Lo que no han logrado 41 reformas a 92 artículos ahora lo están logrando la corrupción y la parapolítica: acabar con las apuestas democráticas de la Constitución Política aprobada en 1991.
El escándalo por la corrupción en la Corte Constitucional puede atribuirse a pocas personas que han convertido el delito en su método de trabajo en el más alto tribunal del ordenamiento jurídico de Colombia. Pero desafortunadamente está arrastrando al colapso a la institución misma y desde allí, como en un castillo de naipes, sacude toda la estructura de las Cortes que sufren del mismo mal: unas y otras han sido progresivamente infectadas por lo más putrefacto de la política clientelista y por los aliados de quienes edificaron su poder sobre la base de asociaciones macrocriminales para apropiarse de lo público, de tierras o subsuelo y de rentas ilegales.