Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
El 18 de septiembre de 2025, en Doha (Qatar), el Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, también conocido como Clan del Golfo) dieron inicio formal al proceso de conversaciones sociojurídicas. El anuncio llegó acompañado de un documento que fija compromisos concretos y define cinco municipios piloto —Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)— como territorios de arranque para la fase de consolidación de confianza.
El EGC no es un actor nuevo en la geografía armada del país, sino que constituye la principal herencia del paramilitarismo tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de la década del 2000. Este grupo se consolidó a partir de estructuras residuales del Bloque Centauros, el Bloque Élmer Cárdenas y otras facciones que, lejos de desaparecer, se reacomodaron en economías ilegales —especialmente el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión— y extendieron su influencia hacia regiones estratégicas como Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico y las zonas fronterizas.
En este sentido, el acuerdo de Doha no se enfrenta únicamente a un grupo armado con capacidad militar, sino a una organización con hondas raíces en redes paramilitares, estructuras criminales transnacionales y una fuerte presencia en el control social y territorial, que combinan discursos de “autodefensa comunitaria” con un proyecto económico centrado en las rentas ilícitas y el control armado de la vida social.
El acuerdo firmado en Doha establece, entre otros puntos, un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes, la creación de grupos de trabajo comunitarios, y compromisos del EGC de no interferir en elecciones, respetar el Derecho Internacional Humanitario y no obstaculizar el desminado humanitario. También se solicita acompañamiento internacional, incluyendo la ONU, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal, para garantizar monitoreo y verificación.
Avances y señales positivas
La primera ronda deja sobre la mesa elementos que, de cumplirse, representarían un cambio significativo:
- Enfoque territorial y pedagógico: al escoger municipios con fuerte presencia armada, el Gobierno apuesta a construir confianza desde los lugares más golpeados por el paramilitarismo y la criminalidad organizada. No es casual que Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía se encuentren en corredores estratégicos que el EGC ha disputado durante años. Allí se pone a prueba la capacidad del Estado para acompañar con justicia, inversión social y sustitución de economías ilícitas.
- Compromisos políticos del EGC: el hecho de que esta organización declare públicamente que no interferirá en elecciones, que respetará el Derecho Internacional Humanitario y que no obstaculizará el desminado humanitario, responde a exigencias históricas de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Si estos compromisos se materializan, podrían traducirse en una reducción significativa de riesgos inmediatos de violencia.
- Acompañamiento internacional: la inclusión de la ONU, la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias como instancias de verificación refuerza la credibilidad del proceso.
Riesgos y zonas grises
A pesar de los avances, hay puntos críticos que no pueden pasarse por alto:
- Confianza comunitaria: las comunidades de Urabá, Chocó y Bajo Cauca conocen al EGC no como un interlocutor de paz, sino como la continuidad del paramilitarismo que desplazó poblaciones, asesinó líderes y se lucró de economías ilegales. Ganar la confianza de estas comunidades por parte del Estado exige resultados concretos: seguridad real, reparación y presencia institucional que no se retire a los pocos meses.
- Un aspecto crítico es la definición del EGC como Grupo Armado Organizado (GAO), categoría reconocida por la ley y respaldada por la Corte Constitucional. Bajo esta figura, el Estado no les concede estatus político, pero sí los ubica como actores con mando responsable, estructura organizada y capacidad de control territorial. El debate surge en torno a qué tipo de tratamiento jurídico recibirán: ¿un sometimiento con beneficios penales, como se ha sugerido en el marco de la “paz total”, o un esquema más cercano a la justicia transicional con obligaciones de verdad, reparación y garantías de no repetición? Urge la aprobación de un marco jurídico al respecto pero que además brinde garantías a los derechos de las víctimas
- Economías ilegales en disputa: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y control de corredores estratégicos son la base económica del EGC. Mientras no haya un plan integral que afecte estas rentas, cualquier proceso corre el riesgo de convertirse en un reacomodo, más que en una verdadera desmovilización.
- Un punto particularmente delicado es el tratamiento de la niñez en el acuerdo. El Alto Comisionado para la Paz ha reiterado en sus discursos que “la niñez es la base de los acuerdos” y que el Gobierno no dialogaría con organizaciones que mantengan a niños, niñas y adolescentes reclutados en sus filas. Sin embargo, en el documento firmado con el EGC no aparece un compromiso explícito de liberación inmediata de menores vinculados a esa estructura armada. El texto se limita a plantear que los niños, niñas y adolescentes serán “el primer paso para la construcción de paz” y a proponer un censo interno del grupo para identificar casos, que luego serían remitidos al ICBF. Esta fórmula es insuficiente: no se habla de entrega inmediata ni de garantías de restitución plena de derechos. En la práctica, deja en manos del propio EGC la verificación y el reconocimiento de esos casos, lo que genera un vacío frente a los estándares internacionales de protección de la niñez en contextos de conflicto armado.
El riesgo es evidente: sin un compromiso verificable y con plazos claros, los menores pueden quedar atrapados en un limbo entre la retórica del proceso y la realidad del control armado. Esta omisión contradice no solo las declaraciones del Gobierno, sino también las obligaciones de Colombia bajo el Derecho Internacional Humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Un análisis necesario
Este acuerdo representa un paso importante, pues reconoce que la paz solo puede construirse desde los territorios y obliga al Estado a comprometerse con presencia institucional y garantías para las comunidades. El EGC, por su parte, asume compromisos que, de cumplirse, reducirían riesgos inmediatos de violencia. Sin embargo, el éxito está lejos de asegurarse. La firma en Doha no basta: lo decisivo será la capacidad estatal para materializar lo pactado, la verificación independiente y la voluntad real del EGC de transformar sus prácticas de control armado (dictadura local) y economías ilegales.
Si el proceso logra convertirse en una ruta seria, transparente y con participación comunitaria, podría abrir la posibilidad de un modelo distinto de sometimiento y construcción de paz. Pero si se queda en promesas incumplidas, alimentará la percepción de impunidad y repetirá los fracasos de intentos anteriores.
En conclusión, el acuerdo de Doha es un punto de partida prometedor, aunque frágil. La cuestión central no es si el texto suena bien —que lo hace—, sino si habrá hechos verificables en los territorios y si los derechos de las comunidades, víctimas históricas de esta guerra, serán finalmente el eje de la implementación.
