El uso de la violencia armada legal o ilegal como fuerza productiva no ha sido precisamente el aporte de paramilitares o subversivos, ni han sido ellos los principales beneficiados al momento del reparto del botín o de los balances: han sido aquellas familias y clanes regionales que han utilizado desde hace un siglo el poder político para aumentar sus activos rurales y urbanos.
Los informes de la Revista Cambio, La silla Vacía y otros medios, están mostrando un panorama atroz de reparto de los tributos recaudados sobre todo entre los asalariados, trabajadores independientes y gente pobre, que son regalados a poderosas familias y grupos económicos. Según esas publicaciones los beneficiarios han sido amigos del gobierno y colaboradores de campañas electorales, que reciben miles de millones por clan. La lista de apellidos es significativa y está encabezada por destacas personalidades de los negocios. Si se agrega la nomina de los beneficiarios de los pactos de seguridad tributaria, exenciones, crédito subsidiado y reducción de impuestos a grandes inversionistas, nos encontramos la lista de los dueños de casi todo que no pasa del 1% del directorio telefónico.
Como lo recordó el Presidente Uribe en su defensa de la Ley del AIS, desde los años 50 venimos discutiendo sobre la conveniencia de favorecer a los más ricos y grandes empresarios como base del modelo de desarrollo o la alternativa de partir de la equidad dándole prioridad a las políticas estatales de estimulo y subsidios a los más pobres y a los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales. En el primer modelo el Estado es el puntal de la acumulación desde empresas grandes , en el segundo se las mandaría al mercado y el Estado actuaría con sentido social y de tributos y servicios públicos solidarios.
En la práctica desde mediados del siglo pasado se impuso la línea hoy reivindicada de hacer más ricos a los ricos para que generen empleo y redistribuyan por esa vía el ingreso. Como dice Uribe “ la gran empresa agropecuaria es la locomotora de una alianza que incluye a los pequeños y medianos” y se encuentra ese axioma aplicado a todas las orbitas de la economía: así como la agroindustria y sus macroproyectos deben concentrar la tierra y absorber a los campesinos como asalariados, la gran minería debe acabar con la pequeña, los grandes bancos y corporaciones deben merecer privilegios, las cadenas de supermercados desplazar a las tiendas y almacenes, las multinacionales y sus oligopolios son los símbolos del progreso y a ellos y a sus amigos los grandes, deben ir dirigidos los beneficios de los impuestos de todos y la protección prioritaria de la fuerza pública.
Desafortunadamente la confrontación entre modelos de desarrollo no ha sido un debate académico sino una violenta imposición de una forma de reparto de riqueza y de la utilización del Estado y del poder para aplastar a sangre y fuego a los “pequeños”, considerados ineficientes, improductivos, desechables, desplazables. La verdad de los últimos 60 años es que se ha impuesto un modelo de capitalismo plutocrático y violento de desarrollo y no solo en el campo. Y el uso de la violencia armada legal o ilegal como fuerza productiva no ha sido precisamente el aporte de paramilitares o subversivos, ni han sido ellos los principales beneficiados al momento del reparto del botín o de los balances: han sido aquellas familias y clanes regionales que han utilizado desde hace un siglo el poder político para aumentar sus activos rurales y urbanos. Hasta los narcotraficantes han estado en el segundo plano del modelo, pues tarde o temprano sus bienes terminan lavándose en las estructuras de los poderes consolidados y en sus peleas internas. Esta es la triste historia de un modelo violento promovido desde arriba que nos tiene dónde estamos y que se pretende imponer por otro siglo.