La frase clave de la Declaración del ELN divulgada el 5 de agosto de 2016 es la del último párrafo: “Mientras esta nueva Colombia no esté garantizada y se mantenga un régimen oligárquico basado en la violencia sigue siendo un imperativo político mantenernos como rebeldes alzados en armas, para acompañar todas las luchas de resistencia social”.

Semejante afirmación lleva a preguntarle al COCE sobre el sentido que le dan a las negociaciones que han pactado iniciar con el gobierno y su concepción actual de la solución política del alzamiento armado y hacia la paz. La definición de paz que trae la declaración, aunque puede completarse con otros elementos, coincide con las definiciones que al respecto han hecho muchos académicos del derecho a la paz, la construcción de paz o la “paz positiva”; cada una de estas definciones reclaman en todo caso transformaciones estructurales construidas por el pueblo “que permitan la justicia social, la equidad, la dignidad y la soberanía”.

El problema a resolver en este momento de la vida de Colombia es si es posible un acuerdo de paz negociada que aunque no incluya en sus contenidos esos cambios estructurales si ofrezca mejores condiciones para luchar por ellos que las que ofrece, en este periodo histórico, la lucha armada.

Pablo Beltrán, uno de los principales comandantes del ELN, en una entrevista de la Voz de América decía que con las negociaciones, aparte de los resultados en cada punto de la agenda, pretenden pasar a una lucha sin violencia: “aspiramos -dijo – convertirnos en una fuerza política, que lucha por el poder dentro de ese sistema y en ese sistema”. Eso parece indicar que están lejos de la idea de lograr en la mesa de negociaciones las reformas estructurales que definen la “nueva Colombia” sin violencia del poder oligárquico. Las garantías que reclama el ELN serían entonces para la lucha por el poder del pueblo en la legalidad. Los cambios que se aspiran en los acuerdos serían los más avanzados que dicte la correlación actual de fuerzas, pero no serían la paz estructural ni la paz completa. Después de los pactos seguiría la lucha por la paz entendida como construcción de la nueva Colombia.

Si esa es la verdadera traducción de la posición del ELN las probabilidades de éxito de las conversaciones de paz con el ELN son reales. Si se interpreta la Declaración de este 5 de agosto como “paz completa o rebelión armada”, la suerte de las conversaciones esta en el limbo. (No debe olvidarse que el Papa dijo que el limbo no existe).

La Declaración del ELN expresa discrepancias con la esencia de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las FARC en La Habana. Es una discusión conocida y sobre la cual se deberá entrar en detalle en temas como los de justicia, participación o alcance de las reformas en materia rural, política, verdad o de los derechos de las víctimas. Si estuvieran de “acuerdo en lo esencial” otra sería la realidad de las negociaciones. Lo cierto es que el ELN pretende lograr en la mesa más de lo que han logrado las FARC en reformas sociales y pactar el enjuiciamiento al Estado para que reconozca su responsabilidad en la guerra sucia y el genocidio, como parte del terrorismo oficial. Todas esas pretensiones pueden entenderse como entrada al proceso pero no deberían asumirse como lineas rojas pues es poco probable como están las cosas que el gobierno pacte en Quito una condena por terrorismo de Estado que no se ha podido lograr en 20 años de movimientos sociales y reclamos nacionales e internacionales.

En lo inmediato es importante que estas discusiones se den simultáneamente con la instalación formal de la mesa de negociación gobierno – ELN y sus mecanismos de participación. Los vasos comunicantes con el proceso de La Habana son muchos comenzando por lo que ocurra con el Plebiscito. Paradójicamente sólo con el triunfo del SI en el plebiscito de refrendación de los pactos de La Habana tendrá futuro una conversación de paz con el ELN. Y la implementación de los acuerdos tendrá efectos inmediatos en la mesa de Quito si es que se instala.

Para terminar el cruce de cables, es oportuno que el gobierno revise eso de implementar los acuerdos con las FARC y escalar la guerra con el ELN mientras hablan de paz en Quito. La experiencia del proceso que está a punto de firma muestra que se necesita un ambiente tranquilo en el país para que el pueblo participe y apoye. Así que el primer anuncio en la instalación de la mesa gobierno – ELN deberían ser las medidas efectivas de des-escalamiento hacia un cese bilateral, y de eso deberían ocuparse las conversaciones reservadas que están pendientes para desbloquear ese proceso. Y en el camino tendrá que desenredarse ese nudo entre solución negociada – garantías para la acción política – reformas parciales y paz completa.

camilogonzalezposso@gmail.com Bogotá D.C. 7 de agosto de 2016.