No maten mas. Lo urgente es el cese unilateral de agresiones a la población – Camilo González Posso

por

Camilo Gonzalez Posso

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No maten mas

Lo urgente es el cese unilateral de agresiones a la población

Camilo González Posso – Presidente de INDEPAZ

Bogotá D.C. 16 de enero de 2023

Este miércoles se reúnen delegados del ELN y del gobierno para preparar la ronda de conversaciones que se hará en Caracas. El impasse creado por el decreto sobre el cese al fuego lo resolverán definiendo algunas reglas de trabajo y de comunicación. Ojalá el ELN no postergue su respuesta a la demanda de la sociedad de un cese unilateral de hostilidades esperando el resultado de las discusiones sobre bilateralidad.

Se sabe además que siguen las conversaciones con el EMC, Segunda Marquetalia y AGC- Clan del Golfo con la complicada tarea de precisar protocolos, formas de comunicación, verificación y arreglo de problemas en la ruta de darle realidad al cese al fuego bilateral. Son muchos los temas y los incidentes que se tienen que abordar, entre los cuales está el de las matanzas entre ellos y la dictadura del miedo que imponen a las comunidades.

En todas esas mesas y reuniones pueden hablar de ceses al fuego, treguas, ceses bilaterales y hasta multilaterales, meterle protocolos, considerandos y resuelves, y todo eso vale menos si no hay compromisos unilaterales inmediatos de suspensión y condena a todas las agresiones en contra de las comunidades, las organizaciones, liderazgos, dignidad y bienes de la gente.

A muchos de los que están en las armas para buscar sus objetivos y prebendas, les incomoda que se les reclamen decisiones unilaterales y se han inventado el sofisma de que para ir hacia la paz y hacia el desescalamiento de las violencias la palabra mágica es acuerdo bilateral.  Cuando hablan de ese bilateral como tregua entre ellos y las fuerzas del Estado, ponen en el centro el cese simultaneo de acciones ofensivas entre armados y todas las regulaciones, protocolos, incisivos y parágrafos que deberán resultar de discusiones largas.

Pero el que se ocupen de todo ese trámite y papeleo tan importante no puede ser pretexto para ocultar que lo inmediato, urgente, e indiscutible, es que todos los armados que vienen agrediendo a la población civil deben declarar ante el país y el mundo que prohíben matar civiles, personas inermes y por fuera de combates, desplazar o confinar por acción directa o indirecta, extorsionar, secuestrar, desaparecer, torturar, perpetrar delitos sexuales y violencias basadas en género, desposeer a las familias y comunidades de sus bienes, atentar contra los niños, niñas, adolescentes.  

Todo cese al fuego entre partes armadas, y toda discusión hacia su concreción y protocolización, debe tener como presupuesto mínimo el compromiso unilateral e incondicional de no daño a la población civil y de autoregulación efectiva para que se cumpla.

Esta exigencia de compromisos unilaterales de no agresión se sustenta en principios éticos, humanitarios y en necesidades políticas y sociales. No se necesita invocar las obligaciones ante las normas del Derecho Internacional Humanitario, pues por encima está el derecho a la vida y principios consuetudinarios de la humanidad.

Pero también se puede invocar lo establecido en el DIH para que la sociedad y el Estado lo impongan como mínimo para las partes de conflictos internos.  Los acuerdos humanitarios de aplicación parcial en puntos específicos parten de esa obligación y se deben ocupar de los procedimientos para que se de garantía de efectivo respeto a la población civil.

En todo caso, lo esencial es que en medio violencia y para un camino hacia la paz  los derechos vitales de la población civil se asuman como no negociables, sean de aplicación inmediata, de manera unilateral sin que se condicione su aceptación a que otras partes armadas los hagan.  

Este cese unilateral de hostilidades en contra de la población y de los civiles inermes ha sido reclamado por las comunidades más golpeadas por la guerra que libran los grupos armados entre sí y por las cada vez menores confrontaciones con las fuerzas del Estado.

El pueblo AWA y las comunidades afrocolombianas en Nariño están exigiendo alto a las agresiones, reclutamiento, confinamiento y al asesinato, como el de los dos niños en Alto Mira el 31 de diciembre. Aunque los frentes de las llamadas disidencias dicen estar en cese al fuego, parece que lo entienden solo frente a la fuerza pública porque no cesan de masacrarse entre ellos y de victimizar a la población como en Putumayo y Cauca.

Los pueblos Embera de todo el pacífico, de la costa del Valle y Choco, se han pronunciado exigiendo alto a las armas con las que los desplazan y confinan. Son muchas las voces en el Chocó que exigen Acuerdo Humanitario Ya y que emplazan al ELN y a las AGC Clan del Golfo a cesar el terror contra la población. Los Barí le pidieron al presidente una acción urgente para sacar las armas, la coca y a toda violencia de sus territorios y del Catatumbo. Las organizaciones sociales del Cauca y entre ellas el CRIC, CIMA, ACCOM, ANUC, se han pronunciado insistentemente exigiendo alto a toda agresión en contra de las comunidades y sus territorios.

En varias regiones las comunidades rechazan los toques de queda, paros armados, minado de territorios, amenazas contra la población.

Desde plataformas como Defendamos la Paz, se ha promovido la consigna NO MATAR, llamando a todos los armados a respetar la vida y silenciar las armas.

Es el clamor de millones de colombianos que se pronunciaron por la vida en las grandes movilizaciones de 2019, 2021 y en las campañas electorales. Y la columna vertebral de la Paz total es la defensa de la vida en todas sus formas.

Se sabe que las conversaciones están en sus primeros pasos y que hay signos de desescalamiento de ataques con daño a la población. Ahora lo urgente y sin condiciones, al tiempo que se avance en el funcionamiento de las mesas bilaterales de dialogo, es que los grupos armados ilegales de todos los tipos se pronuncien unilateralmente anunciado que condenan cualquier agresión a las comunidades, organizaciones, líderes y ciudadanos y que harán públicos los reglamentos y medidas para evitar que sus integrantes y aliados atenten contra la población civil.

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