Víctor de Currea-Lugo / enero 21 de 2019
Finalmente el ELN reconoció su responsabilidad en el ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. Una condenable acción que labró el repudio de los colombianos. Además de dejar 21 personas muertas, cerró las puertas a la negociación, pateó el apoyo de quienes creemos en la paz, reencauchó el Fiscal General, dio legitimidad al Gobierno de Duque y nos devolvió a la lógica de la Guerra contra el Terror.
El ELN no aprendió a hacer política. No leyó el rechazo que produjo la bomba del barrio La Macarena, el ataque al cuartel de Policía en Barranquilla, ni la larga cadena de acciones de las FARC que les llevaron a no lograr ser una alternativa política después del proceso de paz.
Responder en términos del derecho humanitario es creer que el conflicto colombiano es un asunto jurídico y no político. Realizar una acción de este tipo, reprochable, precisamente cuando el movimiento estudiantil retomaba sus movilizaciones y la sociedad se volcaba a pedir la renuncia del Fiscal es demostrar una alta incapacidad de leer el momento político y la realidad de la Colombia de hoy (esto no significa que bajo otras variables dicho ataque sea justificado).
