¿Un fiasco contra la paz de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
¿Un fiasco contra la paz de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
Por Camilo González Posso – Presidente de Indepaz
Como lo advierte la internacionalista Laura Gil (2022), la intervención del Presidente Iván Duque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede ser un fiasco para la paz de Colombia y para el futuro de la Misión de Naciones Unidas en el país.
La sesión del 12 de abril de 2022 es la penúltima que se realiza mientras Iván Duque esta de Presidente de la República y ha estado precedida de señales negativas. Como lo recuerda Laura Gil, el gobierno presionó para que se cancelara la invitación a los voceros de sociedad civil e hizo su lobby para que el informe de la Misión y del Secretario General en esta ocasión se llenara de aplausos a los llamados progresos del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz sin consignar los graves problemas señalados en el informe de febrero que, a juicio del Secretario General Antonio Guterrez, son un peligro para paz de Colombia en el próximo futuro.
Defendamos la Paz y muchas organizaciones han lanzado la alerta sobre las maniobras de ocultamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de estado que se vienen presentando en Colombia en contravía de la implementación del acuerdo de paz.
Como lo ha señalado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, informes anteriores de la Misión de Verificación de la ONU, OCHA y de otros organismos, se siguen cometiendo graves la infracciones contra los derechos humanos, contra las normas del Derecho Internacional Humanitario que atentan contra la paz en Colombia y le cabe responsabilidad al gobierno.
Esas graves violaciones han llevado a la Corte Constitucional a calificar como un “estado de cosas no constitucional” la situación de desplazamiento forzado que durante este gobierno le ha agregado, desde 2018 a la fecha, medio millón de colombianos que han tenido que abandonar su territorio (más de 400.000 según el registro nacional de víctimas) o que se encuentran confinados (200.000) como rehenes de grupos armados y de confrontaciones. Ver OCHA (2022) y Pares, (2022)
Según las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz y del CINEP en los últimos 4 años se han perpetrado en Colombia más de 2.500 homicidios sociopolíticos y se registran más de 130 desapariciones forzadas.
La situación contra la Constitución es señalada por la Corte Constitucional también por la falta de garantías a la vida y la integridad de los excombatientes que han firmado la paz y que suman ya 313 asesinados y más de 7.000 de un total de 13.000 que han sido desplazados por la fuerza de sus espacios de reincorporación. Lo mismo puede decirse de la responsabilidad del gobierno por omisión y por políticas insuficientes que ha permitido que más de 1278 líderes sociales hayan sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, con 853 durante el actual gobierno.
En este trimestre que es motivo del Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se registró un incremento de hechos violentos que atentan contra la paz. Eso se observa en el número de desplazados por la violencia armada, en asesinato de líderes y lideresas (42 en el primer trimestre de 2021 y 48 en el de 2022) y en las masacres que suman 27 entre enero y marzo de 2022.
La grave situación de violencia armada en contra de civiles va de la mano con la omisión de la responsabilidad que le cabe al Estado de garantizar el derecho a la paz. La ineficacia en la contención de la violencia, tal como lo señaló el Informe de la CIDH sobre violación a los derechos humanos en las protestas registradas en 2021, esta asociada a la implementación de estrategias de guerra contra la población civil que es calificada como terrorista o cómplice con grupos armados ilegales para justificar el uso arbitrario de la fuerza del Estado.
El gobierno de Colombia se ha negado a cumplir con la orden legal de promover en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la adopción de una Política Publica y un Plan de Acción para el desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales que atentan contra la paz y contra los líderes y personas defensoras de los derechos humanos.
En lugar de esa política de Estado en función de la paz, el gobierno ha promovido una política de guerra y de ocupación militarizada de territorios que es permisiva con graves situaciones de complicidad de agentes del Estado y de la Fuerza Pública con organizaciones narcoparamilitares, tal como lo han mostrado testimonios y denuncias publicadas en medios masivos de comunicación, sobre la complicidad y connivencia de altos mandos con organizaciones como el llamado Clan del Golfo en el suroccidente del país, en el Choco, Catatumbo, Caquetá, entre otros. (Ver declaraciones de los obispos de la región pacífico, de “Otoniel” y Medina C, 2022, en la Revista Sur)
La Misión de Verificación y el Consejo de Seguridad deberán tomar nota de la grave situación que se presenta en Colombia cuando el gobierno ha proclamado como legitima la estrategia de bombardear y disparar contra grupos de civiles que a su juicio se encuentran mezclados con criminales considerados de alto valor que pueden ser “dados de baja” en operaciones de aniquilamiento. Con ese argumento se ha disparado contra grupos de pequeños cultivadores de coca, como ocurrió en El Tandil en febrero de 2017 y recientemente en el municipio de Puerto Leguízamo en donde fueron asesinados 11 civiles que estaban en una fiesta comunal, con el argumento de que tenían información de inteligencia sobre la presencia del jefe de un grupo armado ilegal.
La penetración de los naracoparamilitares y narcotraficantes en agencias del Estado no es objeto de la debida atención por las autoridades pertinentes y por el contrario se toleran ordenes operacionales que utilizan alianzas con unos grupos criminales para combatir a otros que se definen como objetivos prioritarios.
El Consejo de Seguridad debería considerar el recortado informe presentado en abril junto con el que le fue entregado en febrero de este 2022 en el cual se destaca como problema mayor la falla en implementación integral y oportuna del conjunto del Acuerdo de Paz. En ese informe de febrero se constata que la gran amenaza de reorganización de la violencia requiere respuestas especiales de garantías de seguridad incluidas las que se asocian a un mayor avance en la reforma rural, en la política antidrogas y de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, en las reformas políticas, respuesta a las víctimas, garantías para los reincorporados y apoyo a la justicia transicional.
La sesión de abril de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia ocurre en medio de la grave crisis por la brutal agresión de Rusia en Ucrania y de las estrategias de guerras de expansión de la OTAN y de Estados Unidos por recuperar el terreno perdido en Europa. En ese contexto son posibles muchas maniobras y cortinas de humo para ocultar los incumplimientos en la implementación integral del acuerdo de paz en Colombia y la crisis humanitaria que golpea especialmente a la población en las regiones azotadas por la guerra desde hace décadas y a la población urbana que reclama derechos en medio de la grave crisis económica y pandémica del siglo XXI.
Es urgente que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad escuche la voz de las víctimas y de los defensores civiles de la paz y de los derechos humanos. Ya que en esta ocasión se aceptó borrar de la agenda a los invitados no gubernamentales, se espera que en la próxima sesión, que deberá realizarse en julio de 2022, se le de un lugar privilegiado a la presencia de voceros autorizados de la sociedad civil y al informe paralelo de las organizaciones defensoras de la paz en Colombia.
Bogotá D.C. 11 de abril de 2022
Anexos:
Registro de la Jurisdicción Especial para la Paz – Entre el 1 de enero de 2016 y el 7 de abril de 2022
Fuente, Observatorio INDEPAZ.
Anexos:
Registro de la Jurisdicción Especial para la Paz – Entre el 1 de enero de 2016 y el 7 de abril de 2022
Fuente, Observatorio INDEPAZ.
Registro de la Jurisdicción Especial para la Paz – Entre el 1 de enero de 2016 y el 7 de abril de 2022
Fuente, Observatorio INDEPAZ.
