca táctica”. La derrota estratégica puede referirse a la imposibilidad de toma del poder por medio de las armas, lo que es cierto en toda solución negociada ante la imposibilidad del sometimiento de los rebeldes, pero también de su estrategia armada. Queda entonces por descifrar qué es eso de la “resaca táctica”. Si no es sometimiento entonces es solo una necedad pues deja sin resolver el tema de fondo: ¿se pretende inhabilitar a la cúpula guerrillera para intervenir en política y cargos públicos en está década? Desde el otro lado ¿se pretende inhabilitar a los máximos responsables en los gobiernos, partidos, empresas y aliados internacionales?
Dice el ABC de las negociaciones de paz que la clave está en pasar de la política con armas a la apertura de condiciones para nuevos partidos y movimientos políticos, estableciendo la posibilidad efectiva de alternancia de poder en el actual periodo. Como lo señaló un comentario de la revista Semana, mandar a la cárcel o inhabilitar a la cúpula de las FARC es equivalente a negarle la oportunidad de formación de un partido legal. Con el genocidio de la UP se eliminó a más de 3000 dirigentes de esa organización auspiciada por las FARC como parte de los acuerdos de paz en 1984. Esto ha implicado que no cuenten las FARC con una expresión política del estilo del Sinn Fein en Irlanda, el Herri Batasuna en el país Vasco o el Faraundo Martí en El Salvador. Les toca a los jefes militares construir el proyecto político en la transición y el periodo post acuerdos o el futuro inmediato sería la desbandada y la liquidación de uno en uno.
Las FARC han dicho que están dispuestos a ir a la cárcel pero a condición que los acompañen varios expresidentes y otros poderosos. Puede ser un recurso polémico para mostrar la incoherencia de la exigencia de cárcel para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad sin incluir a los del otro lado.
Todo este alegato sobre responsables, cárcel e inhabilidades lleva a mostrar la necesidad de otra fórmula sin cárcel si en realidad se descarta la opción de sometimiento unilateral de los jefes de la guerrilla y amnistía general para todos los demás, sobre todo si son políticos, gobernantes o empresarios que han sido parte en estas guerras y en sus atrocidades.
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