Por Armando Novoa
Director Centro Estudios Constitucionales “Plural”
Las últimas decisiones: ¿hacia dónde van?
En medio del furor mundialista del futbol y el mismo día en que la FIFA sancionó al “caníbal” Suarez, en los estrados judiciales de Colombia se producía un episodio inusitado: la Sección Quinta del Consejo de Estado anulaba la elección dos magistrados en ejercicio: la de Francisco Javier Ricaurte, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la de Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional.
Una decisión similar se espera para el magistrado Pedro Munar, quien se encuentra en una situación similar a la de Ricaurte.
Pero no solo eso.
En los días siguientes, los medios se ocupaban también de otros dos hechos relacionados con la justicia: de un lado, la decisión de la Corte Constitucional de escoger al ex procurador Edgardo Maya como su ternado para que el Congreso elija al nuevo Contralor General de la República y el fallo de tutela del Tribunal Superior de Cundinamarca que suspendió la postulación; de otro, en la Sala de asuntos electorales del Consejo de Estado existe una ponencia, sin antecedentes, que podría anular la elección del Procurador Ordoñez.
En relación con las decisiones del Consejo de Estado su presidenta, María Claudia Rojas, dio su propia interpretación: “Esos fallos marcan una pauta, con esto arranca la reforma a la justicia”.
¿Qué está ocurriendo en la rama judicial? ¿La nulidad de la elección de dos magistrados de las altas cortes constituyen, como dice la revista Semana, “una purga histórica”, sin antecedentes en la historia judicial del país? ¿Tiene esto algo que ver la reforma a la justicia que anuncia el gobierno para la próxima legislatura? Y si es así, ¿cuál podría ser la relación de todo esto con el proceso de paz que, sin duda, constituye el principal reto del país en el próximo cuatrienio?
El desprestigio de la justicia: entre el clientelismo y la ausencia de controles
Luego de su acción contra fenómenos como la parapolítica y la pretensión de la segunda reelección presidencial, es evidente el desprestigio de la justicia y, en particular, de las altas cortes.
Según la revista Semana, las “grietas” del clientelismo que se ha tomado las altas han quedado al descubierto. Una encuesta de septiembre de 2014, sobre el papel de las institucionales nacionales, indicaba que mientras el Congreso tenía un índice de desconfianza del 75% , la justicia arrastraba la peor imagen institucional: el 78% de los encuestados desconfiaban de ella y solo el 19% respaldaba su labor.
Estos indicadores no son de extrañar si nos atenemos a una lista incompleta de las prácticas más recurrentes en las altas cortes:
Primero fue el llamado “cartel de las pensiones” mediante el cual los magistrados en ejercicio nombran en sus despachos amigos o recomendados con el fin de mejorarles el promedio salarial para elevar el monto de sus pensiones;
Luego, los hechos bochornosos de tráfico de influencias para presionar el contenido de sentencias en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de favorecer a militares sindicados de los “falsos positivos”;
A mediados del 2013 fue el “escándalo del crucero por el Caribe” por cuenta de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, invitada en días laborales por algunos magistrados de tribunales, agradecidos o interesados en ser incluidos en las listas de elegibles a las altas cortes.
Más recientemente, la Corte Constitucional que había logrado mantenerse al margen de estos escándalos, se convirtió en escenario de recriminaciones entre sus magistrados que se acusan de clientelismo, tráfico de influencias y “venganzas” por decisiones que afectan a algunos de ellos.
A lo anterior se adicionan las críticas por la forma en que los magistrados han utilizado las funciones “electorales” que les asignó la Constitución del 91 en la selección de candidatos para ocupar los cargos de Procurador, Contralor y Fiscal General de la Nación, en beneficio propio. Esta práctica se resumen en una frase: “Yo te elijo, tú me nombras” según la cual, la selección de candidatos está mediada por la devolución de favores mediante el nombramiento de familiares y amigos de los magistrados, y ya no solo de los congresistas, en los más altos cargos en los órganos de control.
Por último, la “puerta giratoria” entre los integrantes de las altas cortes según la cual magistrados que terminan sus períodos, se hacen elegir a otras corporaciones judiciales por quienes ellos han nombrado anteriormente.
Ricaurte y Rojas: un golpe contra el “yo te nombro, tú me nombras”
Un examen más detallado de las decisiones del Consejo de Estado arrojan elementos para comprender de lo que realmente está sucediendo:
En cuanto al magistrado Alberto Rojas, postulado por esa corporación para integrar la terna enviada al Senado de la República que finalmente lo eligió, con base en una demanda instaurada por la Red de Veedurías Ciudadanas, la Sección Quinta anuló la postulación:
“Esta decisión obedeció a que la Sala encontró que hubo grave irregularidad en la conformación de la terna que, junto con la doctora Martha Lucía Zamora Ávila y Alejandro Linares Cantillo, conformó el Consejo de Estado, en cuanto la mayoría de los miembros de la Sala Plena hizo pública su intención de voto, cuando el reglamento de esta Corporación señala que sin excepción ‘en todo caso’ el voto debe ser secreto”.
Sobre la elección del magistrado Ricaurte se presentaron dos demandas, una de ellas promovida por periodistas como Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano y representantes de organizaciones no gubernamentales.
El Consejo de Estado, en Sala Plena, esta vez, anuló la elección que hizo la Corte Suprema pues según los artículos 126 de la Constitución y 53 de la Ley estatutaria de la Justicia se prohíbe a los servidores públicos intervenir en la designación de personas que hubieran participado en su designación. En este caso, como dice la demanda, “15 de los 16 magistrados que eligieron al doctor RICAURTE GÓMEZ habían sido a su vez elegidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sesiones en las que intervino aquél”. Como lo señaló la Presidenta del Consejo de Estado: “los preceptos constitucionales prohíben que los magistrados de la Judicatura provengan de las mismas corporaciones postulantes”. Sin duda un golpe a la práctica de la “puerta giratoria” en las cortes.
Una situación similar se produciría si el Consejo de Estado decidiera este lunes anular la reelección del Procurador Ordoñez, pues según la ponencia divulgada por los medios se acogerían los argumentos presentados por organizaciones no gubernamentales, pues ni la Corte Suprema podía ternarlo, ni el Senado podía reelegirlo pues la Constitución no contempla esa posibilidad que implica desconocer el equilibrio de poderes, afectar el diseño institucional de la democracia, y permitir una peligrosa concentración del poder como lo hemos visto en todo este tiempo.
En los anteriores pronunciamientos existen varios elementos comunes: a) las decisiones del Consejo de Estado establecen un principio de transparencia en la elección de los magistrados, b) censuran el abuso de poder representado en la utilización de cargos en la magistratura para hacerse elegir en otra corporación judicial, c) dejan sin piso el desconocimiento de los principios constitucionales por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado que, al postular candidatos o elegirlos, ignoraron sus propios reglamentos y los principios vertebrales de la Constitución, d) suprimen la práctica de la “puerta giratoria” y ponen en cintura a la llamada “bancada de la justicia” que actúa como un poder oculto en las altas cortes, e) finalmente, expresan la eficacia de la acción ciudadana que con las herramientas que ofrece la Constitución del 91 para rescatar principios y valores constitucionales perdidos en el entramado clientelista.
El punto de inflexión estaría en la anulación de la elección del Procurador General pues dejaría sin piso unas prácticas clientelistas que comprometen no solo a las altas cortes, a los magistrados, a los aspirantes a ocupar cargos en los órganos de control, sino a los partidos políticos que avalaron y apoyaron la reelección de Ordoñez, quien prevalido del enorme poder burocrático que representa el ministerio público y de los instrumentos de coacción disciplinaria se hizo reelegir abrumadoramente por la casi totalidad del Senado y de la coalición de la Unidad Nacional.
La reforma a la justicia: de “regalo envenenado” a más “mermelada”?
Sin duda, y más allá de los aspectos jurídicos, una reacción que pretende contrarrestar las críticas a los cortes por el rol en su poder nominador y que alterará el contenido de las discusiones sobre el alcance de la reforma a la justicia que se anuncia.
Este es el contexto de la discusión sobre la reforma a la justicia que se aproxima.
Entre las propuestas gubernamentales, el Ministro de Justicia ha mencionado precisamente aspectos decididos por el Consejo de Estado, como la “facultad nominadora de las cortes” que pretende suprimirla e insinúa trasladarla al Congreso; la “puerta giratoria” que suprimió esa corporación judicial en sala plena; y “cambiar el sistema de juzgamiento de los aforados”, manteniendo las competencias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entre otros aspectos.
Su pretende que el supuesto “regalo envenenado” que el entregó la Asamblea Constituyente del 91 a las Cortes para postular a los dignatarios de los órganos de control, cuya finalidad fue limitar el excesivo poder presidencial, ahora se traslade de lleno al Congreso que, junto con el Ejecutivo, tratarán de alcanzar un nuevo arreglo institucional que podría ensanchar el clientelismo político, ahora bajo el control de los partidos de la coalición mayoritaria.
Una solución así afectaría el equilibrio de poderes y nos devolvería a un régimen presidencialista sin controles independientes.
Algo que, recuérdese, estuvo en la base de las críticas a un diseño institucional que por años fue cantera para el conflicto interno que ahora se pretende superar con las negociaciones de La Habana.
11 de Julio, 2014
