Autor: Jorge Castellanos Pulido, Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana / Indepaz
La esperanza de paz se abre paso en los diálogos de La Habana con los anuncios de un acuerdo final para poner fin al conflicto armado interno y el inicio de negociaciones con el ELN. La reducción de las confrontaciones armadas representan hechos de paz, dan muestras de voluntad política en las partes que dicen reconocer la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la paz desde los territorios.
Estamos ante la oportunidad de construir una sociedad con nuevas instituciones, más equitativa, productiva, integrada y con la garantía del ejercicio de la democracia sin armas.
Los diálogos de paz han acordado un enfoque territorial en la etapa del posconflicto con la participación de la sociedad civil, que convoca a los entes territoriales e instituciones públicas y privadas alrededor de planes territoriales de paz.
El contenido de los acuerdos debería priorizarse en la agenda pública de los gobiernos territoriales, socializados con las comunidades, funcionarios públicos, universidades y organizaciones sociales, en la pertinencia de su implementación regional.
Entendemos que la paz es mucho más que parar el conflicto armado. Como derecho y deber ciudadano la construcción de paz en el territorio convoca a la diversidad con grandeza política, integrando el campo y la ciudad con democracia y equidad.
Es la hora de abrir espacios de diálogo ciudadano en los gobiernos, departamental y municipal, que contribuyan a crear el ambiente propicio para una agenda común para la paz contando con el respaldo de la sociedad santandereana, los gremios económicos, los partidos políticos, las víctimas y los movimientos sociales.
El gobierno territorial, tiene el desafío de construir participativamente mecanismos de amplia participación, los concejos o comités territoriales de paz. El plan territorial de paz será el conjunto de iniciativas para el posconflicto con recursos nacionales y cooperación internacional para la paz, coordinados bajo la responsabilidad de la presidencia de la república, los alcaldes y el Gobernador.
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