Lo que va del dicho al hecho

por

Indepaz

Despuรฉs de las celebraciones siguen pendientes temas por precisar y retos por abordar, que sobre todo implican un gran esfuerzo institucional para que la poblaciรณn desplazada goce efectivamente de sus derechos fundamentales.ย ย 

Tomado de: razonpublica.comย 

ย Un gran paso

 

Con bombos y platillos se celebrรณ la sanciรณn de la Ley de Vรญctimas y Restituciรณn de Tierras, ceremonia a la que asistiรณ el Secretario General de Naciones Unidas, organizaciรณn que acompaรฑarรก al Estado colombiano en su compromiso de saldar la deuda con las vรญctimas de graves, masivas y sistemรกticas violaciones de derechos humanos.

 

Juan Fernando Cristo en el Senado y Guillermo Rivera en la Cรกmara fueron los protagonistas de esta ley, cuya primera versiรณn fue enterrada bajo argumentos presupuestales y la no aceptaciรณn de la responsabilidad de agentes del Estado en las violaciones de derechos humanos.

 

La aprobaciรณn de la ley es un paso obligado en el reconocimiento de las vรญctimas, en especial de los desplazados y desterrados.

 

Pero ahora es necesario dar cumplimiento a la ley, y esto no va a ser sencillo: no hay que olvidar que Colombia ya tiene la mejor ley para los desplazados, y sin embargo la Corte Constitucional declarรณ el desplazamiento como un โ€œestado de cosas de inconstitucionalidadโ€, dadas la persistencia del รฉxodo forzado y la incapacidad del Estado para garantizar el restablecimiento y el goce efectivo de sus derechos. Igual ha sucedido con la Ley de Justicia y Paz: ad portas de cumplir 6 aรฑos es poco lo que se ha logrado en materia de justicia y de reparaciรณn de las vรญctimas (sรณlo hay una sentencia condenatoria en firme). Estas leyes son prueba fehaciente de que la realidad no cambia con la expediciรณn de normas.

 

Falta mucho todavรญa

 

Entre los muchos temas por precisar en el proceso de pasar de los dichos a los hechos, se destacan estos dos: ย 

 

ยฟCuรกntas son las vรญctimas? Mientras Cristo habla de 4 millones de afectados, incluyendo desplazados y otros afectados, la Consultorรญa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, indica que solamente los desplazados superan los 5 millones.

ยฟCuรกntas son las hectรกreas a restituir? Segรบn el gobierno los desterrados abandonaron cuatro millones de hectรกreas y fueron despojados de 2 millones. Sin embargo, otras cifras oficiales se refieren al abandono y despojo de mรกs de ocho millones de hectรกreas.

Por su parte las instancias administrativas, judiciales y de seguridad tendrรกn que abordar retos y desafรญos como: ย 

Establecer quiรฉnes son los opositores de buena fe, misiรณn difรญcil y peligrosa debido a la incapacidad estatal de proteger los derechos de propiedad y posesiones y a la voracidad de algunos sectores de beneficiarse de las tierras de las vรญctimas.

Determinar los beneficiarios de los contratos de uso, sin menoscabo de los derechos de los desposeรญdos.

Poner en evidencia y desmontar los sofisticados mรฉtodos de apropiaciรณn ilegal de tierras โ€“avalados por algunos servidores pรบblicosโ€“ para llevar a cabo proyectos de desarrollo en detrimento de los pobladores del campo.

Neutralizar la actuaciรณn de los grupos paramilitares y sus aliados y financiadores, que buscaron (y buscan) reversar los logros de movimientos sociales de reivindicaciรณn de tierras, estigmatizรกndolos como colaboradores de las guerrillas.

Garantizar, en los casos donde las vรญctimas cuenten con recursos y asistencia legal para desvirtuar a los opositores, la permanencia en el retorno ante la realidad del conflicto armado y la persistencia de la violencia mediada por los intereses sobre tierras y territorios,

Apoyar con asistencia, crรฉdito y otras ayudas a los pobladores rurales, para que no se vean obligados a negociar sus predios, mรกxime cuando se trata de mujeres.

Armonizar la aspiraciรณn de un alto porcentaje de los desposeรญdos a que les sean entregados otros predios en lugares distintos a los de su expulsiรณn, lo que demanda, de una parte, contar con tierras suficientes y de buena calidad para restablecerlos, y combatir y evitar los abusos ampliamente documentados sobre el manejo de tierras provenientes de la extinciรณn de dominio asรญ como de las adquiridas por entidades del sector rural y, de la otra, asegurar que los responsables directos e indirectos de las violaciones entreguen las tierras de las que se apropiaron o usufrutuan gracias al รฉxodo forzado.

Lo que queda por fuera ย 

El deber estatal de restituir las viviendas de quienes abandonaron o perdieron tierras, asรญ como de indemnizarles por los daรฑos y perjuicios ocasionados.

Los derechos de los desposeรญdos antes de 1991.

La verdad sobre el desplazamiento y el destierro y la sanciรณn a los responsables.

En fin, no basta con una ley que reconozca parcialmente los derechos de las vรญctimas. Su realizaciรณn efectiva demanda superar omisiones, retos y desafรญos. Algunos de ellos podrรกn ser objeto de reglamentaciรณn, como por ejemplo, consagrar expresamente que todos los restituidos en el retorno o en la reubicaciรณn serรกn destinatarios de la indemnizaciรณn administrativa y de las demรกs medidas de reparaciรณn que contempla la ley. De esta forma se darรญa un paso en el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional de garantizar el goce efectivo de derechos de la poblaciรณn desplazada como condiciรณn para superar el estado de cosas de inconstitucionalidad. Asรญ, por lo menos, la Ley de Desplazados y los compromisos asumidos por el Gobierno con ese Tribunal pasarรญan del dicho al hecho.ย 

 

* Abogada, ex funcionaria de la Defensorรญa del Pueblo. Ha asesorado a la Procuradurรญa, a la Comisiรณn de Seguimiento de la Sentencia T 025 y a Oxfam Nobiv. Actualmente es asesora de INDEPAZ y consultora del Grupo de Memoria de la CNRR. ย 

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