En la última década se han multiplicado en Colombia las Guardias Campesinas, también llamadas Guardias Campesinas Ambientales, con protagonismo en las regiones con historias más críticas de conflictos territoriales y por persistencia de grupos armados ilegales. Desde 2016 a 2026, se estima que más de 25.000 campesinos y campesinas han participado de acciones de esas guardias en especial en municipios de Norte de Santander, Magdalena Medio, Antioquia, Valle, Cauca, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Es incierta la cuenta que se basa en datos dados por los responsables de las escuelas de capacitación de guardias, pero no cabe duda del crecimiento vertiginoso en los últimos años, en especial después del acuerdo de paz de 2016, de los controles locales cuando la pandemia y acompañando la “explosión” social de 2019 a 2021.
Estas Guardias se definen a sí mismas, en estatutos y declaraciones, como organizaciones legales civiles, subordinadas a las Juntas de Acción Comunal, a su marco legal, son encargadas de funciones de defensa de la vida y de los derechos humanos. Dicen que se proponen defender la vida, ampliar la autoprotección comunitaria, apoyar actividades de cuidado ambiental, seguridad alimentaria, obras comunitarias, convivencia, justicia comunitaria y rechazo de acciones violentas de cualquier procedencia legal o ilegal.
La actuación de muchas de esas guardias contra la presencia de unidades de la fuerza pública que llegan a atender situaciones de orden público ha llevado a un ambiente de desconfianza entre políticos, empresarios, autoridades y agentes del Estado: se refieren a esas guardias con distintas calificaciones que van desde considerarlas como instrumento de grupos armados, cómplices en obstaculizar la acción de las fuerzas del Estado, hasta calificarlas de formas milicianas y peligro de conformación de estructuras paramilitares de Grupos Armados Organizados (Lloreda, 2024). En esta visión contra las Guardias campesinas se promueve que se judicialice a sus líderes comprometidos en conductas que cabrían en las definiciones penales de asonada o secuestro cuando impiden la movilidad de la Fuerza Pública y el cumplimiento de su misión contra el delito y la violencia armada.
El proceso de formación y expansión de las Guardias Campesinas Ambientales sigue siendo notable y obliga a una reflexión seria sobre su posible contribución a la paz, que llaman Paz territorial campesina. En este artículo quiero aportar algunos elementos desde mi experiencia entre 2023 y 2025 como Coordinador de la delegación del gobierno nacional para las conversaciones con los grupos post farc, integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC.
La tesis central es que, desde la sociedad, desde el Estado y los gobiernos, debe reconocerse a las Guardias Campesinas Ambientales como comisiones de las Juntas de Acción Comunal, acogerlas como formas organizativas legítimas, fortalecer su papel como defensoras de derechos humanos y del ambiente y soportes para la transformación territorial, la construcción de paz y la implementación de planes regionales, del Acuerdo de 2016 y de nuevos acuerdos. Esto supone apoyar su funcionamiento autónomo, ajeno a cualquier subordinación a grupos armados ilegales y a cualquier papel en asuntos militares o de guerra.
La evaluación de las experiencias de la participación de las Guardias Campesinas Ambientales en procesos de paz territorial, y en convocatorias desde la Mesa de Diálogos de Paz con el EMBF en zonas del Arco Amazónico, Catatumbo, Sur de Bolívar y Antioquia, me permite afirmar que esa forma organizativa, en tanto componente de las relaciones en una Comunidad, puede ser un valioso instrumento para el trámite de conflictos y transición regional a la paz, al lado de las JAC, sus asociaciones, cooperativas y otras formas de organización civil. No es casualidad que en la Mesa de Diálogos de Paz con el EMC post Farc, cuando aún estaban unidos, se propuso incluir en la agenda de temas a tratar para un acuerdo de paz, la reglamentación de las Guardias Campesinas.
No se puede desconocer que todas las formas organizativas en regiones con recomposición de grupos armados ilegales han persistido en un campo de disputa de muchos intereses no alineados. Han crecido en conflictos entre las urgencias vitales de las comunidades y las luchas territoriales por control y recursos, entre la cooptación por ilegales y la lucha por proyectos autónomos de vida. Sin perder de vista estos supuestos, se sostiene que sigue vigente el fortalecimiento institucional de las Guardias Campesinas, incluida la aprobación de una ley, precedida por procesos de diálogo y consulta, cuyo antecedente puede ser el proyecto presentado al Congreso de la República en julio de 2022.
Camilo González Posso
Presidente de Indepaz
Bogotá D.C. marzo
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