Carta al comandante de las Farc-Ep: “No queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”, expresan en su misiva dirigida a Alfonso Cano.

7 de marzo de 2009

Señor Comandante
ALFONSO CANO
y demás miembros del Secretariado
FARC-EP
Montañas de Colombia

Aprovechamos el canal abierto por la confluencia de Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, con quien nos reunimos previamente, para buscar una comunicación epistolar con ustedes y poner en consideración las siguientes apreciaciones y cuestionamientos, en el marco de nuestro compromiso expreso y ancestral por la paz, por la solución política del conflicto y por el diálogo y la negociación como camino para construir aquéllas.

Los pueblos indígenas de Colombia y en particular los del Cauca hemos avanzado en los últimos 40 años en precisar nuestro proyecto político estratégico, que podemos sintetizar en tres elementos: 1) La necesidad de transformar el sistema político para que haya justicia, democracia y gobierno de los más, vida buena y armonía con la naturaleza; 2) la necesidad de que en ese nuevo sistema político se respete de verdad y en profundidad el derecho de los pueblos indígenas a gobernarnos y a gobernar los territorios y los recursos naturales, junto a nuestro compromiso y convicción de que la Madre Tierra no es propiedad de nadie (y menos de las transnacionales) sino que debe ser protegida y liberada para que alimente y cuide a todos los seres vivos; y 3) la necesidad de que las relaciones entre los pueblos sean de entendimiento, respeto y solidaridad. Dicho en otras palabras, buscamos un sistema político verdaderamente democrático (y no lo hay), un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente, y una sociedad en armonía.

Todo lo anterior necesita y supone la construcción de la paz. En la urgente consolidación de la paz, hemos llegado a una conclusión simple pero que consideramos verdadera: “No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos”. No queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine.

Humildemente, consideramos que hemos avanzado en todos esos propósitos. En el departamento del Cauca, la organización y la movilización indígenas nos han permitido consolidar ejercicios reales de autogobierno y poder popular, hemos logrado un creciente control sobre territorios y recursos naturales, y persistimos en defender un modo de vida que no acabe con la naturaleza ni con la vida. No somos ingenuos sobre estos logros. Sabemos que son relativos frente al avance del modelo económico extractivista y depredador, que construir gobiernos democráticos de base comunitaria es lento, que defender un modo de vida alternativo en medio del consumismo es a veces imposible. Pero aún así, toda nuestra organización está dispuesta a defender, con todos los medios posibles, estos avances. Porque están encaminados a un propósito justo, y porque entendemos que pueden ser un aporte al conjunto del movimiento popular.

Pero contra estos propósitos que consideramos justos, atentan no solo el modelo económico depredador y el sistema político ilegítimo y mafioso que hoy desgobiernan al país. Públicamente hemos dicho que varios de sus comportamientos y acciones están en abierta contravía con lo que venimos construyendo: mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, ustedes se toman el municipio, destruyen algunas casas y dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, desarmados y con la cara descubierta, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jámbaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras ustedes dejan minas antipersona y no tienen ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ustedes secuestran a funcionarios indígenas y no indígenas de la alcaldía de Jambaló para enjuiciarlos por robar dinero, como si no hubiéramos dado muestra de tener capacidad de aplicar justicia comunitaria. Es como si ustedes estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros; un comunero nos decía que pareciera que ustedes estaban por la toma del poder que los pobres y los indios hemos construido con mucho esfuerzo, y habían renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos.

Lo que ahora más nos preocupa es la campaña que de tiempo atrás vienen ustedes impulsando para crear estructuras paralelas a las que nosotros hemos construido. Los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro de las comunidades, se han convertido en un enorme factor de riesgo para la vida de los indígenas y en una amenaza a la organización. Ustedes saben que las armas enferman a la gente que las carga, los hace más arrogantes y vanidosos frente a los que van desarmados; saben también que muchos jóvenes se meten en esos grupos por razones que no son políticas, a veces incluso para resolver problemas familiares, o para eludir el cumplimiento de obligaciones o sanciones de la comunidad, y casi siempre se trata de muchachos y muchachas con escasa formación política; y también ustedes saben que cuando hay grupos armados cerca, siempre hay los que quieran acudir a ellos para que les resuelvan sus problemas personales. Muchas de estas peleas se presentan como peleas políticas, y los encargados de los grupos armados terminan prestándose a ese juego con el propósito de ganar amigos o de que algunas personas les deban favores.

Más grave todavía, es que esos grupos milicianos son las fuentes con que las organizaciones armadas alimentan de información “confiable” su intervención política. El resultado es que ustedes terminan haciendo política a base de rumores, de chismes y de peleas personales, que se convierten en señalamientos absurdos. Ahora mismo, tenemos amenazados por gente de ustedes (no sabemos si con orden del Secretariado) a los líderes más destacados de la ACIN y el CRIC, y a asesores no indígenas que nos han acompañado por 30 y 40 años, acusados de ser amigos del gobierno. Y a los funcionarios de la alcaldía indígena acusados de robarse plata, en pura retaliación porque nuestra guardia indígena los liberó y nuestra justicia sancionó a los milicianos indígenas responsables del secuestro, ahora están en la lista de gente que debe ser asesinada. En otra época se hablaba de juicios populares; ahora la mera voluntad de una persona basta para condenarla a muerte.

Por ese camino, de involucrar forzadamente a la gente en un grupo armado, o de forma voluntaria pero sin atender a consideraciones políticas, vamos a llegar a situaciones de señalamientos generalizados, que han producido masacres como la de nuestros hermanos Awá o las que han pasado con los Kankuamos, y a repetir un montón de atropellos y crímenes que ustedes han reconocido. Cada situación será distinta, pero en el fondo lo que hay es el interés de ustedes y del Estado, de meternos a fuerza en la lógica guerrera.

Ya les dijimos que nosotros no somos externos al conflicto, estamos dentro como víctimas y queremos estar dentro como actores que ayuden a resolverlo. Pero no queremos ser un grupo armado, no queremos que nuestros comuneros se vuelvan combatientes de ningún ejército, porque hemos encontrado que la movilización directa de la gente, el gobierno popular y la organización consciente de todos y todas, son más poderosas que cualquier fuerza armada; y nuestra propia experiencia nos dice que una fuerza armada que se separa de la gente que la parió y se impone sobre ella, se vuelve una fuerza de ocupación, y toda fuerza de ocupación se vuelve odiosa para la gente y está condenada a la derrota.

Sabemos que la guerra produce estas situaciones. Pero eso no las justifica. Y por el contrario, nos obliga a resolverlas, y a resolver el conflicto mismo. En eso estamos comprometidos. Queremos que esta carta sirva para abrir un diálogo público con ustedes, que esperamos sea directo y transparente, que ayude a resolver los problemas y a avance en el camino de la paz, y que no agrave la situación. Y esperamos que a ello contribuyan las órdenes que ustedes den para impedir que las amenazas y señalamientos de que hemos hablado se conviertan en una realidad dolorosa para nuestro pueblo.

Dada la urgencia de esta situación esperamos una pronta respuesta.

Atentamente,

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC