Después de la reunión de UNASUR y de la crisis en las fronteras con Venezuela y Ecuador, el convenio de las bases no puede seguir disfrazándose como de política domestica. Si se trata de cooperación para la lucha contra el narcotráfico nada más absurdo que vender la idea de que las bases no serán utilizadas para inteligencia trasnacional
El Presidente Obama, en las vísperas de la reunión de UNASUR en Quito el 8 de agosto, declaró que su gobierno no va a montar bases militares en Colombia ni ha recibido una solicitud al respeto y que se limita a renovar los acuerdos militares vigentes entre los dos países. Semanas antes había dicho que en la era post bush se replanteará la doctrina de la “guerra antiterrorista mundial” que levantó la anterior administración para justificar la acción militar unilateral, incluida la ocupación de Irak, y la “persecución para liquidar terroristas en cualquier parte del mundo” con el argumento de combatir a cualquier precio a quienes amenacen la seguridad de Estados Unidos.
Los mensajes de Obama, y sobre todo el relativo a las bases, dejan muchos interrogantes, incluidos los planteados desde Washington sobre el manejo del tema por mandos medios sin que la iniciativa corresponda al “más alto nivel” como ha dicho Peter Hakin, el director de Dialogo Interamericano. En esa línea de análisis Obama habría tenido que meterse en el debate ante el ruido producido por un asunto manejado como si fuera una simple prolongación de tratados anteriores binacionales pero que ha desatado una crisis colocándolo en la agenda de seguridad regional. El forcejeo de la burocracia y militares afines a Bush se ha dirigido en estos meses a mantener sus posiciones en escenarios claves como los de Afganistan, medio oriente o México y en la transición no es extraño que los interesados en mantener los esquemas de las “guerras de Bush” en la región andina y en Colombia estén buscando formulas o precipitando situaciones para seguir en las mismas.
Lo cierto es que después de la reunión de UNASUR y de la crisis en las fronteras con Venezuela y Ecuador, el convenio de las bases no puede seguir disfrazándose como de política domestica. Si se trata de cooperación para la lucha contra el narcotráfico nada más absurdo que vender la idea de que las bases no serán utilizadas para inteligencia trasnacional; y si vuelven al antiterrorismo ¿cómo dejar por fuera a las instancias multilaterales de la OEA y el G7? , máxime cuando a propósito del bombardeo en Ecuador se definieron compromisos y Uribe pidió disculpas y prometió abandonar la teoría bushiana que define como legítimo intervenir militarmente en otro país para combatir criminales.
La respuesta a la crisis en las relaciones de Colombia con sus vecinos no puede ser arguyendo que es un convenio para ampliar el apoyo al Plan Colombia en una nueva versión local. A Obama le tocó abrir el dialogo de la Nueva Alianza que prometió en la campaña e incluir en la agenda la definición de otra doctrina de seguridad en el continente.
Y para que prime la transparencia y se recuperen espacios de confianza es urgente que se hagan públicos los documentos que definen los términos del nuevo convenio de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos y se sometan al debate nacional y a consideración del Congreso de la República.
El manejo dado a la iniciativa de las neobases ha sido desastroso y sus repercusiones económicas y militares han sido calamitosas y aún pueden agravarse. Hasta tal punto es crítico el panorama con Venezuela y Ecuador que sólo una iniciativa innovadora del propio Obama, podría poner las cosas en un cauce de cooperación y no de confrontación. Y así se hace la diferencia entre Obama I y el Bush II que quieren sus halcones supérstites.
