Fue mal presagio que la Ley 1728 pasara de inmediato a la clandestinidad y que se perdiera el segundo folio que contiene el parágrafo 2 destinado “exclusivamente a familias pobres”. Semanas antes el gobierno había decidido retirar del Congreso de la República el proyecto radicado por el ministro Lizaralde que pretendía cambiar los artículos de la Ley 160 que han sido violentados por los grandes inversionistas concentradores de predios en la Altillanura. En plena campaña de reelección, al Presidente–candidato le dio vergüenza o le pareció un mal cálculo electoral darle el visto bueno a un proyecto que sus asesores de paz calificaron como un golpe contra los acuerdos en La Habana y sus asesores económicos como inoportuno.
