La violencia política no ha cesado: una herencia que seguimos arrastrando

Por Leonardo González P

Director de Indepaz

Junio 10 de 2025

El reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió a poner sobre la mesa un tema que muchos prefieren esquivar: la persistencia de la violencia política en Colombia. Aunque algunos insistan en que vivimos en una democracia plena, lo cierto es que aquí aún se arriesga la vida por ejercer la política.

La historia colombiana está marcada por el asesinato de candidatos presidenciales, líderes opositores, concejales, ediles, y voceros populares. Desde los magnicidios de Obando, Sucre, Uribe Uribe, Gaitán, Pardo Leal, Jaramillo, Galán, Pizarro y Gómez hasta los cientos de firmantes y líderes sociales asesinados, esta violencia no ha desaparecido. Solo ha mutado, minimizándose y transformándose en algunas épocas, desplazándose hacia los territorios en otras, pero siempre afectando sobre todo a quienes menos visibilidad tienen.

Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, según un consolidado de datos que hemos revisado. De ellos, 53 eran candidatos al concejo municipal, la mayoría en zonas rurales o municipios intermedios. Nueve eran mujeres, muchas de ellas con procesos comunitarios o de base. No estamos hablando de figuras nacionales con esquemas de protección, sino de liderazgos locales que se enfrentan a diario al abandono estatal, la violencia criminal y la intolerancia política.

Estas personas aspiraban a cargos públicos, pero también eran líderes comunales, defensores de sus territorios, activistas ambientales o voceros de sus comunidades. Muchos de ellos acompañaban procesos sociales o a candidaturas regionales más amplias. Y es precisamente ahí donde se concentra buena parte del riesgo: en esa mezcla entre liderazgo social y participación política, que en Colombia parece seguir siendo una sentencia de muerte.

A pesar de las promesas de no repetición tras el Acuerdo de Paz, la violencia política sigue viva. Y no solo a través de los asesinatos: también se expresa en amenazas, estigmatización, sabotajes, judicializaciones arbitrarias y la exclusión sistemática de voces incómodas para el poder local o nacional.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, no basta con exigir garantías para los precandidatos visibles o con presencia mediática. Debemos exigir condiciones reales de seguridad y participación para quienes hacen política desde los márgenes, para los liderazgos locales que acompañan candidaturas, para las mujeres que se postulan sin respaldo económico, para las comunidades indígenas y afrodescendientes que reclaman representación, y para los sectores sociales que ven en la política una herramienta de transformación y no de negocio.

Por eso, planteamos algunas exigencias urgentes:

1. Fortalecer los mecanismos de protección colectiva para liderazgos sociales que entran en el escenario electoral, especialmente en municipios priorizados por su nivel de riesgo.
2. Garantizar el acceso equitativo a recursos de campaña, medios y seguridad, de modo que no solo quienes tienen maquinaria o respaldo estatal puedan aspirar sin miedo.
3. Investigar y sancionar con prontitud los crímenes políticos, para romper con la impunidad que alimenta la repetición.
4. Implementar una pedagogía pública contra la estigmatización política, desde las instituciones, los partidos y los medios de comunicación.
5. Incluir como criterio de evaluación del proceso electoral el nivel de garantías en territorios con presencia de economías ilegales o disputas armadas.

La violencia política no es un rezago del pasado, es un problema actual y estructural. Pero también es una oportunidad: la de construir una democracia que no se quede en los papeles, sino que se viva y se defienda en los territorios. Cuidar la vida de quienes quieren representar a sus comunidades es cuidar la democracia misma. Y eso nos corresponde a todos.