¿URIBISMOS POR LA PAZ?

Por Camilo Gonzalez Posso

– La propuesta de Mockus supone un nuevo pacto –

Por Camilo González Posso
Presidente de INDEPAZ
Bogotá 18 de junio de 2019

Antanas Mockus sale de tanto en tanto con mensajes que llaman a pensar desde otro ángulo problemas complejos. Por estos días está hablando del “uribismo por la paz” que parece un juego de palabras imposibles de pronunciar juntas sin caer en el absurdo, cuando el propio Álvaro Uribe está llamando a desmontar el acuerdo final de terminación del conflicto firmado por el gobierno y las Farc en noviembre de 2016.

Desde el Uribismo han respondido diciendo que todo uribismo es por la paz y agregan sus peros: sin impunidad, sin narcotráfico, sin Santrich, sin terceros responsables en la JEP … Y desde sectores defensores de los Acuerdos de La Habana llaman a parar a Mockus para que “no confunda” a la gente con formulas imposibles o que pueden presentar al uribismo como posible aliado.

Aprovechando la “provocación mockusiana” se pueden abordar temas que están en el fondo y que llevan a reconocer que estamos ante nuevas encrucijadas y batallas políticas por la paz, que exigen buscar caminos para evitar que la implementación de los acuerdos firmados caigan a un pantano y que se pierda la perspectiva de una paz más completa que la diseñada en La Habana.

Ambiente de crisis en la implementación del acuerdo final de paz

La virtud de la propuesta de Mockus es que muestra la realidad de la polarización y del bloqueo en la implementación del acuerdo de La Habana. El ambiente es de crisis, la clase dirigente está dividida en este asunto y por lo menos un 25% de la opinión sigue a ciegas al uribismo que quiere desmontar pilares de ese Acuerdo Final, Con ese activo Uribe pretende torpedear, generar indignación y ´emberracar´ en varios frentes, sin dejar de lado el objetivo de duplicar alcaldías y gobernaciones y volver a barajar ministerios en búsqueda de mayorías en el Congreso suficientes para hacer más reformas y desmontar los acuerdos.

Como ha dicho Paloma Valencia, una cosa es el gobierno y otra el partido de gobierno.

El gobierno dice que está por la implementación del acuerdo, pero con reformas y mientras llegan implementa a cuenta gotas puntos que no choquen con sus programas. En lo esencial lo dominante es el freno o la negación como ocurre con la reforma rural, el fondo de tierras, la política de drogas y cultivos, la reforma política y la circunscripción especial para la paz, la restitución de tierras a las víctimas desplazadas y despojadas, las garantías de seguridad y el funcionamiento efectivo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición diseñado en el pacto de paz y refrendado en normas constitucionales y legales, declaradas (en su mayoría) exequibles por la Corte Constitucional.

El Comisionado para la estabilización (antes para el postconflicto) sale todo el tiempo a decir que mienten quienes afirman que no se está cumpliendo con los compromisos del pacto de paz, pero solo da cifras de avances parciales y a destiempo a las personas que firmaron pactos de sustitución voluntaria y están esperando desde hace un año los proyectos productivos, tierras y otros programas. Los Planes de Desarrollo Territorial figuran como promesas de menor cuantía en el Plan Nacional de Desarrollo y los excombatientes firmantes de los acuerdos dicen que en materia de garantías, seguridad y recursos es cumplimiento es lento, parcial e incierto.

El gobierno de la legalidad cumple la ley cuando le conviene y si le sirve a su programa.

El partido de gobierno es el eje de la subversión contra la constitución y el acuerdo de paz

El jefe del Centro Democrático, que tiene línea directa con el actual Presidente de la República, es más desabrochado y ha dicho con toda claridad que hay que acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de paso con todo el acuerdo del Colón. Según Uribe Vélez el acuerdo es un pacto de impunidad y de cogobierno con el narcotráfico. En reciente entrevista radial llegó a afirmar que la dejación de armas es poca cosa pues a su juicio la mayoría de los efectivos de las Farc que firmaron ya retornaron a las armas y a actividades criminales. Ni las aclaraciones que ha hecho en este asunto la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha obligado a rectificar la mentira.

La lógica del uribismo es reemplazar las políticas y normas que se han tramitado como parte de una estrategia de solución política negociada del conflicto interno por normas limitadas al DDR – Desmovilización, Desarme y Reintegración de la base excombatiente. Hacia atrás y hacia adelante la apuesta del uribismo es el sometimiento a la justicia de insurgentes sin negociación de reformas y beneficios políticos antes de cárcel efectiva para jefes. En cambio, defienden la amnistía de facto y fórmulas de menor judicialización para los responsables de crímenes atroces y de apoyo al paramilitarismo, entre los que figuran empresarios, jefes políticos, gobernante y altos mandos.

La posición de hacer trizas los acuerdos de paz del uribismo se extiende hasta 1991. En esa línea se propone desmontar piezas angulares de la Constitución Política: suprimir las cortes y reemplazarlas por una sola, convertir la JEP en una sala de la Corte Suprema de Justicia mientras se aprueba el nuevo orden judicial. Como han indicado muchos analistas, el objetivo es “refundar la patria”.

La paradoja es que a nombre de la legalidad los más radicales del Centro Democrático están llamando a subvertir el orden establecido: invocan el “estado de opinión” para decir que sus programas electorales están por encima de la Constitución y la ley por haber logrado mayoría en las elecciones presidenciales y en el plebiscito de 2016. Es una nueva modalidad de golpe de estado pues el presidente de turno alega que es fruto del pronunciamiento del “pueblo soberano” para poner en suspenso las leyes que no le convienen.

El credo del autoritarismo totalitario tiene una nueva letanía: “Mi mandato en virtud del voto popular es reformar los acuerdos de paz y en virtud del soberano aplico lo que considere ajustado a mis intereses mientras cambio la Constitución y la ley en esos temas de la paz”.

Con este panorama ¿En donde está la posibilidad de ese “uribismo por la paz” que menciona Mockus?

En términos pragmáticos ¿existe una franja en el uribismo que considere que los acuerdos de paz deben implementarse, aunque piensen que es necesario que se mejoren algunos? La verdad parece ser que no todos los sectores que han seguido los llamados electorales del uribismo están por hacer trizas los acuerdos de paz.

La prueba de fuerza que han hecho Duque y el Centro Democrático en el primer año de gobierno para desmontar la JEP y congelar otros puntos del acuerdo, ha llevado coyunturalmente al debilitamiento del gobierno y al desgaste del propio Uribe Vélez. Se percibe en muchas esferas un cansancio con la polarización y los discursos iracundos del expresidente y crece la preocupación en sectores que votaron por Duque por la ingobernabilidad a la cual lo están sometiendo desde su propio partido. La sombra de Uribe sobre Duque resulta odiosa en muchos sectores y más cuando el expresidente alienta a sus alfiles (y alfilas) a contradecir al primer mandatario y a presentar propuestas inviables sólo para ambientar oscuras maniobras políticas.

El malestar por el impacto de la polarización y de la persistencia de violencias y asesinatos de líderes sociales ha llegado a sectores empresariales que ven señales de incertidumbre y riesgos de que en medio del freno o desmonte de acuerdos de paz se presente una nueva ola de violencia armada y de recomposición de grupos con pretensiones de dominio violento en zonas rurales estratégicas para las inversiones e incluso en ciudades como Medellín, Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Cúcuta y otro largo etcétera. Se escuchan muchas voces desde la propia derecha que dicen “gobierne presidente, no más espejo retrovisor”. “Deje así lo que trajo el acuerdo y póngase a gobernar”.

La preocupación por la crisis, a la cual están presionando con el freno y desconocimiento de puntos esenciales de los acuerdos de paz, ha llegado a la comunidad internacional y a los países que han acompañado los esfuerzos por la paz y chocan con una realidad de odios convertidos en proyecto político o en ambientes propicios para el retorno de la guerra o del escalamiento de otras violencias.

Todas estas tensiones se verán al rojo en los próximos meses y tendrán una radiografía reveladora en las elecciones de octubre de 2019. El Centro Democrático y sus aliados de gobierno se verán retratados en la votación para alcaldes y gobernadores y es muy probable que estarán lejos de ese 50% que mencionan como su base para el manejo arbitrario del poder y de la implementación de los acuerdos de paz.

Sobre la realidad de esas expresiones electorales y de manifestaciones ciudadanas de defensa de la paz se podrá hablar de buscar nuevos pactos incluso con el uribismo, como por ejemplo el Pacto Político Nacional por la Vida y por sacar las armas de la política del cuál habla en AFP en el numeral 3.4.

El Presidente Iván Duque ha hablado de un pacto nacional y varios sectores independientes y de oposición han respondido que puede ser un camino para lograr reformas necesarias en materia de justicia, apertura democrática y nuevos caminos para la paz con la condición de que incluya a todos los partidos y respete el Acuerdo de Paz (2016). Ajustes a esos acuerdos y nuevos temas podrían caber en ese pacto nacional en el cual no se excluya al partido FARC y se base en un gran consenso de colombianos por la paz. Un acuerdo de los sectores independientes y de oposición ha sido mencionado como base para ir al pacto con el gobierno y sus soportes políticos.

No hay que hacerse ilusiones pero en los próximos años volverá a la actualidad política explorar nuevos términos para una negociación viable y efectiva con el ELN y para encontrar una agenda para nuevos acuerdos de paz que incluyan a ese amplio sector del régimen que se ve representado en el uribismo, que hizo la guerra por décadas y que considera que su guerra sigue en varios frentes y por distintos medios. Ese es otro capitulo que obligará a hablar del pacto de paz definitivo.

Camilo Gonzalez Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Magister en Economía, Ingeniero Químico. Profesor en varias universidades entre 1968 y 1994, Ministro de Salud de la República de Colombia (1990 – 1992). Consultor del Ministro de Trabajo (2000 – 2002). Director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.