Cuando un territorio deja de ser ciudadano y empieza a ser enemigo

Por Leonardo González P

Director de Indepaz 

26/06/2026

Las afirmaciones del concejal de Medellín Andrés Rodríguez, proponiendo bombardear los territorios donde ganó Iván Cepeda bajo el argumento de que “allá están los bandidos”, no son simplemente una provocación desafortunada. Son profundamente irresponsables porque trasladan una diferencia política al terreno de la confrontación armada y convierten a millones de ciudadanos en sospechosos por la manera en que ejercieron su derecho al voto.

Foto tomada de la Revista Cambio “Los riesgos para la población civil tras declaraciones de Andrés ‘El Gury’ Rodríguez de “bombardear” zonas donde ganó Iván Cepeda”

Colombia ya conoce las consecuencias de ese tipo de discursos. Durante décadas, municipios enteros fueron señalados como “guerrilleros”, “paramilitares” o “auxiliadores”. Esa forma de entender el conflicto terminó justificando estigmatizaciones, persecuciones, desplazamientos y graves violaciones de derechos humanos. Cuando se deja de ver a las personas como ciudadanos y se empieza a ver un territorio como un enemigo, la democracia comienza a deteriorarse.

Ese es precisamente el riesgo de afirmaciones como las del concejal Rodríguez. Por supuesto que Colombia enfrenta un problema serio de presencia y expansión de organizaciones armadas ilegales. Desde INDEPAZ hemos documentado durante años cómo distintos grupos ejercen control social, restringen la movilidad, amenazan líderes sociales, reclutan niños y niñas, extorsionan comunidades e intentan influir sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana.

Negar esa realidad sería irresponsable. Pero existe una diferencia enorme entre reconocer la presencia de grupos armados y concluir que las comunidades que habitan esos territorios actúan bajo sus órdenes o votan según sus instrucciones.

En algunos lugares pueden existir riesgos de constreñimiento al elector o presiones armadas. También los hemos documentado. Sin embargo, convertir esos casos en la explicación general de los resultados electorales constituye una manipulación del debate público.

Millones de colombianos que viven en municipios con presencia de grupos armados votan libremente. Lo hacen a pesar de las amenazas, de los retenes ilegales, de las economías criminales y del abandono estatal. Reducir su decisión a un supuesto “voto bajo el fusil” desconoce su autonomía, invisibiliza su capacidad de resistencia y termina deslegitimando la voluntad democrática de comunidades enteras.

Hay una idea profundamente equivocada detrás de este tipo de discursos: creer que cuando un grupo armado ocupa un territorio, la comunidad deja de tener voluntad propia.

Nuestra experiencia recorriendo el país demuestra exactamente lo contrario. Las comunidades sobreviven, negocian, resisten, construyen organizaciones sociales, defienden sus liderazgos, participan en elecciones y siguen ejerciendo ciudadanía incluso en medio de enormes riesgos. Su vida no puede reducirse a la presencia de un actor armado.

Los grupos armados ocupan territorios. Las comunidades no les pertenecen. Existe además otra preocupación que debería llamar la atención. Durante años el Estado ha construido herramientas para identificar territorios donde existen mayores riesgos para la población civil. Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, los análisis humanitarios y los distintos criterios de focalización buscan orientar la acción institucional allí donde las comunidades enfrentan mayores amenazas.

Su finalidad nunca ha sido señalar enemigos. Cuando una Alerta Temprana identifica la presencia de un grupo armado, no está diciendo que esa población apoye a ese grupo. Está advirtiendo que allí existen personas cuyos derechos están en riesgo y que el Estado tiene mayores obligaciones de protección.

Por eso preocupa que esa información pueda terminar siendo utilizada para alimentar procesos de estigmatización territorial. Sería invertir completamente el propósito de esos instrumentos. Lo que fue diseñado para prevenir violaciones de derechos humanos terminaría sirviendo para justificar sospechas colectivas sobre quienes precisamente necesitan mayor protección.

No es casual que la Defensoría del Pueblo haya insistido reiteradamente en un principio fundamental: la no estigmatización de los territorios. Ese principio no responde a una sensibilidad política. Responde a una lección aprendida tras décadas de conflicto. Un municipio con presencia de actores armados no es un municipio de los actores armados. Es un municipio donde la población civil convive, muchas veces contra su voluntad, con distintas formas de violencia. Son comunidades que padecen confinamientos, desplazamientos, homicidios, desapariciones, extorsiones y reclutamiento de menores. Son víctimas, no sospechosos.

La democracia tampoco puede construirse señalando territorios según los resultados electorales. La inteligencia debe individualizar responsabilidades. La justicia debe establecer culpabilidades. Las operaciones de seguridad deben dirigirse contra quienes cometen delitos, nunca contra comunidades identificadas por la forma en que votan. Colombia necesita una discusión seria sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas. Pero precisamente por la importancia de ese debate, debe darse con rigor y con responsabilidad.

Las afirmaciones irresponsables del concejal Andrés Rodríguez no fortalecen la seguridad. Al contrario, profundizan la estigmatización de los territorios, debilitan las garantías democráticas y aumentan los riesgos para la población civil.

La historia del conflicto colombiano debería habernos dejado una enseñanza que no admite retrocesos: los territorios más golpeados por la guerra necesitan más Estado, más derechos y más protección. Nunca más razones para ser tratados como enemigos por la manera en que ejercen su ciudadanía.