Parques solares en territorios étnicos wayúu

Camilo González Posso

Presidente de Indepaz

Junio de 2023

A diferencia de lo que ocurre con los proyectos de parques eólicos, con los parque solares no se presentaban muchos conflictos con comunidades étnicas al comenzar el 2023.

En territorio del Resguardo de la Media y Alta Guajira, no obstante las condiciones de irradiación que tienen más de 4,5 kw/m2 día, son pocos los proyectos de granjas solares que se han iniciado. En este resguardo, se están impulsando micro proyectos para electricidad en viviendas y en pequeños negocios familiares, muchos de ellos con apoyo del IPSE del Ministerio de Minas y de algunas agencias de cooperación. En junio de 2023, en toda La Guajira estaban en gestación más de 500 micropropoyectos con paneles y baterías.  (IPSE, 2023).

En los municipios del sur de La Guajira, con corte a mayo de 2023, figuran con registro vigente  seis parques con capacidad de 1.107 MW que iniciaran operaciones antes de terminar 2026  (UPME, 2023). Según afirmaciones hechas en 2022 por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, las 3.000 hectáreas que ocuparan los parques y algunas servidumbres no se superponen con territorios étnicos. Se trata de predios en los municipios de San Juan del Cesar, Albania y El Molino.  Otros trece parques figuraban en mayo de 2023 con registro prescrito porque no tienen actualizada la información o han suspendido el proceso; quedan en los municipios de Maicao,  Riohacha, San Juan del Cesar y el Molino. A pesar de figurar como prescritos su huella de trámites indica la posibilidad de que se retomen en esta década y agregarían hasta 2.093 MW. En todos estos casos se requiere claridad sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las áreas que ocuparían los parques o granjas solares. Las comunidades han alertado sobre la necesidad de superar prácticas, desde las entidades gubernamentales competentes, que han desconocido las condiciones étnicas de territorios escogidos por grandes empresas para sus inversiones.

Por otro lado, la participación y consulta con las comunidades guajiras, no definidas como étnicas, es un punto especial a considerar en esos planes de instalación de parques solares con alto impacto territorial. Con la definición de proyectos de interés nacional y estratégico – PINES -, aunque se trata de energía renovable, sigue pendiente el interrogante sobre las normas para que las empresas dispongan de zonas de servidumbre y de un perímetro de seguridad como rige en proyectos mineros.

Además, la Ley 2099 del 2021 extiende a los proyectos de energías renovables no convencionales la calificación de utilidad pública e interés social, público y de conveniencia nacional lo que, si se aplican las normas que rigen en la minería e hidrocarburos, significaría que cualquier propiedad privada que sea requerida para el desarrollo del proyecto debe ser vendida de conformidad con las normas de expropiación con indemnización.  Para especialistas en derecho ambiental, así lo dispone la  Ley 1508 de 2012 sobre PINES que regula la expropiación por razones de interés nacional en obras de infraestructura, urbanismo,  energía,  minería entre otras  (Entrevista2, 2023).

Tabla 10. Parques con registro vigente. La Guajira con corte a mayo de 2023

Fuente: UPME, 2023                                                           

Tabla 11. Parques que figuran prescritos por no reporte de avances o por haber suspendido el desarrollo. La Guajira con corte a mayo de 2023

Fuente: UPME, 2023.                                               

La instalación de granjas solares en territorios étnicos requiere replantear la ruta seguida en los gobiernos anteriores para los parques eólicos de modo que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Las comunidades de La Guajira, y en particular las wayúu, han exigido el respeto a su propiedad colectiva y al dominio del Eirrúku que está en la base. Esto significa el ejercicio del consentimiento previo, libre e informado desde la gestación de cualquier proyecto de inversión externa, respetando el derecho a veto y los usos y costumbres para la toma de decisiones.

No hay que olvidar que el Estado tiene una deuda histórica con este pueblo que ha sido mantenido sin servicios básicos de agua, saneamiento, electricidad, conectividad. Por esto la prioridad sentida por la población wayuu es la dotación de servicios públicos a cargo del Estado, sin delegar a las familias y Eirrúkus la responsabilidad de autogeneración para el consumo en las viviendas y sus actividades tradicionales. Y sin presentar la electrificación y demás servicios como si fuera el pago o la compensación por ceder el territorio o participar en alguna asociación.

Las propuestas de comunidades energéticas y de asociaciones para la electrificación solar de las rancherías han sido consideradas en La Guajira y en territorio wayúu. Los voceros de las comunidades han reclamado información suficiente y oportuna sobre estos proyectos que identifican con el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los servicios públicos y no como una forma de privatización de las instalaciones y el mantenimiento.

Desde la década pasada los gobiernos han ofrecido el territorio wayúu para proyectos de energía de multinacionales y grandes corporaciones y a cambio han prometido paneles solares para las rancherías. Los parques eólicos y grandes granjas solares se han promovido para que las empresas vendan energía al Sistema Integrado Nacional, según contratos hechos a espaldas de la gente y formalizados en subastas sin consulta previa. Dada la dificultad de contar antes de 2030 con redes de evacuación o colectoras suficientes, se ha considerado la idea de producir hidrógeno verde destinado en su mayor parte a la exportación  (BID, 2020).

Se habla de un potencial, en el mapa y el Excel, de más de 20GW de energía solar fotovoltaica que exigiría instalaciones en más de 30.000 hectáreas y también se proyecta antes de 2030 llegar a 6.000 aerogeneradores para producir más de 20 GW ocupando con parques, redes y vías buena parte del Resguardo de la Alta y Media Guajira  (González y Barney, 2019). Esto sin contar los parques costa afuera y los proyectos de explotación de gas y reductos de carbón. Pero no se habla de lo que significaría semejante ocupación del territorio en “desplazamiento forzado por desarrollo” del pueblo wayúu. En teoría sería una operación que exige superar problemas técnicos, sociales y financieros de alta dificultad. Esa perspectiva de ocupación y cambio de uso del territorio es incompatible con la pervivencia del pueblo wayúu y supondría la determinación libre e informada de transformarse en empresarios o rentistas de la energía que seden el territorio por un siglo y se convierten en comunidades urbanas o en asalariados en otras tierras.

La hipótesis nula es aquella que se formula sabiendo su dificultad y sirve para analizar escenarios y prefigurar futuros. Si lo que se vislumbra es un desastre o cambio radical, la hipótesis nula ayuda a formular alternativas. Ese parece ser el caso de la idea de transformar el territorio del pueblo wayúu en parques eólicos y solares.  

En otra escala se encuentra la alternativa de concertar parques/granjas solares en un espacio delimitado, que sea compatible con la pervivencia del pueblo wayúu si son ellos los que ponen de verdad las condiciones, armonizando iniciativas empresariales controladas con la permanencia de su identidad, autonomía y propiedad colectiva.

En los diálogos realizados en 2022 para definir la ruta de las energías renovables en La Guajira, las comunidades y autoridades distinguieron los proyectos fotovoltaicos en el sector urbano y áreas cercanas, de los proyectos para población rural en los resguardos y territorios guajiros.

La posibilidad de comunidades energéticas autónomas ha sido vista con limitaciones en un esquema de autogestión por las exigencias en mantenimiento y de almacenamiento. Suponiendo que la inversión en equipos, redes, infraestructura y personal calificado es garantizada por el Estado, preocupa la sostenibilidad del suministro de energía durante más de 25 años que es la vida útil de los paneles solares; agregando que las costosas baterías deben ser renovadas cada 7 años, en promedio, y con más frecuencia si están expuestas a los impactos ambientales cerca al mar. Esta tecnología está en acelerado cambio pero depende de los precios del plomo o del litio.

En zonas urbanas o de poblados de La Guajira el esquema considerado incluye la inversión y gestión pública con tarifas subsidiadas, acompañada de veedurías comunitarias. El municipio o las comunidades, según sus costumbres, asignarán los terrenos para la ubicación de los parques o para instalaciones menores.

En las zonas rurales de población dispersa se han considerado proyectos por predio o, si se trata de territorio étnico por resguardo, ranchería o Eirúku. Estas iniciativas pueden complementar los planes públicos de electrificación rural y acuerdos entre el Estado, comunidades y grandes proveedores (IPSE, 2023).

Las formas de asociación o el tránsito a comunidades de energía con autonomía dependen del nivel de organización en el territorio, del avance en la formación técnica y gerencial y de una rigurosa evaluación de costos y beneficios.

No escapa a la perspectiva de electrificación fotovoltaica la necesaria regulación de la producción que proyectan grandes empresas en La Guajira, algunas de las cuales pretenden hacerlo en territorio étnico wayúu y al interior la línea negra que delimita el territorio de los pueblos Tayrona. Las que se proyectan en territorio étnico, ateniéndose a las malas experiencias de los enclaves eólicos, deberán pasar por el licenciamiento social y por considerar formas de asociación comunidad – estado – empresas.

Bibliografía

IPSE. (29 de junio de 2023). GOV.CO. Obtenido de IPSE.GOV.CO: https://ipse.gov.co/blog/2023/06/29/moderno-sistema-de-generacion-de-energia-solar-para-comunidades-conectara-por-primera-vez-a-mas-de-mil-usuarios-en-uribia-la-guajira/

UPME. (30 de mayo de 2023). Registro de proyectos de energía solar, corte a 30 de mayo de 2023. Bogotá, D.C., Colombia.

Entrevista2. (15 de marzo de 2023). Normas para energía renovable en Colombia. Valledupar, Cesar, Colombia.

González, C. y Barney J. (2019). El Viento del Este llega con revoluciones, Multinacionales en territorio Wayúu. Bogotá: Indepaz.

BID. (25 de julio de 2020). Ruta del hidrógeno en Colombia. Bogotá, D.C., Colombia.