Del Mandato del 97 al 2007

Del Mandato del 97 al 2007

Tathiana Montaña

Indepaz

Abril de 2006

 

En la década de los 90 se estructuró en Colombia un proyecto ciudadano  a través de la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la actual Constitución Política de Colombia la cual legitimó el Estado Social de Derecho.  Desde ese momento, la democracia participativa se estructuró no solo como una herramienta de la sociedad para rechazar la guerra y exigir los pactos de paz, sino para exigir la integralidad de los derechos humanos. 

 

Pero al mismo tiempo, esa década fue cruzada por  la ola de violencia debido al conflicto armado interno y cruzado por las acciones del narcotráfico.  Luego de la entrega de Pablo Escobar en junio del  1991,   mas de 2.000 personas fueron asesinadas en todo el país, mas de 6.000 niños y niñas vinculados a la guerra, 200 víctimas de la desaparición forzada y mas de 3.000 personas privadas de la libertad.  Además se incrementó el número de acciones militares por parte de las guerrillas y del ejército.

 

En ese contexto de escalamiento de la guerra, de degradación,  creciente afectación de la población civil y dificultades para avanzar en la solución política negociada,  cerca de diez millones de colombianos,  consagraron con su voto el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad el 26 de octubre de 1997 –durante las elecciones locales-, en virtud del cual se comprometieron a ser constructores de “Paz y Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta” y a exigir a los actores del conflicto cesar la guerra y respetar las normas del derecho internacional humanitario.

 

La iniciativa que estuvo impulsada por un centenar de organizaciones de todos los sectores de la sociedad colombiana: campesinos, trabajadores, empresarios, indígenas, mujeres, universidades, entre otros, que liderados por la Red de Iniciativas por la paz, País Libre, UNICEF y la UNESCO, se ha constituido en un hito en materia de participación ciudadana en Colombia.   

 

El resultado visible del Mandato Ciudadano por la paz, fue la instalación de la Mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en enero de 1999.   Esto es que debido a la presión ciudadana expresada a través del Voto por la paz, el recién electo presidente de la república Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC “aceptaron” iniciar las negociaciones, bajo unas condiciones, una metodología y un cronograma establecido  y en un territorio determinado en el departamento del Caquetá.    

 

Durante ese proceso, la participación ciudadana tuvo tres características.  Fue propositiva, activa y a pesar de ello, marginal a la negociación.   Por medio de las audiencias públicas[1] y a pesar de las críticas que estas recibieron, se constituyó  la expresión más contundente sobre la necesidad de involucrar a los ciudadanos  en las decisiones políticas correspondientes al tema de la paz.

 

Esa “apertura de negociaciones generó expectativas que se tradujeron en disminución  de la movilización nacional y luego en frustración, pero al mismo tiempo en la base de la sociedad continuo consolidándose un proceso de transformación cultural y de afirmación de una ética civil de no violencia”[2]

 

Muchos argumentan que el proceso de negociación con las FARC fracasó debido a la aplicación errónea de la metodología, al incumplimiento en los tiempos acordados,  a la extensa agenda que se planteó para la negociación o simplemente a la ausencia de una real voluntad política para negociar.  Lo único que queda claro, es que gracias a la expresión soberana de un pueblo sumido en la guerra, se abrió la posibilidad de hablar de paz.  

 

10 años después del Mandato: hacia el 2007

 

Terminado  el proceso en el Caguán en febrero de 2002 sin lograr acuerdos de paz estables y duraderos y, debido al nuevo contexto de relaciones internacionales marcadas por el ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos,  en agosto de 2002 el recién elegido jefe de Estado y de gobierno colombiano Álvaro Uribe,  descarta las posibilidades de resolver el conflicto armado en Colombia por la vía negociada[3].   Es así como la política de Seguridad Democrática, albergada en el esquema de Estado Comunitario, considera como tema prioritario la eliminación de las guerrillas colombianas por la vía armada y para ello recurre a diferentes programas como soldados campesinos, familias guardabosques, fumigación aérea de cultivos de uso ilícito entre otros.  El Plan Colombia es pieza fundamental en el desarrollo de esta estrategia y se implementa su segunda fase a finales del 2003 con el Plan Patriota.

 

Las condiciones que enfrenta el movimiento ciudadano por la paz bajo esta perspectiva, son complejas y adversas.  La política de seguridad democrática radicaliza las posiciones y polariza partes importante de las opiniones de los ciudadanos del común, quienes después del fallido intento de negociación con las FARC en el Caguán, consideran que la alternativa para conseguir la paz, es la guerra.  Según esto los preceptos enunciados en el 97 por el Mandato Ciudadano, perderían validez. 

 

Muy a pesar de las condiciones adversas, las organizaciones sociales que constituyen el movimiento ciudadano por la paz en Colombia, se resisten a aceptar la alternativa que presenta el gobierno de Uribe,  pero las acciones por la paz decrecen debido a la dinámica que la guerra. Los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado y masivo, las amenazas a los lideres comunales y defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la red de informantes,  intimidan las acciones del movimiento de paz. La frustración del Caguán lleva a una fase de descrédito del diálogo y negociación. 

 

En tanto el primer año de gobierno Uribe (agosto de 2002-agosto de 2003), las expresiones ciudadanas por la paz se redujeron considerablemente en relación a las acciones ciudadanas por la paz en años anteriores[4] debido a las medidas gubernamentales en curso.

 

Durante los dos años de negociación con las FARC, estos espacios ciudadanos coincidieron en participar en las audiencias públicas masivamente, en propiciar escenarios para el diálogo intersectorial como lo fueron las Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz, en revisar y ajustar propuestas en los temas álgidos como el de los acuerdos humanitarios, la política social y económica, la política energética entre otros.   Roto el diálogo, las expresiones de la sociedad civil en los temas de la paz y la guerra se cuestionó debido a la implementación del nuevo modelo para terminar el conflicto y de hecho las acciones ciudadanas se limitaron.  

 

 

Fuente: Autora, febrero 2006

 

 

 

 

Tan solo hasta finales del 2003 y el 2004, podría afirmarse, que las iniciativas de paz y las organizaciones sociales reactivan los espacios y las acciones de resistencia.  La  Minga Indígena y Popular que se llevó a cabo en septiembre de 2004; las manifestaciones de las mujeres de la Ruta Pacifica por la paz a lo largo del País en el 2004;  el acompañamiento a las comunidades indígenas del Cauca y del Choco por causa de los crímenes de lesa humanidad en el 2005; el desminado humanitario de Mico Ahumado en Bolívar en enero de 2005 y el Congreso Nacional de Iniciativas por la paz en octubre de 2005. 

 

La mayoría de acciones coinciden y señalan que pese a las difíciles condiciones para incidir políticamente, la ciudadanía rechaza el conflicto armado y argumenta que este conduce a la pobreza, a la falta de empleo, a la  corrupción y a las oportunidades para los jóvenes entre otros.

 

En la encuesta Ciudadanía y conflicto realizada por Indepaz y la Universidad de los Andes se encontró que el 82% de la población encuestada[5] cree que la solución para acabar con el conflicto armado, es la negociación con guerrillas y con paramilitares. 

 

 

¿Cual cree que es la mejor solución para acabar con el conflicto armado?

 

Fuente: Indepaz- Universidad de los Andes, diciembre de 2005.

 

 

 

 

¿Porque un Mandato por la Vida, la libertad y la Dignidad en el 2007?

 

Durante el año 2005 las iniciativas de paz (regionales y nacionales) y muchas de las organizaciones sociales que hacen parte del movimiento ciudadano por la paz, realizaron una serie de acciones conjuntas de resistencia a la guerra y de exigencia a los actores de las normas del DIH. 

 

Acciones colectivas del movimiento ciudadano por la paz en el 2005

 

Acciones	Fecha
Reunión en Cartagena seguimiento a la Mesa de Donantes	Febrero de 2005
Jornadas de seguimiento al proceso de negociación de las AUC y el gobierno nacional	2005
Apoyo a las comunidades indígenas de Toribio y Jambaló en el Cauca y a las comunidades de paz de San José de Apartado	Abril- mayo de 2005
Foro social y político ante la crisis humanitaria en el Cauca	Mayo de 2005
Encuentro Nacional de Constituyentes en Tarqui, Huila	Junio de 2005
Mesas de diálogo y por los acuerdos humanitarios en el Valle, Cauca, Huila, Caribe, Meta y Caquetá	2005
Encuentro del Sur, manifiesto humanitario	Agosto de 2005
Consulta Indígena y campesina sobre el TLC	Agosto de 2005
Semana por la paz.	Septiembre de 2005
I Congreso Nacional de Iniciativas por la paz	Septiembre de 2005
Mandato por la Vida en Ciudad Bolívar	Septiembre de 2005
Iniciativa ciudadana de Casa de paz	Septiembre de 2005
Mandato por la Vida en Rivera, Huila	Abril de 2006
Aportes y desafíos de la responsabilidad social empresarial en Colombia.  Fundaciones Empresariales	Abril de 2006
Lo que viene:
Semana por la paz 2007	Septiembre de 2006
V Plenario de la APSCP	Octubre de 2006
Mandato 2007 por la paz ¿?	Octubre de 2007

Fuente: Autora, abril de 2006

 

El antecedente inmediato que da lugar al resurgimiento de las acciones ciudadanas por la paz,  es sin lugar a dudas la gran Minga por la Justicia, Alegría, Libertad y Autonomía que se llevó a cabo en septiembre de 2004 en los departamentos del Valle y del Cauca,  reuniendo mas de 100.000 personas y que arrojó como resultado el Mandato Indígena y Popular. 

 

El Mandato Indígena y Popular, ratificó “de manera enérgica y clara la posición planteada en la convocatoria (..):

 

Lo que sucede hoy en nuestro país y en nuestros territorios es grave, no da espera y debemos movilizarnos de inmediato.

 

La situación de emergencia se debe a un problema de fondo relacionado con la estrategia neoliberal y la globalización y por eso la acción inicial es parte de una lucha a mediano y largo plazo. Los resultados que persiguen el ALCA y el TLC representan las formas de agresión más peligrosas y destructivas para las que se realizan las reformas constitucionales y a las que en última instancia sirven la guerra y el terror.

 

Las movilizaciones urgentes no son el comienzo ni el final del camino, sino una etapa del proceso que se propone construir en minga alternativas indígenas y populares para que otro país justo, democrático, respetuoso y en paz sea posible”[6]

 

Los indígenas del Cauca invitaron a toda la sociedad colombiana a unir su esfuerzo para terminar la guerra y pactar la paz a través de la Asamblea Permanente e indefinida.  En este sentido, las experiencias de resistencia crecieron en el año 2005: Las consultas sectoriales en torno al TLC que se hicieron en muchos departamentos del país, el Mandato por la Vida de los jóvenes de ciudad Bolívar, el proceso pedagógico “Mandato de los niños y niñas de Boyacá por la paz”[7]. 

 

El encuentro del Sur realizado en Cali en agosto del 2005, “Pongámonos de acuerdo…humanitario. Por la paz…Encuentro del Sur occidente”, fue un importante escenario convocado pro la Gobernación del Cauca, Valle y Nariño y varias iniciativas regionales y nacionales de paz, el cual reunió a más de 500 líderes del sur del país que lograron articular los procesos locales y regionales con los nacionales, al rededor del tema del diálogo, la negociación y el respeto a las normas humanitarias.

 

Un mes mas tarde, en septiembre, se  llevó a cabo, el I Congreso Nacional de iniciativas de paz, La Paz un Punto de Encuentro,  cuyo objetivo principal fue “reafirmar la necesidad de buscar una solución política al conflicto interno armado que vive Colombia, trazar una ruta para este propósito que integre el tema humanitario como elemento sustancial, buscar mecanismos de articulación que fortalezcan el impacto del movimiento ciudadano por la paz en la perspectiva de construcción de consensos, deben ser derroteros que nos lleven al logro de una paz permanente e integral para todos los colombianos”.[8]

 

Con estas perspectivas, las iniciativas de paz convocantes[9] acuerdan una Agenda Común, la cual presenta los lineamientos políticos generales del movimiento ciudadano por la paz.   La agenda en sus siete ejes temáticos, rescata el esfuerzo que la ciudadanía ha hecho desde la década de los 90 e incentiva a los ciudadanos a pensar un país sin guerra, con justicia social y provisto de desarrollo.   De otro lado, se acuerdan también,  las acciones vinculantes.  Las Acciones vinculantes se refieren la ruta de trabajo “para desarrollar en cinco años (…) como resultado de un esfuerzo común de las distintas iniciativas de paz”.[10]  Dentro de esas acciones, se contempla la convocatoria para el 2007 de un Mandato por la Vida, la libertad y el diálogo. 

 

En primer lugar el Mandato del 2007 busca recoger, fortalecer y unificar esas tantas expresiones de resistencia a la guerra y de exigencia de la solución política negociada al conflicto armado, que se han llevado a cabo exitosamente en muchos lugares de la geografía y desde los diferentes sectores de la población colombiana.  En segundo lugar, permite legitimar esa soberanía popular, ese poder de decisión e incidencia política que los colombianos tienen sobre el tema mas complejo de las cinco últimas décadas de la historia del país, la guerra y la paz. 

 

En tercer lugar, pese a las nuevas  condiciones políticas y militares en que se desarrolla en enfrentamiento armado, el cual esta cruzado por paramilitarismo y narcotráfico, se requiere con urgencia evitar que la población civil continúe siendo vulnerable a los ataques indiscriminados, a las minas antipersonal, a las fumigaciones aéreas, a los desplazamientos forzados y a todas esas infracciones al derecho internacional humanitario, que de hecho violan todos los derechos humanos.  Por ello, el Mandato del 2007 se debe constituir en una exigencia a los actores armados para que se lleven a cabo acuerdos humanitarios, `urgentes y viables`. En cuarto lugar, el Mandato es una llamamiento a continuar aunando esfuerzos para llevar a cabo acciones colectivas en torno a la paz. Es una invitación a todos los sectores de la sociedad colombiana a participar y decidir activamente frente a la paz.

 

Finalmente, el Mandato del 2007 se debe constituir en otro hito político para que quede en la memoria histórica de la nación el precedente, que los colombianos no desean vivir en medio de la guerra,  que es urgente descubrir los caminos de la paz.