El objetivo es dialogar sobre las posibilidades de consensos hacia un Acuerdo Final y Definitivo para la terminación del conflicto armado y el aporte a la construcción de paz, a ser firmado por el gobierno y las FARC.
Francisco Santos. Paloma Valencia y otros invitados han manifestado públicamente su disposición a conversar con diversos promotores del AF para sopesar argumentos y posibilidad de aproximaciones en asuntos que han sido de difícil conciliación antes y después del 2 de octubre cuando la mayoría de los votantes se pronunciaron por el NO a la refrendación de ese acuerdo.
Por otra parte concurren personas que se han destacado por el apoyo a la refrendación del AF; todos están vinculados a organizaciones o grupos reconocidos por su aporte al conocimiento de los temas y a la construcción de los pactos de solución negociada al conflicto armado interno y a los asuntos sociales, jurídicos o políticos relacionados.
El grupo de personas defensoras del SÍ a la refrendación del AF tienen diversas miradas de los asuntos que han concentrado el debate posterior al 2 de octubre.
RENEGOCIAR O ELABORAR UN NUEVO MANDATO
El sentido de este y muchos otros momentos de dialogo se enmarca en lo que definió la Corte Constitucional cuando en su sentencia sobre la Ley de Plebiscito consideró la situación que seguiría a un triunfo del NO.
Para el proceso actual de redefinición del AF es pertinente indicar que el esfuerzo es realmente constructivo si se entiende que la búsqueda de un consenso mayor requiere reconocer a todos los protagonistas de la construcción de la salida política. Esto significa que en esta fase de dialogo nacional deben sopesarse las iniciativas desde todos los lados y hacia todos los implicados directa o indirectamente en la mesa de La Habana. Y además darle cabida no sólo a los promotores del NO o del Sí que tienen propuestas sino también darle respuesta a ese 63% de abstencionistas que no se sintieron comprometidos por la convocatoria y el debate realizado.
Este enfoque significa que las deliberaciones ciudadanas no deben entenderse como demandas de concesiones a las FARC o al Gobierno, sino como aportes para un acuerdo definitivo de conveniencia para todos los colombianos.
La convergencia entre distintos y opuestos será más constructiva y viable si se asume que el Acuerdo Final y Definitivo es parte del camino para ponerle fin a un conflicto armado cuyos determinantes y responsables han sido muchos en la sociedad colombiana y en las esferas del poder, los negocios y la vida social. La violencia armada utilizada para fines políticos y de negocios se instaló en Colombia durante muchas décadas y a costa del daño colectivo y millones de víctimas por acción y omisión desde todas las esferas de la sociedad.
AVANCES HACIA NUEVOS ACUERDOS
Pueden ser muchos los criterios con los cuales nos acercamos a esta conversación y el lograr unos mínimos es parte del ejercicio. Entre esos criterios pueden caber los siguientes:
- El objetivo es propiciar la solución política del conflicto incluidas transformaciones democráticas – institucionales, económicas y sociales – que le abran caminos a una paz sostenible y duradera.
- La referencia para las propuestas es el texto del Acuerdo Final sometido a refrendación el pasado 2 de octubre, a partir del cual se busca un Acuerdo Definitivo.
- La viabilidad de las propuestas se califica en tanto no signifiquen en su formulación o en sus consecuencias prácticas el desconocimiento del conflicto armado interno, del Estado Social de Derecho o la pretensión de sometimiento o claudicación de las partes firmantes o de grupos de interés implicados. Ni capitulación ni reformas imposibles.
- Es importante sopesar todas las iniciativas desde promotores del NO en el Plebiscito, como las de promotores del SÍ que consideran oportuno hacer el acuerdo más democrático e incluyente para el conjunto de la población.
- Se han escuchado voces de líderes nacionales que proponen enmiendas o nuevas formulaciones en temas clave del AF pero no se han atendido las propuestas que se vienen haciendo desde sectores sociales y desde las regiones. Es importante propiciar espacios para su participación.
- No debe desestimarse la demanda de inclusión en las movilizaciones y en las regiones. El rechazo a un “pacto de élites” es significativo.
Para un diálogo útil es importante aceptar que unos son los momentos y escenarios del diálogo y otros los de la negociación.
CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS
El diálogo útil significa entre otros ubicar las propuestas en la estructura del AF. A manera de ejemplo de temas en discusión menciono los siguientes:
- Frente al blindaje jurídico no debe cambiar el objetivo de un compromiso de Estado de implementación de los acuerdos. No dejarlos al vaivén de los cambios en gobiernos y el Congreso de la República. La inclusión en el bloque de constitucionalidad por un periodo de 10 o 15 años, prorrogables es una buena fórmula y aún no se han presentado alternativas mejores. Otra opción –equivalente- es un ACTO LEGISLATIVO mediante el la cual el Congreso de la República asuma que toda implementación del AFD, -sea por acto legislativo, ley o acto administrativo– debe cumplir con sus lineamientos y contenidos.
- Es posible introducir aclaraciones o complementos a la Jurisdicción Especial de Paz, pero debe mantenerse como instrumento autónomo de justicia transicional. En relación a las graves violaciones a los derechos humanos y a las normas del DIH y demás del derecho internacional de los DD.HH. el Tribunal de Paz debe cobijar a todos los implicados sean militares, excombatientes, agentes del estado, organizaciones económicas o sociales o personas naturales. Las opciones de restricción de la libertad para quienes resulten condenados por crímenes internacionales pueden ser revisadas y deben tener en cuenta las características de los implicados según la organización, institución y jerarquía. Esas restricciones, para todo tipo de personas que tengan sanción penal en el Tribunal de Paz, tendrán efectivo cumplimiento en lugares no carcelarios que tengan control real de la autoridad competente y permitan acciones de reparación y reconciliación.
Sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político o la contrainsurgencia debe mantenerse lo definido por la Corte Suprema de Justicia y aplicado para postulados en aplicación de la Ley 975 de 2005, que sólo acepta el régimen de beneficios judiciales si esas actividades y otras relacionadas no sirvieron al lucro individual y se realizaron para financiar la actividad insurgente o contrainsurgente. Se supone que la calificación de conexidad para la obtención de beneficios obliga a la contribución a los Programas Nacionales Integrales de Sustitución.
- En lo relativo a desarrollo agrario es pertinente hacer aclaraciones o complementos que reafirmen el respeto a la propiedad privada en todas las modalidades previstas en la Constitución Política –individual, colectiva, asociativa, empresarial, de personas jurídicas o naturales, étnica o estatal-.
De la misma manera se puede aclarar que la Reforma Rural Integral contempla todas las formas legales de producción en pequeña, mediana o gran escala; las políticas de apoyo a la economía campesina, familiar o de pequeña propiedad se entienden compatibles y relacionadas con el conjunto del la economía del país y de la ruralidad.
El Fondo de Tierras se integrara con predios baldíos de la nación, procedentes de procesos de extinción de dominio, de reordenamiento de territorios de propiedad del Estado, donaciones y compra de predios que no cumplan con los preceptos constitucionales sobre la función ecológica y social de la producción. En este caso –de expropiación con indemnización-, se respetaran los procedimientos legales y aquellos que apruebe el Congreso de la República con estricto respeto a los derechos de los propietarios.
El Fondo de Tierras se reglamentará para garantizar el acceso de los campesinos a tierras de buena calidad y como parte de un programa integral que le ofrezca condiciones viables de sostenibilidad y mejora en los indicadores de ingreso y desarrollo humano.
El catastro multipropósito y el predial deben entenderse como parte de la formalización de la propiedad, el ordenamiento territorial, las finanzas municipales y el estimulo a la actividad productiva. El criterio democrático indica que la hectárea y la UAF en la pequeña propiedad o empresa no pueden pagar más impuesto predial que la mediana y estas no más que la gran empresa.
- En las políticas sobre cultivos declarados ilícitos, denominados de uso ilícito en el AF, no corresponde incluir el criterio de persecución penal o criminalización al pequeño productor de coca, marihuana o amapola. Sobre este tema debe mantenerse el enfoque de reconversión de las economías cocaleras o con cultivos de uso ilícito, con estrategias sociales y de sustitución de ingresos de las familias y no con estrategias de guerra, militarizadas o de erradicación compulsiva que han sido ya descartadas internacionalmente.
- Existe consenso en la importancia de la ampliación efectiva de la democracia para la sostenibilidad de los acuerdos y las reformas de construcción de paz y convivencia sin violencias. Todas las aclaraciones y complementos en esta dirección pueden ayudar a mostrar el AFD como de alto beneficio para el conjunto de la sociedad. Cabe reforzar lo relativo a la lucha en contra de la corrupción con fuertes sanciones a las personas, partidos, empresas y organizaciones que se apropien fraudulentamente de recursos o bienes públicos.
En lo que respecta a la formación de nuevos movimientos o partidos políticos surgidos de la aplicación del AFD deben fortalecerse todos los instrumentos y medidas para facilitar la trasformación de organización en armas a organización legal. Las leyes de implementación deberán ofrecer garantías y al mismo tiempo evitar medidas que signifiquen ventajas desproporcionadas.
REUNION DE DIÁLOGO ENTRE DEFENSORES DEL SI Y DEL NO – 27 de octubre de 2016.
- La reunión que realizamos en el Hotel Suite Jones fue un valioso ejercicio de diálogo entre personas que han tenido una papel destacado en la búsqueda de un nuevo acuerdo de paz después del triunfo del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
- Se constató la dificultad de comunicación y el ambiente de desconfianza que ha primado y debería superarse para bien del país.
- La atención se centró en la valoración del momento histórico y en la necesidad de crear espacios eficientes para que el llamado diálogo nacional permita intentar aproximaciones entre voceros representativos de las distintas posiciones.
- La conversación llamó la atención sobre la urgencia de contar con una metodología y una ruta que permita la interlocución constructiva; solo con esos elementos claros podrán llegar a la mesa opciones en los temas clave que han sido enunciados en textos de voceros del No y en propuestas desde quienes promovieron la refrendación y ahora toman iniciativas hacia el nuevo acuerdo o Acuerdo Final Definitivo.
- Sobre las propuestas de contenido se aportaron algunos elementos en la conversación sobre el papel de la Jurisdicción Especial de Paz y la importancia del enfoque de este acuerdo de solución negociada y no de sometimiento a la justicia. Otros puntos se mencionaron para llamar la atención sobre posibilidades de aclaración o de reformulaciones sin caer en el terreno de lo inviable.
- Sin desconocer la necesidad de lograr pronto un AFD se advirtió la conveniencia de reuniones entre los negociadores del gobierno y voceros representativos del NO y también de diálogos de la mesa con ellos y con voceros del SI que están construyendo opciones para el Acuerdo definitivo. Esto sin suplantar a la mesa gobierno – FARC como la instancia que toma las decisiones.
- En próximas reuniones se espera profundizar en temas sustantivos que son centrales en la discusión actual y que en esta ocasión no fueron abordados.
Anexos:
- Notas para la reunión – Camilo González Posso
- Documento de Francisco de Roux
Asistentes: Francisco Santos C. Paloma Valencia (Senadora), Tatiana Cabello (Representante), Iván Cancino (Abogado), Roberto Mora (Abogado), César Rodríguez (DeJusticia ). María Teresa Garcés Lloreda (constituyente – Paz Querida). Camilo González (Indepaz). Ángela Robledo (congresista Partido Verde). Pedro Acosta (Comisión de paz de iglesias ecuménicas). María Victoria Llorente y Sergio Guarín (FIP). Iván Orozco (Experto en Justicia Transicional. ALVARO Jiménez (campaña contra minas ), Diana Valenzuela y Joana Barney (Indepaz).