Los datos disponibles sobre la evolución de las violencias en Colombia no respaldan la idea de que las conversaciones o los acuerdos de paz hayan sido la causa del fortalecimiento de las organizaciones armadas ilegales o del deterioro generalizado de la seguridad. La Tabla 1 muestra que la tasa nacional de homicidios ha mantenido una tendencia descendente durante más de dos décadas. El descenso más pronunciado comenzó a partir del año 2000, se aceleró tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005 y volvió a registrar una reducción significativa durante las negociaciones de La Habana y después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

La tendencia de largo plazo: disminución de la violencia y procesos de paz

Esa evolución responde a múltiples factores. Sin embargo, no puede desconocerse que los procesos de paz constituyeron una de las variables más importantes de esa reducción. Comparada con la primera década del siglo XXI, la década posterior al Acuerdo del Colón registra menores niveles de violencia asociados a la confrontación armada. Las distintas fuentes coinciden en señalar disminuciones en las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los atentados terroristas, las muertes de integrantes de la Fuerza Pública, los ataques contra la infraestructura petrolera y energética y, durante varios años, también en las masacres y los homicidios relacionados con el conflicto armado (Tabla 2).

El período de mayor reducción de las violencias entre 2002 y 2026 se concentró entre 2014 y 2018, cuando coincidieron el avance de las negociaciones de La Habana, el cese bilateral de hostilidades y el inicio de la implementación del Acuerdo del Colón. A partir de finales de 2018 la tendencia dejó de ser uniforme. Mientras algunos indicadores continuaron mejorando, otros comenzaron a deteriorarse, especialmente el desplazamiento forzado, la extorsión o exacción, el secuestro extorsivo y diversas modalidades de homicidio selectivo y sicariato. En, al menos, doce subregiones del país, la disputa por el control territorial, las economías ilegales y las rentas criminales sustituyó a la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales como principal motor de la violencia.

El aumento de los atentados terroristas y de los ataques contra la infraestructura durante el período 2022-2026 se concentra, en su mayor parte, en los departamentos y regiones donde las Fuerzas Militares incrementaron las operaciones ofensivas desde finales de 2023 y, especialmente, durante 2024 y 2025, con un despliegue aún mayor en 2026.

Como lo han señalado la doctrina militar colombiana y diversos análisis sobre la dinámica del conflicto armado, el incremento de las operaciones ofensivas suele generar, en una primera fase, respuestas defensivas y contraofensivas por parte de los grupos armados ilegales, expresadas en hostigamientos, atentados terroristas, sabotajes a la infraestructura y empleo de artefactos explosivos y minas antipersonal, antes de que la presión militar produzca efectos sostenidos sobre sus capacidades operacionales (Comando General de las Fuerzas Militares, 2018; Comisión de la Verdad, 2022). En ese sentido, el Manual Fundamental del Ejército MFE 3-0 Operaciones señala que: “Las operaciones ofensivas generan reacciones del enemigo orientadas a recuperar la iniciativa, conservar la libertad de acción o afectar la moral de la población y de la Fuerza Pública” (Comando General de las Fuerzas Militares, 2018).

Este comportamiento ha sido particularmente evidente en el Cauca, el Catatumbo, Arauca, el sur de Bolívar, Guaviare y el Bajo Cauca antioqueño.

En contraste, en las zonas donde se han desarrollado conversaciones acompañadas de compromisos unilaterales de no realizar acciones ofensivas, como Nariño y Putumayo, se ha registrado una disminución de diversos indicadores de violencia, entre ellos las tasas de homicidio, las víctimas de minas antipersonal, los asesinatos de líderes sociales y los secuestros. La dinámica de violencia en centros urbanos es distinta a la de las regiones críticas con presencia de grupos armados organizados (GAO, GAOML), aunque hay interrelaciones. En los casos de Medellín, Buenaventura y Quibdó, se ha mostrado que conversaciones y pactos entre grupos delincuenciales locales han facilitado la disminución de homicidios y otros actos violentos contra la ciudadanía o entre ellos. Son situaciones inestables que no son equivalentes al desmantelamiento pero que alivian la situación para la población y dan mayor espacio para iniciativas estructurales desde el Estado y las autoridades locales.  

Durante el cese bilateral al fuego con el EMBF, vigente entre abril de 2024 y junio de 2025, disminuyeron los indicadores de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y de otras conductas contra la población civil incluidas en los protocolos de compromisos y prohibiciones. Otros fenómenos no contemplados en esas prohibiciones, como la extorsión, fueron definidos como objetivo de la acción represiva del Estado, con instrucciones expresas para que la Fuerza Pública los incorporara dentro de las operaciones ofensivas (González, 2026; Cabezas, 2025).

La contradicción que muestran las cifras frente a algunos discursos resulta evidente. Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve a presentar la guerra como la principal solución al problema de la violencia, la experiencia acumulada durante los últimos veinticinco años muestra que las reducciones más profundas coincidieron con procesos de negociación política y con la desmovilización de grandes estructuras armadas, mafiosas y narcoparamilitares. La fuerza militar puede contener, degradar o fragmentar organizaciones ilegales; pero ninguna evidencia disponible para el caso colombiano demuestra que, por sí sola, haya sido capaz de desmantelar los regímenes de poder y acumulación que las reproducen. Ese sigue siendo el gran desafío de una acción integral del Estado, por el camino de la paz, la democracia participativa y la solidaridad proyectadas por la Constitución Política desde su promulgación en 1991.