Notas a mano alzada
Por: Carlos Eduardo Espitia Cueca
ENCUENTRO COCALERO DEL CATATUMBO
Notas a mano alzada
Por: Carlos Eduardo Espitia Cueca
Investigador de Indepaz
Un repaso por la metodología
El 15 y 16 de diciembre se encontraron campesinos cultivadores de coca del Catatumbo en el municipio de El Tarra. A la reunión también llegaron los indígenas Barí de los resguardos Catalaura y Motilón-Barí, pobladores vecinos a las zonas cultivadas con coca y representantes de algunos gremios económicos. El encuentro, facilitado por dependencias del Gobierno Nacional, daba cumplimiento al anuncio realizado el 26 de agosto por el Presidente Gustavo Petro, en el que indicó que en el Catatumbo se realizaría “la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca”.
La metodología para el primer día se dividió en dos momentos, en el primero, se presentaron una serie de ponencias por parte de estudiosos del tema, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales -algunas de esas intervenciones se comparten al final del texto-. Allí, los intervinientes expusieron entrono a tres ejes temáticos: 1) Catatumbo, territorio de paz total: una mirada desde la problemática de la Coca; 2) La problemática de la Coca, el desarrollo regional y la economía productiva; 3) Ordenamiento territorial, medio ambiente y la problemática de la Coca.
En el segundo momento alrededor de 2.500 personas se dividieron en más de cincuenta mesas de trabajo para discutir y construir propuestas entorno a los tres ejes y, en un cuarto, dedicado a los indígenas Barí. Luego, las personas relatoras se encargaron de concretar cuatro documentos, uno por eje temático. Al siguiente día, en la plenaria general, estos documentos fueron leídos y entregados al Presidente.
Hubo un sentimiento de esperanza. Fue un paso para recuperar la confianza de las comunidades con la institucionalidad. Propició el reencuentro de diversos procesos organizativos distanciados, entre otras, por los incumplimientos del Estado.
Una mirada general a las propuestas
Sin lugar a dudas la propuesta con más eco, incluido el de Gustavo Petro, fue la gradualidad.
Esta idea no es nueva, ha venido siendo elaborada años atrás por procesos organizativos campesinos, incluso fue discutida en las negociaciones de La Habana. En el encuentro fue planteada en las relatorías de las mesas de trabajo y por varios de los expositores, uno de ellos, Felipe Tascón, Director de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, quien se refirió a cómo el Acuerdo de Paz de 2016 condicionó la inversión del Estado al levantamiento de la mata, obligando al campesino a “soltar el bejuco”, volviéndolos víctimas de una “solución errada” -esto como antesala al anuncio de la necesidad de reformular los PNIS para que no se trate de “sustituir una mata por otra” sino para lograr una “sustitución de ingresos”-.
En términos generales, lo que plantea la gradualidad es ir sustituyendo el cultivo de coca a medida que el otro cultivo o actividad económica le va garantizando ingresos a la familia campesina, manteniendo la estabilidad económica y evitando el regreso a la coca bajo condiciones de dependencia del narcotráfico y los armados ilegales.
Si bien, el enunciado de una política de sustitución gradual resulta bastante lógico en zonas cocaleras con peso de economías campesinas, no puede ser aplicada como formula general, pues hay que tener en cuenta las diferencias entre regiones y poblaciones. Quedan entonces cuestiones desde el qué hacer, pues la gradualidad no parece ser una opción en zonas de especial protección ambiental (ZRF y PNN). Ni en agroindustrias de la pasta básica y la cocaína manejadas directamente por narcos y terror sicarial. Ni en territorios colectivos. O preguntas sobre los tiempos de la gradualidad. O sobre ¿Cómo afrontar las geometrías del poder emergentes del narcotráfico y el prohibicionismo: mafias, narcotraficantes, grupos armados ilegales, empresarios corruptos y agentes del Estado cómplices?
Conscientes de estos retos y en la perspectiva de sustitución de ingresos y no de cultivo, se esbozaron iniciativas de organización comunitaria, infraestructura y consolidación de sectores económicos populares. Estuvo presente la necesidad de la asociatividad, no solo para producir también para transformar y comercializar; y, la importancia de establecer seguros al cultivo, garantías de compra de cosechas por parte del Estado y otros sistemas de comercialización como la venta de cosechas y productos en supermercados locales y la integración económica de la región con Venezuela. Todo de la mano de políticas de industrialización del campo, con la infraestructura necesaria para la transformación de las cosechas, para la comercialización de productos -¡vías!- y para la capacitación y asistencia técnica. Sobre ello, el Presidente indicó que se encontraban avanzando en el proyecto vial Ocaña-Tibú y anunció el inicio de la construcción de la Universidad del Catatumbo en el mes de abril de 2023.
Frente a alternativas al uso de la coca, los indígenas del pueblo Barí, reconociendo la planta medicinal como parte de sus usos y costumbres, plantearon establecer un modelo económico como fuente de ingresos sustentado en sus principios y valores culturales y la realización de una Convención Nacional Indígena sobre usos y costumbres de la coca .
Otro eje de las propuestas se ubicó en lo que los Barí llamaron “Cuidado y armonización del territorio ante su profanación”. Allí se mencionó la necesidad de “restaurar, reforestar, conservar y armonizar espiritualmente el territorio” y se platearon un conjunto de acciones en este sentido, donde realizar un congreso tripartita Barí-Campesinos-Gobierno sería el espacio para acordar mecanismos de reforestación y conservación, por ejemplo, a través de un acuerdo con campesinos para el pago por servicios ambientales. Allí, se deberán buscar otras alternativas para campesinos que quieran continuar cultivando/produciendo -productos diferentes a la coca-.
El Presidente Petro, reconoció el anterior punto como algo urgente y que se puede implementar de inmediato, incluso ampliando las zonas de conservación y generando un ordenamiento alrededor del agua, elementos que se integran con el eje ordenamiento territorial del Catatumbo, en el cual además se contemplan la implementación de la Reforma Rural Integral, el Catastro Multipropósito, la Zona de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA). Frente a este ordenamiento es necesario tener en cuenta expectativas del pueblo Barí sobre sus ampliación, saneamiento y delimitación de su territorio, las cuales tienen respaldo en la Sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, y el traslape con la ZRC y los TCA.
También se hizo un llamado a la revisión y redireccionamiento de programas y marcos legales. En primer lugar, frente al PNIS, sobre el cual se dejaron entrever algunos lineamientos que marcaran su ajuste, por ejemplo, además de la ya mencionada gradualidad, ampliar su alcance a todas las zonas cultivadas con coca así no hayan firmado acuerdo de sustitución voluntaria, descentralizar su institucionalidad y terminar con la tercerización en los servicios contratados para implementar el programa. Segundo, modificar la medición de los PDET, no por número de iniciativas sino por su impacto real e incluir municipios de la región que quedaron por fuera. Tercero, en relación con otros instrumentos como el Código Minero, los tratados de libre comercio y aquellos relacionados con infraestructura y equipamientos en el sector salud, saneamiento básico, entre otros.
Otros elementos no menos importantes: cumplimiento de la implementación de la Ley de Trato Penal Diferencial; realización de la Conferencia internacional sobre coca, para lo cual se propuso Tibú como sede; reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, donde se garanticen las libertades de organización y expresión; acuerdos con grupos armados ilegales cuyo sustento esté en la garantía de derechos de las comunidades y los territorios; cultura de paz que rompa con la estigmatización de los campesinos y de la hoja de coca.
Es preciso resaltar, que se todas la intervenciones hicieron énfasis en que es fundamental para concretar cada una de las iniciativas y mecanismos antes mencionados que existan procesos participación y de planeación popular y no formulaciones genéricas y desde el centro del país, los cuales deben estar acompañados de veedurías ciudadanas.
A continuación se comparten las intervenciones realizadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ; el Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-; y, la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
