No solo se habló de cocaína. También sobre marihuana y los cultivos utilizados para la producción de sustancias sicotrópicas. Pero en los comunicados de cierre de la ronda 18 el pasado 20 de diciembre no se informó de los avances en la materia. Humberto de la Calle hizo declaraciones generales sobre la importancia de lo logrado en 2013 y los voceros de las FARC prefirieron despedir el año con un mensaje sobre la propuesta de Asamblea Constituyente.
No obstante los silencios, por otros medios se han conocido los nudos difíciles de desatar en esas conversaciones sobre cultivos y drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo saber que para ellos las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos son una pieza clave a mantener y lo mismo las pretensiones de extradición de los miembros de la cúpula de las FARC acusados por narcotráfico en las cortes que de ese país. (Informe del Washington Post, 22 de diciembre de 2013). De esta manera hemos sido notificados de que sobre este asunto las negociaciones son a cuatro bandas; una de ellas se refiere al reordenamiento de la política antidroga que tienen que pactar Santos y Obama con la atenta mirada del Comando Sur y de los congresistas que han hecho seguimiento a la guerra con químicos que ha impactado en 1,7 millones de hectáreas y en parcelas de 300.000 familias. Al fin de cuentas la dirección de esa guerra ha recaído en buena parte en la DEA, la CIA o en los ordenadores del gasto de más de 8.000 millones del dólares del Plan Colombia y planes de consolidación y reconstrucción territorial. ¿Existe una agenda bilateral en esta materia? ¿Está Obama alineado con la necesidad de otra política frente a los campesinos cultivadores que termine con lo que se diseñó hace 20 años como estrategia de guerra?
Algunos funcionarios del gobierno que han estado al frente de los Planes de Consolidación o Plan Colombia III, se quisieran ahorrar la necesaria negociación con Estados Unidos y limitar los acuerdos con los campesinos cultivadores o con las guerrillas que operan en esos territorios de la economía de la coca, a experiencias marginales de erradicación voluntaria sin ajustes importantes al conjunto de la estrategia.
Con esta inflexibilidad no llegaran muy lejos y sobre todo desaprovecharan la oportunidad de hacer un cambio radical de todo el panorama de cultivos y de trafico de cocaína o marihuana.
La ruta para acuerdos en este tema de cultivos utilizados para producir drogas la han señalado los campesinos del Catatumbo, los cocaleros reunidos en San José del Guaviare en octubre y en Bogotá el 11 de diciembre: con su participación organizada se puede hacer un acuerdo de cero cocaína, es decir de reducción radical de la oferta de hoja de coca o pasta básica para la producción ilegal de clorhidrato de cocaína. En el pliego presentado por la MIA en el paro agrario nacional, proponen concertar distintas medidas para una política alternativa de sustitución de esos cultivos de usos ilegales, entre las cuales están planes territoriales económicos y sociales integrales, un fondo especial, aprovechamiento industrial y sanitario de las plantas y un nuevo marco legal que descriminalice al campesino productor y lo vincule en forma organizada a proyectos de vida.
En este enredo de la guerra antidroga, asumida por Estados Unidos en Colombia como guerra antiterrorista, es importante que se avance por partes y se distingan los interlocutores. Un acuerdo con la guerrilla en esta materia estará cerrado cuando todo este negociado, es decir en el 2015; el replanteamiento internacional de la política antidroga y su conexión con las estrategias de seguridad está madurando pero se llevará esta década para mostrar la otra cara; en cambio es posible que se avance en acuerdos con los campesinos cultivadores que tienen otra urgencia y necesitan respuestas inmediatas para salir de la trampa de pobreza y violencia en la que los han arrinconado. Como han repetido sus lideres, al gobierno le preocupa la droga, a los campesinos que no reciben por cultivar coca más de quinientos mil pesos mensuales, lo que les preocupa es el hambre.
Mientras en La Habana anuncian acuerdos preliminares y el gobierno de Santos hace sus arreglos con Obama, en los nueve departamentos en donde se concentran los cultivos de coca y marihuana se pueden adelantar planes regionales concertados con las comunidades y autoridades territoriales, para mostrar que es posible otro camino y otro futuro para la gente. Esa es la oportunidad de ensayar territorios de paz y ese el reto a la imaginación.
