Camilo González Posso – Presidente de INDEPAZ
La administración Trump está empeñada en narcotizar la agenda política de Colombia y escogió para hacerlo el momento del empalme con el nuevo gobierno de Iván Duque.
Desde principios de 2018 la DEA anunció que tenían cifras de aumento en cultivos de coca y la Oficina de Drogas del gobierno de Estados Unidos le advirtió en marzo al gobierno de Santos que tenía ya un informe con cerca de 210.000 hectáreas registradas por ellos a diciembre de 2017 con un aumento de más de 30.000 hectáreas con respecto a sus datos de 2016. Así comenzaron a apretar el torniquete y a presionar por la erradicación forzada en Colombia dentro de la estrategia de venderle a los ciudadanos estadounidenses el cuento de que la responsabilidad por el incremento del abuso en consumo de drogas en ese país y por la muerte de drogadictos no es del gobierno Trump y de su antecesor Obama sino de Colombia y México.
Volvemos al viejo truco de identificar enemigos externos para ocultar problemas domésticos; de inventar guerras contra demonios para justificar estrategias ante gobiernos aliados y ganar posiciones en el tablero de los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos. Así entramos en la feria de las hectáreas sembradas de coca y en la presión por fumigaciones con glifosato y la mayor militarización de las regiones influidas por la economía cocalera. Y también en el circo de las amenazas y de los asustados: “Para Trump esa escalada de cultivos es inaceptable”, “con las negociaciones de paz se bajó la guardia en la erradicación”, “hay que volver a la aspersión área con glifosato”, “ Uy, lo más grave es que si no hacemos lo que diga Trump se nos viene una descertificación”. Y corra de aquí para allá y de Washington para acá.
Lo de las cifras es una comedia del absurdo: nada cuadra. Según el gobierno los datos de referencia son los de UNODC/SIMCI que se supone registran más de 190.000 hectáreas en 2017 con un aumento neto de 54.000 hectáreas de coca con respecto a las contabilizadas en 2016. El informe de Trump acepta que en ese año se erradicaron en Colombia 70.000 hectáreas de modo que en tiempo record, y a pesar ahora de contar con la oposición de las FARC convertidas a partido legal, se sembraron en 2017 más de 100.000 nuevas hectáreas de coca a una velocidad inaudita de 8.400 hectáreas nuevas cada mes.
Tampoco cuadra la cifra de la cocaína que supera 1000 TM en 2017. Se acepta que las autoridades colombianas batieron los record de incautaciones llegando a 435 TM en 2017 y a 555 TM si se suman las que incautaron en Centroamérica y México. A Estados Unidos llegaron 450TM de cocaína, 200 TM a Europa y como 150TM al resto de mercados incluidos los de Asia y Suramérica. En la frontera con México, allí en donde está el muro y la custodia con drones y perros, las autoridades estadounidenses incautaron según informe de la DEA la ridícula suma de 10TM y en el resto del inmenso territorio de ese país que es el mayor consumidor de sustancias sicotrópicas, no pasan de 20 TM las incautaciones. Estamos ante la utilización a gran escala de la matemática cualitativa al servicio de la política. ¿En donde esta la trampa? ¿Esta mal la línea de base en 2016 y las anteriores? ¿No son tantas las hectáreas erradicadas por la fuerza? ¿Las agencias que miden se han vuelto más acuciosas y hacen búsqueda activa? ¿Todas las anteriores?
Esos interrogantes seguirán sin respuesta para que se entretenga la gente curiosa pues el objetivo de la narcotización de la agenda nacional y de la región desde México a Ecuador no es resolver el problema de drogadicción ni de la circulación de US$60.000 millones de dólares en los lavaderos de activos de Estados Unidos y paraísos fiscales. Ya se habla otra vez de guerra antidroga indicando que se trata de un asunto de seguridad nacional y sólo en forma secundaria de salud pública o cultural. En los discursos de Trump se asocian los problemas del narcotráfico y las drogas a la llegada ilegal de migrantes y al peso de los latinos en Estados Unidos que son mirados todos como parte del MS13 o las mal llamadas salvatruchas o pandillas de jóvenes centroamericanos. De eso habló Trump en su discurso a la nación al comenzar 2018 y ha vuelto al tema en el debate por la separación de niños y niñas de sus padres que son detenidos por ingreso ilegal a Estados Unidos.
Es la geopolítica maestro. Al gobierno del Ecuador ya le impusieron un convenio de cooperación y ante la crisis en la frontera y la expansión de rutas y mafias hacia la provincia de Esmeraldas la asistencia técnica del FBI, la DEA y la Embajada en Quito se ofrece como salvación de la inexperta policía del Ecuador. Los crímenes de El Guacho, y de otros sicarios de nuevo tipo al servicio del narcotráfico, han creado el ambiente propicio y la estrategia del miedo se ha apoderado de la población que pide a gritos apoyo militar y asistencia de inteligencia y judicial de los Estados Unidos. Al ritmo del pánico se profundiza la ruptura del Presidente Lenin Correa con Rafael Correa y sus seguidores.
Por el lado de Colombia, al tiempo que se define el problema de la droga como de seguridad nacional, se intensifica la militarización de las estrategias y de los territorios de frontera, especialmente con Ecuador y Venezuela. La guerra en el Catatumbo cuadra bien porque al tiempo le da mensajes a Maduro sobre el endurecimiento desde este lado. Todo el nororiente y el suroccidente pasará a ser considerado territorio de operaciones de la nueva guerrita de baja intensidad y alta utilidad política que se está instalando. Y por si acaso se puede incluir también la Orinoquia que ahora pretenden llevar hasta el Guaviare.
La receta de la guerra antidrogas bien puede servir a Estados Unidos para estrechar los lazos con la administración de Duque que se inicia el 7 de agosto. Todo calza como anillo al dedo: guerra de drones, fumigación con glifosato, prohibición del porte de la dosis personal, criminalización a los pequeños cultivadores, hacer trizas el acuerdo de La Habana en los puntos relativos a reforma rural integral y sustitución voluntaria, desconocimiento de los contratos firmados con 70.000 familias campesinas y olvido de los prometidos a 150.000 más que están en la lista y haciendo cola ante el gobierno.
Como dijo Sancho Panza: ¡que entre el diablo y escoja!
