Al cumplirse ocho años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz que se aprobó como marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, vuelven las preguntas sobre los firmantes del Acuerdo de San José de Ralito que no han tenido juicio en Colombia por haber sido extraditados para ser juzgados en Estados Unidos solo por acusaciones de narcotráfico. Hoy son pocos los que consideran que esas extradiciones le han servido a la justicia o a la paz y muchos los que seguimos considerando que hay que restablecer el mandato de la Asamblea Constituyente de 1991. Ahora se agrega la discusión sobre el lugar de la extradición en los próximos acuerdos de paz.
