De la Paz Total a la Construcción Integral de la Paz

Luces y sombras en la guerra y la paz

De la Paz Total a la Construcción Integral de la Paz

Camilo González Posso

Presidente de Indepaz, 

Bogotá D.C. Agosto de 2025

Hay sectores políticos y sociales que añoran pasar de la política de Paz Total a otra de Guerra Total. A ellos también hay que convocarlos a pasar a un programa de  Construcción Integral de la Paz que significa un paso adelante en los cambios, en la superación de violencias y de armas en la política y en los conflictos económicos y sociales…

En la recta final del gobierno de Gustavo Petro Urrego las conversaciones de paz pueden mantenerse con los Comuneros del Sur, La Coordinadora Ejército Bolivariano y El Estado Mayor de los Bloques Jorge Suarez y Gentil Duarte; en algunos de estos casos es posible que se pase la línea de irreversibilidad que ha puesto como meta el Comisionado Consejero de Paz. Con los otros grupos armados irregulares es posible que se den amagos de diálogos, pero están lejos las condiciones para que se pase a ese irreversible “estado avanzado hacia la paz”.

El aumento de las dificultades se constata en el escalamiento de confrontaciones, de hechos violentos y ofensivas militares. Después de los atentados terroristas en Cali, Jamundí y varias regiones del Cauca, y del ataque al helicóptero en Amalfi que produjo 12 muertes de integrantes de la Policía antinarcóticos, el presidente Petro calificó como grupos terroristas narcotraficantes al Clan del Golfo (EGC), Segunda Marquetalia y al EMC que dirige Iván Lozada Mordisco, incluido el Bloque Occidental con presencia en Valle, Cauca y Nariño. Esto tiene implicaciones nacionales e internacionales al descartar conversaciones de paz, al dejar solo abierta la vía del sometimiento a la justicia y, por otro lado, es una apelación a los instrumentos de persecución al crimen transnacional. 

Sin hablar por lo pronto de los grupos delincuenciales urbanos, el escenario de posibles acuerdos y de guerra total indica que, de 12.000 combatientes efectivos en grupos armados con corte a agosto de 2025, entre 15% y 20% podrían llegar en 2026 a ese punto de irreversibilidad, con compromisos claros de desarticulación y ruta de paso a la vida civil. Así que quedan las preguntas sobre lo que falta por sortear con los grupos de Nariño, Putumayo y Catatumbo que han hablado de acuerdos finales de paz con este gobierno y, por otro lado lo que debe ser la política con ese 80%, o más, que seguirán en plan de violencia armada y fortalecimiento después del 7 de agosto de 2026.

Los voceros de los que están en alto grado de “avance a la paz” han reiterado sus compromisos, que incluyen respeto a la población civil, desminado humanitario, la destrucción de algunos arsenales y apoyo a la sustitución de cultivos de coca, pero mantienen reservas sobre asuntos judiciales como el de la extradición de jefes y el marco jurídico para la transición a la vida civil. Se han inclinado por hacer experiencias piloto de Zonas de Ubicación Temporal, con un centenar de combatientes que serían la cuota inicial para el inicio de la ruta de reintegración de todos los miembros de esas estructuras.

En condiciones de policrisis nacional e internacional todas las variables están en situación de inestabilidad y todas las predicciones son más inciertas. Lo aparentemente imposible puede emerger como viable y en si se habla de guerra y paz la acción lleva a resultados imprevistos.

El Clan del Golfo en su laberinto

Con el Clan del Golfo se reanudaron conversaciones, inicialmente en Catar, con posibilidades de algunos acuerdos de disminución de acciones violentas y mucha expectativa sobre la suerte de los proyectos de ley de alternatividad penal, desmonte y sometimiento, para tener un marco normativo de justicia transicional que permita condiciones atractivas para el desmonte de organizaciones armadas y sus estructuras relacionadas. Ese proyecto no entra en asuntos que son de orden constitucional como darle seguridad jurídica a la no extradición, el tratamiento al secuestro y al narcotráfico o las limitaciones en derechos políticos.

La gran limitación con el Clan de Golfo cuando se habla de desmantelarlo o someterlo a la justicia es que se trata de un instrumento armado de un complejo macrocriminal que tiene su cabeza en poderosos intereses económicos y políticos que necesitan la violencia y la corrupción para reproducirse. En la lista del multicrimen están, entre otros, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, el lavado de activos y sus conexiones con inversiones nacionales e internacionales, públicas y privadas.   

La figura más cercana a ese complejo es la mafia, pero es un símil parcial. Se acerca a lo que se ha conocido internacionalmente como mafias en la reproducción de negocios utilizando la violencia, la complicidad y alianza con agentes del Estado y grandes poderes económicos. La mafia no busca enfrentar ni descomponer al Estado sino cooptar poderes e instituciones para capturar rentas, lavar activos de negocios ilícitos y hacer inversiones en el sistema legal. El componente armado en la mafia es un instrumento para el enriquecimiento de los capos y de sus asociados empresariales y en las entidades públicas a todo nivel.

Todas estas marcas coinciden con lo que han sido en Colombia los grupos armados narcoparamilitares y sus sucesores actuales en el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y otros. Pero para tener una imagen más completa de lo que son estas estructuras criminales en Colombia hay que ubicarlas históricamente en su relación con las confrontaciones políticas, la evolución del conflicto armado y el fenómeno del paramilitarismo. Así se llega a ubicar en su lugar lo que es el entrelazamiento del aparato armado del Clan del Golfo y similares, con poderes económicos, políticos y su historia común en la confrontación con lo que fue la guerrilla y con fuerzas sociales.

Esta breve descripción ayuda a ver la dificultad para que se llegue mediante el diálogo y ofertas de beneficios de justicia transicional a un escenario de desmonte de esos aparatos. Se necesita que los poderes ocultos que definen la existencia de la mafia – narcoparamilitar converjan en los acuerdos necesarios para sacar del escenario al componente armado y sicarial y que se tenga al tiempo, explícita o implícitamente, una ruta de desmonte de negocios criminales y de transición a la plena legalidad de los que ya forman parte de la institucionalidad.

La discusión, aprobación o rechazo, de una Ley de justicia restaurativa, desmantelamiento y sometimiento de grupos armados organizados tiene detrás la intervención de los determinantes del complejo macrocriminal mafioso heredero del paramilitarismo. Y también la incidencia de otras fuerzas implicadas, incluidas las que desde la sociedad exigen que se incluyan instrumentos efectivos de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Semejante armazón de variables y dificultades no lleva a descartar la búsqueda de sometimiento de grupos armados organizados como el Clan del Golfo, pero indica que se requieren acuerdos o convergencias a muchos niveles. Los alcances de la verdad se convierten en un asunto clave, sobre todo porque muchos implicados en los negocios mafiosos presionaran para mantenerse en la sombra y no dudan en recurrir a sicarios para silenciar a dialogantes que puedan ir más lejos de lo permitido. El asunto de la extradición requiere una negociación a tres bandas, incluida la DEA y el gobierno Trump..

Queda la hipótesis de avances parciales en desmantelamiento de algunas unidades del complejo macrocriminal mafioso. Ese desenlace puede ser el resultado no deseado de intentos de diálogo. Se extirpa un órgano con cáncer, se logra un alivio temporal, pero queda pendiente evitar la metástasis.

 Fuente: elaboración de Indepaz

Los grupos armados post Farc

La posibilidad de acuerdos de irreversibilidad con estos grupos o estructuras armadas está en relación directa con la persistencia de elementos ideológicos y de capacidad de presión desde la base social y en relación inversa con el condicionamiento que tienen por la articulación y dependencia de economías ilegales, en particular de las redes del narcotráfico, la minería y la extorsión. Las fracciones desprendidas de grupos post Farc, merecen un capítulo aparte pues  obedecen a otra lógica situada en un punto intermedio que los lleva a acercarse al punto de no retorno.

Todos esos grupos armados post FARC son híbridos en tanto hay alguna continuidad de referencias a los programas y reglamentos de las FARC y una razón de ser y reproducción atada a la captura de rentas y objetivos de supervivencia de reclutas y enriquecimiento de jefes. En un extremo están los esencialmente narcos que utilizan el nombre de las Farc y en el otro unos pocos que pretenden ser la continuidad de las viejas Farc y dicen aplicar rigurosamente sus reglamentos. Son grupos heterogéneos al interior de los frentes o columnas y más aún en lo que llaman Bloques o coordinación entre frentes.

En la búsqueda de acuerdos de paz o de rutas de incorporación a la vida civil, pesan esas características y el carácter independiente de los frentes que llegan hasta la coordinación, delimitación de áreas y de negocios, pero no a una real unidad de mandos. Los de mayor centralización de mandos y retórica fariana son los que dirige Calarcá en la frontera amazónica, Iván Lozada Mordisco en el Guaviare y Jhon Mechas en Catatumbo. Tienen en común haber sido reagrupados por Gentil Duarte con el discurso de romper con los acuerdos de La Habana y se enfrentan por el control de territorios y de rentas. Su horizonte es la ampliación de poderes locales y de sus economías ilegales.

Si se comparan los grupos post Farc con lo que fueron las Farc EP en los territorios en donde intentan recomponerse se destacan notables diferencias. Primero en el peso de lo ideológico y la pretensión de cambiar al Estado con la lucha armada; segundo la conformación como ejército guerrillero con mandos centralizados regionalmente y en lo nacional; capacidad de confrontación continua con unidades de las Fuerzas Armadas; prohibición a los jefes de frente o bloque de disponer de las finanzas que se definían en los estatutos como de propiedad de la organización; no pago  de sueldo a los combatientes; regulación de la violencia en función de objetivos militares y políticos. La mayoría de los grupos post Farc se alejan de esas características y se acercan en la práctica de economías ilegales y sometimiento dictatorial armado a la población. Estos grupos post Farc tienen baja capacidad de combate, generan zozobra y agresiones violentas pero no tienen capacidad de confrontar al Estado, practican alto reclutamiento de adolescentes despolitizados e inexpertos que meten en trabajo social, de extorsión, en acciones terroristas y se especializan en el uso de explosivos.

En perspectiva de posibles acuerdos y el logro de estados avanzados hacia la paz, la mayor probabilidad está con los grupos con más tintes ideológicos y dispuestos a dejar la captura de rentas del narcotráfico y otros negocios ilícitos. En todos los casos gravita la pregunta sobre el marco jurídico y de alternatividad penal en caso de acuerdos para desmontar las estructuras armadas y definir una ruta de incorporación a la legalidad. Se puede suponer que algunos grupos post Farc más pequeños se imaginan transitando con las condiciones penales actuales y normas de reintegración voluntaria, mantienen las reservas en lo relativo a la extradición. Pero los más  grandes han declarado que no aceptan las reglas actuales, ni nada similar a la JEP.

Las ilusiones y posibilidades con el ELN

El presidente de la república no incluyó al ELN en la lista de lo que calificó como organizaciones terroristas de impacto transnacional. Con eso ha dejado una ventana abierta para posibles diálogos y acuerdos parciales antes de la terminación del actual gobierno. Es una hipótesis con baja probabilidad que cabe en lo que el propio Petro llama su terquedad por la paz.

La situación en Venezuela, con toda la ofensiva de Trump, le ha dado nuevos argumentos al ELN para reafirmar su papel de activo defensor armado en Venezuela. La calificación a  Maduro y a su gobierno como narcoterrorista que amenaza  la seguridad de los Estados Unidos ha sido sustentada por Washington en la alianza con el ELN y fracciones de las Farc. Esto coloca al ELN en la mira de la intervención de Estados Unidos y de su decisión de atacar en cualquier país a los que califica de narcoterroristas. Esta nueva situación afecta la estrategia binacional del ELN y su esfuerzo por tener en Venezuela campamentos y retaguardia de negocios, incluido el tráfico de armas y la explotación minera. La cúpula del ELN aumenta su retórica antiimperialista y la justificación de su existencia como parte de la resistencia internacional pero no lo acerca a una política de negociación para dejar la lucha armada, las rentas del narcotráfico en el Catatumbo y pasar a la vida civil mediante soluciones negociadas.

Según lo que han afirmado los jefes del ELN, no ven posibilidad de un acuerdo final ni de acuerdos para llegar con el gobierno de Petro a lo que se ha llamado irreversibilidad hacia la paz. Cabe la posibilidad de acuerdos regionales humanitarios que comiencen por el compromiso de respetar la vida de los civiles y no combatientes armados, respetar a los lideres sociales y la autonomía de las organizaciones proscribiendo prácticas de terror y asesinato como las que el ELN ha puesto en práctica en el Catatumbo y Arauca.

Lo que sigue…. Construcción Integral de la Paz

La Paz Total definida en el Plan de Desarrollo 2022 -2026 tiene muchas dimensiones que incluyen la implementación del acuerdo de 2016, transformaciones territoriales de iniciativa directa del Estado, acciones ambientales, aprobación de leyes y normas para darle contenidos al cambio y fortalecer el Estado Social de derecho, promoción de la cultura de paz y, como uno de los capítulos importantes, las conversaciones para acuerdos de paz y los diálogos socio jurídicos para el sometimiento.

A pesar de esa visión integral de la paz, en el imaginario nacional y en los discursos oficiales se ha confundido esa paz total con conversaciones con grupos armados ilegales para buscar su desmantelamiento e incorporación a la vida civil.

A esta altura del gobierno no se puede renunciar a  recuperar una visión completa de la paz que le dé lugar y sentido a las soluciones dialogadas y mayor fuerza a la implementación de los acuerdos de 2026 y otros que se firmen.  Esta será también una tarea hacia el próximo gobierno cambiando incluso el titular para hablar de Paz Integral o de Construcción integral de la paz.

En esa perspectiva la Construcción integral  de la Paz es pertinente desde ahora y hacia el próximo gobierno. Aquí cabe revisar asuntos que han fallado o han sido insuficientes hasta ahora para destacar líneas de acción, como por ejemplo:

• El énfasis en que la construcción de paz, en aplicación del mandato constitucional en su artículo 2, es una tarea de toda y con toda la sociedad. En el sentido más amplio la paz integral es la realización de los derechos humanos y del Estado social y ambiental de derecho. Por lo tanto se trata de una política de Estado que debe comprometer a este y los siguientes gobiernos.
• La construcción integral de la paz no depende de conversaciones o negociaciones con los armados y debe ser una práctica permanente de la sociedad. Sus estrategias e instrumentos deben operar en todas las esferas de las políticas y planes de desarrollo.
• El derecho humano a la seguridad, la seguridad humana y la seguridad frente al crimen y la violencia es parte de la construcción integral de la paz. 
• El Estado tiene el deber de defender los derechos de la sociedad y de las poblaciones y comunidades más vulneradas y golpeadas por las violencias y para ello debe hacer uso legítimo de la fuerza y de la acción de la justicia.
• En condiciones de conflictividades armadas y persistencia de grupos armados organizados es obligación del Estado buscar soluciones pacíficas recurriendo al diálogo, a los acuerdos de paz y a compromisos para la sujeción a la justicia, la reparación de las víctimas, la restauración de derechos y la no repetición.
• En esas conversaciones no se puede perder el horizonte de la No violencia y la paz, exigiendo en toda condición el protagonismo central de las comunidades con autonomía y libertad, el respeto a la población civil, a la vida en todas sus formas, el acatamiento a normas del DIH con o sin cese al fuego bilateral, el impulso a las transformaciones territoriales para el bienestar de la población y la paz ambiental, el desmonte de economías ilegales y separación completa de las rentas del narcotráfico, la definición de acuerdos con rutas precisas para la transición a la vida civil.
• La construcción integral de la paz implica ampliación y fortalecimiento de la democracia en todas sus órbitas, desde la democracia participativa y solidaridad y el empoderamiento de sujetos políticos y sociales transformadores.
• Son esenciales para la paz integral las transformaciones socio –  territoriales al servicio de las poblaciones, comunidades y ciudadanos, con planes de desarrollo sostenibles y de justicia social y ambiental. El eje de estas transformaciones es la relación de las instituciones y la población sin la mediación de los armados.
• La integralidad en la construcción de la paz demanda revisar las políticas contra el narcotráfico, sobre drogas y economías ilegales. Esto exige compromisos nacionales e internacionales que no caigan en los cánones de la guerra contra las drogas y del intervencionismo y que obliguen a los países de alto consumo a asumir su responsabilidad en la solución de los problemas de manera pacífica.
• Es fundamental en la construcción integral de la paz la ejecución de los compromisos firmados en las mesas de negociación y todos los consignados en acuerdos de paz y de sujeción a la justicia.

Hay sectores políticos y sociales que añoran pasar de la política de Paz Total a otra de Guerra Total. A ellos también hay que convocarlos a pasar a un programa de Construcción Integral de la Paz que significa un paso adelante en la superación de violencias y de armas en la política y en los conflictos económicos y sociales. Este debe ser el primer punto de un nuevo acuerdo nacional.