Es la resistencia a la transición hacia la paz. Los problemas que se están presentando en los territorios tienen que ver con dinámicas de acumulación de rentas, de poderes, de gente que se acostumbró a la guerra, a hacer negocios, política y justicia con armas. Ahora, cuando se retiraron las Farc de esos territorios, cambió todo el juego en muchos municipios de Colombia.
Por. YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
El Gobierno ha resuelto reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que desarrolla el acuerdo de paz de La Habana. La ley le definió una función clara de formular, diseñar planes y coordinar acciones para atender situaciones como la que vivimos por la violencia de grupos criminales que están dedicados a asesinar y desplazar o amenazar a líderes y comunidades.
El exministro de Estado Camilo González Posso es actualmente presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Esa institución está dedicada a investigaciones académicas sobre la paz, al igual que a la pedagogía y apoyo a comunidades en varias regiones del país. González fue cofundador del Polo Democrático y era militante de la Alianza Democrática M-19 cuando el entonces presidente César Gaviria lo nombró ministro de Salud.
Somos 14 sus integrantes.
Una comisión tan numerosa ¿qué puede hacer para frenar la matanza de líderes?
Lo que pasa es que ahí están todos los poderes del Estado relacionados con la política de seguridad: El Presidente, ministros, Fuerza Pública, Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo, con participación de miembros de la sociedad civil.
¿Y sí es eficiente una comisión con tantos y tan altos funcionarios?
Va a funcionar apoyada por una subcomisión y varios comités. Y coordinados con el Plan de Acción Oportuna.
¿Cuál es el diagnóstico de lo que está sucediendo? ¿Por qué están amenazando a los líderes de las comunidades?
Por intereses de control de territorios y poderes locales y por el ambiente de intolerancia o estigmatización. Es cierto que con los acuerdos de paz han disminuido los más importantes indicadores de violencia, como los homicidios, desplazamiento, secuestro, desaparición, muerte de combatientes. La situación ha cambiado en forma sustancial, pero estamos ante una recomposición de violencias.
¿Qué la origina?
Es la resistencia a la transición hacia la paz. Los problemas que se están presentando en los territorios tienen que ver con dinámicas de acumulación de rentas, de poderes, de gente que se acostumbró a la guerra, a hacer negocios, política y justicia con armas. Ahora, cuando se retiraron las Farc de esos territorios, cambió todo el juego en muchos municipios de Colombia.
Hay sectores que están disputando territorios y quieren seguir acaparando violentamente tierras, narcotráfico, minería del oro y de otros recursos naturales. En ese camino chocan con los intereses de las comunidades y con sus líderes.
¿Pero es una nueva guerra?
No. Es un nuevo fenómeno. Son dificultades de terminar una guerra, de superar cosas que no se solucionaron con el acuerdo de La Habana. Es un acuerdo parcial, no es la paz completa; quedaron por fuera no solamente grupos armados como el Eln, sino sectores que tienen opiniones opuestas al acuerdo de paz, y esa situación inestable es aprovechada por muchos intereses para continuar en violencia.
¿Pero existe un plan coordinado de alguna organización para asesinar líderes?
No. Aquí no podríamos decir que existe un plan central, con estructura de mandos y demás. No hay una orden suprema. Hay multiplicidad de intereses en los territorios, y ahí están organizaciones armadas que apoyan intereses de terceros.
Pero ¿por qué los asesinatos?
Para atemorizar a la población y mediante el miedo imponer su control territorial, social y político. No existe una coordinación nacional, existen intereses y métodos comunes.
¿Del narcotráfico?
Del narcotráfico, la minería del oro, de disputas por tierras, de restitución de tierras; hay a disposición mucha gente armada para aprovechar y disputarse esos territorios. En el 2018 y lo que va del 2019, los asesinatos de líderes se han producido en 119 municipios.
Las amenazas dirigidas contra organizaciones y líderes sociales son abiertamente políticas y son fenómenos más generales en el país, como afirma la Defensoría del Pueblo. Como ocurre con los asesinatos, las amenazas responden a un patrón de acción de diversos grupos, por rentas y por poderes.
¿De qué manera se puede combatir eso?
Son muchas las dimensiones de una estrategia de respuesta. Hay que tener en cuenta que hemos pasado un periodo muy largo de confrontaciones armadas y de guerra desde hace 60 a 70 años en el que se han emplazado muchas formas del fanatismo, la estigmatización y discursos del odio.
La política se pervirtió y uno de los asuntos esenciales que hay que hacer es reconstruir una cultura política, una ética civil, superar estos discursos de la intransigencia fanática de quienes creen que con su verdad, solamente con su verdad se pueden solucionar los problemas, y a partir de eso justifican convertir al opositor en enemigo y llamar a destruirlo.
Pero, de todas maneras, al margen de posiciones políticas, ¿por qué las cifras son tan diferentes? La Fiscalía, por ejemplo, dice que muchos de los líderes muertos no lo fueron por su condición de liderazgo sino por problemas personales…
Hay diferentes metodologías y capacidad de quienes están presentando las listas de líderes asesinados. La organización en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) tiene una lista parcial que es la que privilegia la Fiscalía. Nosotros en Indepaz nos basamos en las informaciones de la Cumbre Agraria. Otras organizaciones tienen sus propias redes.
Ciertamente hay una discusión, pero lo innegable y lo dice la misma Fiscalía es que el 65 % son líderes reconocidos y el 35 %, líderes muertos supuestamente por asuntos personales; eso de “asuntos personales” es otro tema por aclarar, pues muchos no son casos por riñas sino por mediación que intentan los líderes en conflictos locales. En cifras, la entidad oficial con mayor capacidad de registro es la Defensoría.
Pero la Defensoría origina poca credibilidad…
En el país, en los territorios más críticos, la gente le cree a la Defensoría. Y es la entidad pública encargada de las alertas tempranas; tiene sistematizada su documentación y los registros sobre amenazas y asesinato de líderes. Y hay más de 4.000 registros de amenazas en el último año. Ahora hay una ofensiva de amenazas contra posibilidades de intervención política por parte de líderes; no se puede pensar en una protección a cada uno de los líderes, pero sí se necesita implementar la política pública de protección colectiva.
No es un asunto de riñas personales como dice el Fiscal. En más de 300 municipios, la autoridad civil no existe o es muy débil, y entonces asumen las funciones grupos armados. Y, si los grupos armados no están, pues son los líderes comunales, los líderes indígenas, los líderes afros quienes se ven obligados a asumir. Y, cuando lo hacen, los asesinan.
¿Qué quiere decir usted cuando afirma que la “autoridad civil no existe”?
No hay Estado social del derecho. Este no es un problema que se solucione militarmente. Urgen soluciones sociales. Por ejemplo, en el Pacífico, la población está en emergencia humanitaria; desde el Chocó hasta Tumaco es tierra en disputa.
Pero si el abandono y la pobreza del Pacífico la han sufrido por tantos años, ¿por qué ahora surge ese fenómeno de asesinatos selectivos?
Porque se produjo un gran reacomodo de fuerzas con el retiro de las Farc. Las Farc ejercían allí con funciones de autoridad y hacían lo que ellos llamaban su “economía de guerra” con el narcotráfico, con el oro, con minerales. Después de la dejación de armas de las Farc, las mafias y negociantes violentos han llegado más rápido que el Estado. Hay planes, por supuesto; se dice ‘vamos a hacer esto, o lo otro’, pero la ejecución de los planes territoriales y la implementación de los acuerdos se quedan en veremos. En medio de esa situación hay negociantes para los que trabajan grupos armados.
¿Quién los está contratando?
Los empresarios del oro contratan, por ejemplo. Tienen sus grupos armados en todo el bajo Cauca y el Chocó, donde se produce 70 % del oro de este país. No son los grupos armados los dueños del oro, son otros, los que además hacen el lavado de activos, que llevan el oro a Panamá y otros lados para hacer el proceso de la legalización del enriquecimiento ilícito en los circuitos internos de Colombia.
Pero ¿qué hacer?
Un gran compromiso de la sociedad por la paz. Tiene que pactarse un compromiso de los partidos, de los políticos, del propio Gobierno, de todos los sectores, en lo que se ha llamado un pacto nacional para sacar las armas de la política y de los negocios. Sobre eso incluso hay iniciativas; el Presidente ha hablado de pacto, el Procurador llamó a un pacto por la vida, en los acuerdos de paz se habla de pacto nacional. Hay muchas iniciativas en ese sentido, que indican que el problema no es solo en la vereda. Es un problema político, y allí está también el lavado de activos, de grandes empresarios del crimen.
Pero ¿eso qué tiene que ver con el asesinato de líderes sociales y cívicos?
Sí tiene que ver. En materia de amenazas, por ejemplo, hay un patrón sistemático: generar zozobra, terror, amedrentar, impedir que la gente se organice, con el propósito de que ciertos grupos de interés en los territorios mantengan allí su control; en eso hay vasos comunicantes, tienen conexión, dinámicas políticas, es decir, todavía no hemos superado el ambiente de pugnacidad.
Esos son los retos de esta transición, conflictos con la tierra, conflictos con rentas ilegales y conflictos con la producción de coca y de cocaína
Dice usted: ‘si alguien tiene interés en una actividad criminal regional, y hay líderes que podrían generar oposición, ¿los asesinan?
Sí, exactamente. Es una práctica, y no se debe pensar fundamentalmente en cubrir el territorio de Fuerza Pública, no. Lo más importante es unificar la sociedad: Si hemos tenido una paz parcial, hay que completarla y unificar la sociedad para una paz mucho más completa; la implementación del acuerdo de paz es parte de la solución, no la solución completa, pero esa es una de las soluciones.
Es decir: ¿estamos viviendo los estertores del conflicto?
El posconflicto siempre se presenta con esas características; terminada cualquier guerra, todo tipo de intereses entran en juego. Termina la guerra mundial y comienza el posconflicto de cómo se reparten las naciones perdedoras.
Por eso se requiere un propósito nacional con medidas especiales extraordinarias. Después de la Segunda Guerra Mundial fue el plan Marshall. El posconflicto ha sido menos traumático cuando hay un Estado con capacidad de unificar la sociedad, de hacer ampliaciones democráticas, de resolver los problemas que originaron el conflicto.
¿La gran conclusión suya es que el fenómeno de la matanza de líderes no requiere una solución militar, sino una situación política y social?
Sí, yo creo eso. Pero una solución con grandes inversiones sociales, con la presencia del Estado social de derecho y una gran alianza con las poblaciones en esos territorios que han sido los escenarios más críticos de los conflictos armados. Hay más de 350 municipios en donde hay presencia de grupos armados.
Para resumir fácilmente, quien tiene que actuar aquí es el Ministro de Hacienda, y no el Ministro de Defensa…
Y el Ministerio de Agricultura, entre otros. Si la transición en el posacuerdo se la entregan a los militares, pues lo que hacen es intoxicarlos. Esto no es un nuevo capítulo para las armas, sino un asunto socioeconómico, ambiental y político, sin que se niegue la pertinencia y la armonización con la presencia militar. En las políticas de conjunto que se están diseñando, hay algo a destacar: la necesidad de una gran unión del país en contra de la estigmatización; morigerar el lenguaje, desarmar la palabra, ahuyentar discursos de odio que son la antesala de la justificación de los asesinatos.
Morigerar, moderar excesos es la identidad del presidente Duque…
Sí. Él ha llamado a la no polarización. Por ese camino se podría construir el pacto nacional para sacar las armas de la política y el odio de los discursos.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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