La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición, ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas, como para nosotros los postulados, que además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz, observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas, e incluso objeto de atentados, por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad.

Washington, D.C., Marzo de 2009

Honorable Senadora

PIEDAD CÓRDOBA

E. S. D.

Respetada Senadora:

En mi sitio de reclusión he conocido de las gestiones que usted, en compañía de otros Congresistas colombianos ha adelantado en la ciudad de Washington, indagando por el estado del proceso de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y de las preocupaciones que ha expresado por el futuro de este proceso, en particular en lo relacionado con la reparación a las víctimas, que cada vez pareciera más lejana por la extradición de quienes fuimos los máximos comandantes de las AUC y los tropiezos que desde entonces se vienen presentado para la reanudación de las diligencias en el marco de la Ley 975 de 2005.

Permítame expresarle Senadora, que comparto su preocupación, que sé que es la de las víctimas de nuestro accionar armado, por el cual he pedido perdón en varias ocasiones; y acepte mi agradecimiento por su preocupación por el futuro del proceso de paz.

Como consta en los expedientes adelantados por las autoridades judiciales de Justicia y Paz y en la memoria histórica del país, fui el primero de los comandantes de las autodefensas en desmovilizar las estructuras armadas bajo mi mando, cuando no se contaba siquiera con un instrumento jurídico que nos garantizara seguridad en las condiciones ofrecidas por el Gobierno Nacional para la desarticulación de nuestro aparato militar. También fui el primero en atender el llamado del señor Presidente de la República a recluirme en el Establecimiento Carcelario de la Ceja (Antioquia), desde donde posteriormente fui trasladado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, junto con los demás comandantes.

Mi voluntad de renunciar de manera definitiva a las armas y contribuir a la paz de Colombia, expresada desde hace ya casi un lustro, sigue siendo hoy la misma, pese a las dificultades que no solo yo, sino también mi familia, hemos tenido que afrontar desde entonces. Mi decisión inquebrantable de contar toda la verdad, no solo de nuestro accionar militar sino de la infiltración de las estructuras institucionales, políticas, económicas, militares y sociales en las zonas donde tuvimos influencia, ha sido evidente desde el inicio de las versiones libres ante la Unidad de Fiscalía Delegada para la Justicia y la Paz y en mis testimonios ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como evidentes han sido los resultados: la iniciación de innumerables procesos judiciales por vínculos de políticos, funcionarios públicos, líderes gremiales y personas representativas de las regiones con los grupos de autodefensa y la apertura de un debate ético sobre estas relaciones que fueron la constante en muchas regiones del país durante más de una década. Desde mi acogimiento a Justicia y Paz, a través de mis abogados, he venido realizando las gestiones pertinentes para entregar al Estado los bienes sobre los cuales ejercía el dominio o posesión, con fines de reparación económica a las víctimas.

Estos actos de verdad y reparación han sufrido grandes tropiezos a raíz de mi extradición. Las dificultades logísticas para la realización de audiencias y diligencias de versión libre desde los Estados Unidos están causando una dilación importante al trámite de los procesos, tanto en el desarrollo de las versiones libres, como en los trámites de entrega de bienes para reparación a las víctimas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, mi propósito de cumplir con los compromisos de verdad y reparación a las víctimas sigue incólume.

Senadora: La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición, ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas, como para nosotros los postulados, que además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz con la misma dinámica que se venían adelantando cuando estábamos recluidos en cárceles colombianas y sin poder hacer mucho al respecto, observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas, e incluso objeto de atentados, por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad. Entiendo que usted conoce estas dificultades y las ha transmitido a la opinión pública.

Estoy seguro, doctora Piedad, que usted puede jugar un papel importante y hacer un aporte trascendental, como el que ha realizado con éxito en otros escenarios del conflicto armado colombiano, para que el proceso de paz con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia no se frustre y con ello se sepulten las legítimas expectativas de verdad y reparación de las víctimas y del país en general. Por ello y conocedor de su genuino interés en evitar que esto pase, me permito invitarla a que se reúna conmigo y con los demás excomandantes de las AUC detenidos en cárceles norteamericanas, que, estoy seguro, comparten el mismo interés, con el fin de buscar puntos de encuentro y, de ser posible, acordar propuestas tendientes a evitar el estancamiento y virtual muerte de este proceso.

Agradezco de antemano su atención

Salvatore Mancuso