Con tantas ambiciones de certificación democrática, para el gobierno Santos es incomodo que una Oficina que tutela derechos de la población en situaciones de alto riesgo humanitario, siga teniendo presencia en Colombia. Y más incomodo que en sus informes y comunicados periódicos siga haciendo alusión a graves violaciones aunque, al mismo tiempo, reconozca que la situación ha mejorado notablemente con respecto a la década anterior y al panorama que encontró Almudena Mazarrasa cuando llegó en 1997.
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