Colombia en el borde del caos puede evitar otra guerra
Camilo González Posso
Presidente del Instituto de Estudios para la Paz -Indepaz
Se llegó a la segunda semana de protestas multitudinarias en todas las regiones de Colombia y el gobierno no ha respondido a las demandas más urgentes que piden millones de colombianos; en los carteles, gritos y pliegos de reclamos, todos dicen que se sienten acorralados por medidas oficiales que en medio de la pandemia han significado mayor empobrecimiento, odiosa discriminación, subsidios para las grandes fortunas e impulso de estrategias para nuevas guerras.
Durante estos días, bajo el nombre de Paro Nacional Indefinido, se han presentado en promedio 300 acciones diarias de protesta en las cuales se incluyen manifestaciones multisectoriales en 800 municipios de los 1122 que tiene Colombia; protestas desde las casas con caceloras al estilo de las que se hicieron famosas en Chile contra Pinochet, bloqueos de vías por camioneros, movilizaciones de indígenas, campesinos y grupos de comunidades afrocolombianas. Se estima que en estas protestas urbano – rurales han participado más de 15 millones de personas y según encuestas tienen el respaldo de más de 70% de la población mayor a los 16 años, en todos los sectores sociales y en especial entre los más empobrecidos y en las clases medias.
La respuesta del gobierno ha sido de brutal represión y de estigmatización a la protesta, acusada de ser utilizada en un supuesto plan terrorista dirigido a desprestigiar al gobierno y a crear caos al servicio del narcotráfico y de la subversión. El resultado es trágico. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo, en medio de las movilizaciones han sido asesinadas 47 personas, 39 de ellas por violencia policial y 28 corresponden a asesinatos de jóvenes en Cali. La Fiscalía General de la Nación reconoce que hay más de 540 manifestantes desaparecidos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la mayoría se encuentra en centros invisibles en poder de la fuerza pública. 28 jóvenes han perdido un ojo por impacto de bala de caucho disparada por las fuerzas policiales y son varios miles los heridos. (Temblores OGN&Indepaz, 2021)
El detonante en esta coyuntura fue el anuncio en marzo de este año de un paquete de medidas promovidas por el gobierno para la reactivación económica y social, atención a la emergencia del COVID 19 y a la crisis de seguridad. Las centrales sindicales llamaron a un Paro Nacional Indefinido desde el 28 de abril, en contra del proyecto de ley de reforma tributaria entregado por el gobierno de Iván Duque al Congreso de la República que pretendía imponer impuestos duros para los asalariados y las clases medias y en cambio entregar oportunidades de grandes ganancias y exenciones tributarias a las grandes empresas.
Convergieron los reclamos contra una reforma a la salud que en lugar de responder a la angustia en medio de la pandemia dedica los mayores recursos a fortalecer a las empresas de salud que maneja un sistema oligopólico.
También concurren los estudiantes y jóvenes que han sido obligados a retirarse de las aulas por falta de recursos y que no encuentran trabajo ni futuro. Centenares de miles de campesinos, de indígenas y afrodescendientes salen a reclamar porque no se cumplen los compromisos de reforma rural, de sustitución de los cultivos de coca y de garantías a la vida; reclaman por más de 1300 asesinatos de líderes sociales y excombatientes en reincorporación que han puesto al desnudo la negligencia del gobierno en la implementación integral y oportuna de los acuerdos de paz suscritos desde noviembre de 2016. (Indepaz,2021)
Muchos sectores se sumaron exigiendo medidas de alivio ante la catástrofe social sin precedentes y sin respuesta incluyente en medio de la pandemia. En el año 2020 la pobreza monetaria (ingresos de menos de 3 dólares pc al día) abrumó al 42% de las familias, la mitad de las cuales (con menos de 1,3 dólares pc al día) no tienen hoy recursos para una comida completa al día. La Tasa de desempleo promedio se elevó al 20% y entre la juventud urbana y rural supera el 70%. Más de 500.000 pequeñas y medianas empresas han quebrado y las medidas de apoyo al pago de la nómina las concentró el gobierno en las grandes empresas. (DANE, 2021)
A la gente del común le resulta indignante que mientras se les impone sacrificio y se les ofrecen migajas “solidarias”, el gobierno contribuye para que los grupos financieros y grandes empresas anuncien en plena pandemia que han logrado aumentar sus utilidades en el año 2020, y que la ayuda a los grandes bancos les permitió obtener ganancias por encima de $55 billones de pesos (US$15.000 mill) (Super Intendencia Financiera, 2021)
El 2 de mayo, el gobierno decidió retirar el proyecto inicial de reforma tributaria y convocar a un dialogo con diversos sectores para buscar salidas a la crisis; fue obligado por la insubordinación social generalizada, por el aislamiento del gobierno en el Congreso de la República y por las preocupaciones del partido del presidente ante el desprestigio, en medio de la campaña electoral para elegir nuevos integrantes del Congreso de la República y nuevo presidente en 2022.
Pero esas decisiones han sido recibidas con desconfianza porque el gobierno mantiene la orden de “asistencia” de las Fuerzas Militares y de represión policial. Además, en la memoria reciente de la población y de las multitudes movilizadas está el engaño que hizo el gobierno cuando ofreció un gran diálogo para manejar el paro nacional del 21 de noviembre de 2019.
Ese dialogo fue en realidad una opereta en la cual el gobierno escuchó a sus amigos y a algunos ingenuos dialogantes; así logró apaciguar la protesta que había sido golpeada por la brutalidad policial con varios muertos en Bogotá y a renglón seguido, aprovechando la pandemia, impuso la reforma tributaria para ofrecer en exenciones y gabelas $18 billones de pesos (US$5.000 mill) a los grandes grupos económicos y un mini plan de alivio que, en la práctica, en 2020 no superó $3 billones de pesos (US$830 mill) para 4 millones de personas incluidas en programas como el de ingreso solidario, apoyo a cesantes formales, adulto mayor y un irrisorio aporte adicional a las familias en condiciones de miseria. (Kamanovitz S. 2021)
Con ese antecedente de perfidia es difícil para el gobierno manipular la situación frente a la politización y comprensión de lo que está en juego por parte de los jóvenes, mujeres, transportadores y clase media que está en la protesta. El gobierno mantiene la misma política ultra neoliberal como respuesta a la crisis social y económica y piensa que puede simular otro diálogo para reencauchar la política de reactivación que ya formuló para el periodo 2021 – 2026 e incluyó en un documento aprobado en febrero de este año (Conpes 4023/2021), que incluye un plan social frente a la pandemia y la crisis de pobreza que no supera 4 billones de pesos, ni el 1% del presupuesto anual de la nación.
Para poder imponer su programa, el partido de gobierno quiere completar el montaje de la estrategia de seguridad concentrada en una guerra a la supuesta amenaza narcoterrorista, ahora reforzada por teorías neonazis que según el jefe del partido de gobierno se inscriben en una conspiración internacional de lo que llaman la Revolución Molecular Disipada del socialismo y comunismo del siglo XXI.
En una grave situación de violencias y de la presión de la ultraderecha para desatar otra guerra, existen salidas como lo han dicho las asambleas populares que se viene realizando en Cali y en esa región del sur occidente. Desde el epicentro de la protesta y de novedosas formas de poder popular local, se han mostrado rutas para un tramite pacífico de la crisis. Más que diálogos, la gente insubordinada habla de negociar y concertar, lo que exige que sus voceros sean los primeros interlocutores.
Si el gobierno negocia con los camioneros, como debió haberlo hecho desde el año pasado, se podrá tener un repliegue de los bloqueos en grandes autopistas. La movilización puede dar tregua si el gobierno atiende los reclamos de mayor efectividad en la vacunación y en atención a la salud, de implementación de los acuerdos de paz y garantías de seguridad para detener la ola de asesinatos y masacres; si posterga la negociación de la reforma tributaria recurriendo, por ejemplo, a un crédito del Banco de la República y adopta en cambio un gran plan social y de atención a las familias y a la juventud.
En el borde del caos propuestas como el pliego unificado, elaborado desde las comunas de Cali, (ver www.indepaz.org.co) ofrecen un camino de conflictos pacíficos en contravía de la guerra que tanto ha entusiasmado a quienes prometieron refundar la patria a sangre y fuego.
Bogotá D.C. 10 de mayo de 2021
Referencias.
DANE. Departamento Nacional de Estadística,2021. Pobreza monetaria en 2020. Consultado en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf
Superintedencia de Entidades Financieras, 2021, citada en https://www.elespectador.com/economia/utilidades-del-sector-financiero-llegaron-a-los-55-billones-en-2020-cayeron-41-article/
Kalmanovitz S, 2021. La negligencia de Duque, en https://www.elespectador.com/opinion/la-negligencia-de-duque/
Indepaz, 2021. Ver www.indepaz.org.co
Foto: Omar Santiago González
