Si entre los 43 relatores especiales de Naciones Unidas cuatro son designados para que investiguen en detalle lo que pasa en Colombia, significa que es alta la preocupación en el mundo por las violaciones a los derechos humanos en este país, pero es de alarma general si esos relatores tienen que ocuparse de crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desplazamiento y desaparición forzada.
Y en esas estamos. Después de escuchar la rendición de cuentas que presentó Colombia en las sesiones del Examen Universal sobre Derechos Humanos realizada en Ginebra en diciembre pasado, cerca de 30 países levantaron la mano para hacer preguntas difíciles al delegado colombiano.
Pero mientras en todas partes del planeta cuando se habla de Colombia se piensa en la violencia crónica y en la peste del narcotráfico, por aquí nos hacemos los de la vista gorda. Los informes del Vicepresidente cuando regresa de Ginebra o Nueva York siempre repiten al mejor estilo del ‘Pibe’ Valderrama, “todo bien, todo bien, nos felicitaron, reconocieron el esfuerzo del Gobierno”, y la única mancha apareció cuando unos cuantos malagradecidos y antipatriotas se dedicaron a desprestigiar al país contando de muertes y responsabilidades estatales en lugar de lavar la ropa sucia en casa.
Eso de lavar la ropa sucia en casa cuando de lo que se trata es de violación a los derechos humanos no clasifica ni para Sábados Felices. Menos en esta era de la globalización de la información y de los derechos humanos. Se demoraron más planeando la presunta emboscada y asesinato de Edwin Legarda, el esposo de la dirigente del CRIC y de las marchas indígenas, que lo que tardó la noticia en dar la vuelta al mundo. Y así ocurre con todas las atrocidades que son asunto de todos los días en este país del “todo bien”.
Los relatores especiales
En el transcurso de 2009 tendremos, entonces, varias visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas, personalidades reconocidas en sus países e internacionalmente por su experiencia en los temas de las investigaciones extraconvencionales.
El profesor Philip Alston, quien hará el seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales, tiene entre sus credenciales haber sido presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para Derechos Económicos y Sociales y cabeza de misión en varios países. Vendrá el relator sobre Asuntos Indígenas, James Anaya, sorprendido por el rechazo gubernamental de ratificar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Margaret Sekaggia revisará la situación de los defensores de derechos humanos que siguen siendo calificados desde el Gobierno como simples disidentes o tolerantes con el terrorismo. Y Leandro Despouy examinará la situación de los magistrados de las Cortes permanentemente acusados por el Ejecutivo con toda suerte de descalificativos y forzados a pedir protección internacional ante el cerco que denuncian les han tendido desde el Das y otras dependencias adscritas a la Presidencia de la República.
Entonces no se trata de cuatro turistas o conferencistas de asuntos varios, sino de personajes de primera línea que vienen a un país problema. El solo anuncio de su misión ya es por lo menos una amonestación o una sanción política a un Estado o gobierno que no cumple satisfactoriamente los compromisos ante la comunidad de naciones. Sin embargo, aquí se trata de minimizar el significado de su mandato, presentándolo como un asunto normal o como una iniciativa oficial para demostrar el grado de transparencia o voluntad humanitaria del Gobierno.
Ciertamente es un tratamiento de excepción utilizado cuando la situación es muy crítica y crónica o existen problemas estructurales y evidente complicidad de agentes estatales en las infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Informes y más informes
Durante los últimos meses hemos tenido una verdadera avalancha de informes sobre la grave situación de derechos humanos en Colombia y por esto no suena impertinente la pregunta sobre el impacto que podrán tener cuatro más de los relatores especiales.
Después del Examen Universal de diciembre pasado, se dieron a conocer los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (19 de febrero, 2009) y el Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (25 de febrero, 2009). En ellos se reconocen los esfuerzos del Gobierno para mejorar el panorama pero señalan sin ambigüedad la gravedad de las violaciones ocurridas durante 2008, comenzando por los “asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas; colaboración militar insubordinada con nuevos grupos ilegales y paramilitares que se rehúsan a desmovilizarse; tortura y maltrato de detenidos; hacinamiento e inseguridad en prisiones; arrestos arbitrarios; impunidad; intimidación a la justicia, ineficiencia de esa justicia; persecución e intimidación de periodistas; condiciones antihigiénicas de asentamiento de personas desplazadas, con acceso limitado a salud, educación o empleo; corrupción; persecución a defensores de derechos humanos; violencia contra la mujer, incluidas violaciones”.
Y sigue la lista de graves transgresiones a los derechos que documenta en detalle el Departamento de Estado indicando como responsables a agentes estatales o de la fuerza pública. En este informe como en el de la Alta Comisionada, la lista de infracciones por parte de la guerrilla o de los grupos surgidos de la desmovilización paramilitar es igual de larga, pero llama la atención la crudeza con la cual señalan responsabilidad desde esferas estatales.
A todos estos informes y a los presentados dentro del país por entidades de control y varias ONG se sumarán los de los relatores. La presión sobre el Gobierno y sobre los grupos ilegales llegará por alguna vía así todos se empeñen en no darse por aludidos. Por lo pronto, el Ministro de Defensa está repitiendo que desde octubre de 2008 desaparecieron los falsos positivos.
Ya veremos.
Por Camilo González Posso,
Indepaz
