Crónica en 10 actos para salir de otra crisis

• más prisa para la paz que argumentos para la guerra –

Camilo González Posso

11 de agosto de 2024, 12,58 pm

La noticia es que un grupo de más de quinientas personas identificadas como Guardia campesina y ambiental ha rodeado a 100 soldados que en cumplimiento de su deber estaban haciendo tareas de control en Choapal, Bocas de Caño Cabra y otras veredas vecinas del municipio de San José del Guaviare.

Acto 1.

Según información de Willy Rodríguez, Alcalde de San José, hasta la mañana del sábado 10 de agosto no se había presentado ninguna agresión física. Quedaban 60 soldados en el lugar, retenidos por la Guardia campesina, que alega que la presencia del Ejercicio está imponiendo controles abusivos y por la ubicación podrá llevar a un enfrentamiento con unidades del frente del Bloque J.S. Briceño presente en esa zona. Dicen que para evitar transformar esas veredas en escenario de confrontaciones se deben retirar las tropas y piden la intervención de los Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación, regional y local, acordados en la mesa de conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor del Bloque JSB de Farc EP.

Esa petición la hicieron en comunicado del 9 de agosto, firmado por juntas de acción comunal de 94 veredas del área del Guayabero y La Macarena, por la Guardia Campesina, Coscopaas y CDH (Coscopaas, 2024).

El Alcalde, en la rueda de prensa del sábado, informó que la Guardia campesina le agregó a sus peticiones “un plazo de 36 horas” para que se haga presente una delegación del gobierno nacional con capacidad de decisión, que se ocupe de atender a las peticiones de las comunidades de esa zona en temas urgentes sociales y económicos. No se supo que quiere decir ese ultimátum, ni que sucederá si no se atiende al “plazo”. Por un lado, piden un retiro aéreo de los 60 soldados para evitar que se queden en otro lado de las veredas y, por otro, que esperan que antes de que ocurra haya llegado al sitio el presidente de la República, varios ministros, el Concejero Comisionado de paz y otras autoridades. En el mencionado comunicado piden que se instale una Mesa Guaviare – Meta para considerar los problemas en esa subregión y advierten, que “decidimos seguir en movilización pacífica hasta que haya una respuesta eficaz a nuestras exigencias; cabe resaltar, que la fuerza pública ha tenido derecho a su libre movilidad y labor constitucional; puesto que, los campesinos hemos dialogado con ellos y hemos retornado al centro poblado de Choapal, evitando cualquier tipo de altercado que dañe la tranquilidad de la movilización pacífica”.

Acto 2.

Para el ministro de Defensa y los altos mandos que se han referido al tema, se trata de un secuestro perpetrado por un grupo de personas contra soldados que han desplegado su actividad en esa aérea en respuesta a la alerta de extorsión que pretendió obligar a todos los comerciantes de San José del Guaviare a desplazarse el 25 de julio a un lugar en Puerto Nuevo, cerca a Cachicamo. Ese grupo de Guardia campesina estaría actuando “instrumentalizado” por el grupo armado en una operación para impedir a los soldados el cumplimiento de su misión de defensa de la población, como lo ordena la Constitución y la Ley. Dicha instrumentalización, basada en amenazas desde las armas, es presentada por mindefensa como una infracción al cese al fuego vigente hasta el 15 de octubre de 2024; la extorsión a los comerciantes de la capital del Departamento del Guaviare es señalada como el objetivo del grupo armado que manipula a la Guardia campesina de estas veredas escogidas para las citas forzadas.

Acto 3.

En la lista de antecedentes inmediatos se encuentran algunos hechos que ayudan a entender la situación y a buscar respuestas inmediatas.

• Esas veredas de San José del Guaviare son parte clave del área de presencia del Frente xxxx que comanda Hermes Tovar (El Boyaco), uno de los jefes del Bloque JSB que fue detenido el 23 de julio en la caravana de la UNP que transitaba desde Tibú hacia Bogotá.
• La nota de convocatoria a los comerciantes a la reunión del 25 de julio fue entregada días antes por a. Alexis Guerra a “todos los propietarios y administradores” de San José diciendo que ese día debían cerrar los establecimientos.
• Ante la gravedad de los acontecimientos intervinieron el Gobernador, Alcaldes y la delegación del gobierno a la mesa de diálogos de paz, logrando que ese mismo 25 de julio se anunciará por parte del Bloque JSB la cancelación de la reunión. Así lo comunicó el gobernador en declaración por los medios de comunicación.

En el Ciclo 5 y en las posteriores reuniones realizadas entre el 25 de julio y el 10 de agosto, las delegaciones en la MDP definieron la necesidad de poner en funcionamiento las instancias de verificación que han tenido un paréntesis por demora en el trámite de las resoluciones para que puedan concurrir los delegados del EM FarcEP.

Esas instancias nacionales, regional y locales son clave para el trabajo de georreferenciación que se inició desde el pasado 13 de julio y que tiene a cargo un grupo especial de trabajo, con participación del mindefensa, OCCP, delegados de la MDP, con el apoyo de países garantes, de entidades acompañantes internacionales y la Conferencia Episcopal.

Acto 4.

El tema de la extorsión ha sido abordado en la Mesa en varias ocasiones y en el último ciclo se documentó desde la delegación del gobierno recurriendo a la definición de EXACCION que contempla el Derecho Internacional Humanitario entre las infracciones a las normas de obligatorio cumplimiento.

El artículo 163 del Código Penal establece en estos términos una transgresión que no tiene antecedentes internacionales, como es la exacción o contribución arbitraria: “El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en…”. El origen de este tipo penal con seguridad se debe a la práctica bien extendida en Colombia de la exigencia por parte de grupos armados no estatales de dinero a personas o a entidades públicas o privadas bajo amenazas o mediante uso de la violencia. Esta práctica es denominada por las organizaciones guerrilleras como “impuesto de guerra” (OACNNUUDDHH, 2013)

El EMFarcEp, como ha ocurrido con otros grupos armados con los cuales el gobierno ha sostenido conversaciones de paz, ha argumentado que en tanto “organización político – militar” que no reconoce al Estado ni a sus leyes, tiene sus propias normas de financiación y formas de consecución de recursos sin las cuales dejaría de existir. Afirman que ese tema no puede ser condición previa para las conversaciones o para el cese al fuego y que su discusión y decisiones al respecto deben postergarse para fases posteriores del proceso.  

El escalamiento de la extorsión/exacción ha ido en ascenso en varias regiones del país y en particular, en los últimos meses, ha sido motivo de alertas por graves situaciones en El Meta, Caquetá y Guaviare, para no hablar del área de influencia de otras organizaciones armadas ilegales en dónde también es un régimen impuesto por las armas.

Ante la dificultad de compromisos expresos de no extorsión/exacción el gobierno ha dejado claro para todas las mesas de dialogo político que de manera alguna las autoridades del Estado y la Fuerza Pública pueden dejar de actuar, en todo el territorio nacional, en defensa de la población ante cualquier acción delictiva establecida en el Código Penal, sustentada en la Constitución y la Ley.  

Acto 5.

También ha sido motivo de debate y desacuerdo la calificación de las situaciones en las cuales un grupo de miembros de la fuerza pública son rodeados y retenidos por campesinos que se oponen a algún tipo de operación en territorio en el cual actúan guardias, juntas o asociaciones de diverso tipo.

Solo en situaciones excepcionales se ha llegado a una judicialización masiva, aunque ha sido frecuente que desde instancias de gobierno o de voceros ciudadanos se hable de secuestro, asonada o motín.

Dejando de lado centenares de estas situaciones que se han presentado en los últimos años, en lo que se refiere a casos de presunta responsabilidad o en áreas de presencia de los grupos con los cuales se está en la Mesa de Diálogos de Paz, en 2024 la situación en San José del Guaviare es la cuarta que se presenta.

En la MDP la delegación del gobierno ha condenado la utilización de la población para presionar el retiro de la Fuerza pública de algún centro poblado o región y ha exigido la proscripción de esas prácticas que ponen en riesgo a la población y el orden público.

En este caso de San José del Guaviare vuelve a debatirse si la retención, bloqueo, asonada o “cerco” por parte de civiles desarmados, parte de ellos identificados como Guardias Campesinas, es de responsabilidad del grupo armado o si hay al tiempo intereses propios de esas comunidades que llevan a ese tipo de acciones. Sea cualquiera el caso, los hechos no pueden catalogarse como parte de una confrontación armada y menos considerar a los campesinos involucrados como guerrilleros o parte de la organización ilegal. Se trata de un conflicto socio político en un territorio de alta presencia de un grupo armado, en el cual es imperativo aplicar el principio de distinción calificando a los civiles como no combatientes y por lo tanto que no pueden ser considerados objetivo militar.  En otro sentido, la distinción obliga al actor armado a no utilizar la defensa territorial ejercida por civiles como un instrumento para ventajas de control armado regional o subregional.

Acto 7.

Vuelve al debate el carácter de las Guardias Campesinas y la necesidad de que las comunidades de zonas con alta presencia de actores armados avancen en una regulación de su constitución y funcionamiento.  Se estima que en las zonas de mayor influencia del EM FarcEp hay por lo menos 10.000 guardias con diversos grados de subordinación o cooptación. Desde el punto de vista formal son organizaciones de las juntas de acción comunal, con objetivos de defensa de los derechos humanos y del ambiente. Así lo proclaman los voceros comunitarios sin que se oculten los hilos o vasos comunicantes.

Esa tensión entre órganos sociales cooptados y formas de organización civil debe resolverse a favor de la autonomía como unidades de las JAC, con línea de dependencia y territorialidad circunscrita a las autoridades de las juntas libremente elegidas al interior de las veredas. En la perspectiva de transformación territorial y de transición a la plena aplicación de un acuerdo de paz, las juntas y las Guardias, están llamadas a ser soportes clave de la democracia participativa y de la recomposición de poderes para una paz estable y duradera.

Acto 8.

Sobre la solución al problema se sabe a esta hora que puede tener un manejo dialogado o convertirse en dos problemas de guerra.

El manejo dialogado comienza por aceptar que se trata de una zona especial en la que se conjuga alta presencia de un frente del Bloque J.S. Briceño – FarcEP, con la existencia de una fuerte red de organizaciones de la comunidad que son Juntas de Acción Comunal, Núcleos que asocian a decenas de ellas y organizaciones de segundo nivel de carácter socio – político. El respaldo de más de 150 juntas a la acción de la Guardia en Chuapal es señal de que hay un conflicto social que abarca a varios municipios del Sur del Meta y a veredas de San José del Guaviare.

En la Mesa de Dialogo Social se ha identificado esa área como una zona de intervención prioritaria para transformaciones territoriales y se han desarrollado jornadas de Diálogo Social con presencia de 7 alcaldes, gobernadores de Guaviare y Meta, delegados de entidades nacionales y regionales, con el acompañamiento de la Misión de Naciones Unidas, la MappOEA, el Consejo Mundial de Iglesias, la Conferencia Episcopal de Colombia, con observación de la Unión Europea y de garantes de Irlanda, Suiza, Venezuela y Noruega.

En las reuniones subregionales realizadas en julio de 2024 en Puerto Concordia se recibieron propuestas de las juntas y organizaciones y en Puerto Concordia se instaló la Comisión Interinstitucional y Comunitaria para las transformaciones territoriales y la paz. El plan de trabajo fue refrendado por la Mesa en el Ciclo 5 y se definieron visitas a la zona con acompañamiento de varias entidades, destacando la necesidad de concertar las actividades con el Sistema Nacional Ambiental teniendo en cuenta que la economía campesina de la región se superpone con Parques Naturales y zonas forestales definidas en la Ley 2 de 1959.

El desarrollo de todas estas iniciativas y del urgente proceso para contener la deforestación que se anuncia para el ultimo cuatrimestre de 2024, es incompatible con una escalada de exacción en la región y con el desconocimiento de la importancia de un cese al fuego con estrictos mecanismos de verificación y de veeduría social y comunitaria.

El escenario de declarar la guerra en la región e incluso ampliarla a toda la Amazonía y la Orinoquia, parece un fácil remedio para convertir un conflicto entre una unidad militar y unos centenares de campesinos sin armas, en una dinámica de militarización en pugna con la ruralidad de esa zona.

Acto 9.

Las iniciativas desde la Mesa de Diálogos de Paz son limitadas en este escenario, pues se cruzan dos temas en corto circuito, el de la “economía de guerra” cuando no se ha entrado a la fase final del conflicto armado y el de la movilización social en zonas de influencia de larga data por parte de actores armados. Sin embargo, algunas líneas desde el margen podrían ayudar a los que están tomando decisiones en caliente:

• Que se instalen efectivamente las instancias regionales y locales de verificación, para lo cual falta que el presidente firme las resoluciones pertinentes y la Fiscal haga lo propio en tiempo breve.
• Que se cite la ya postergada reunión de la Comisión Interinstitucional y Comunitaria incluyendo a La Macarena, Puerto Concordia y San José. Allí se deberá retomar el plan de transformaciones y las iniciativas de no deforestación y defensa de la biodiversidad.
• Que Coscopaas y las Juntas de la subregión pasen a un proceso de consulta sobre las propuestas sociales y ambientales de transformación territorial, evitando los choques o tensiones con la fuerza pública y su movilidad.
• Que el EM del Bloque J.S. Briceño, desactive la campaña masiva de exacción que inició en julio en San José y en municipios del Sur del Meta.
• Que se avance en los planes de georreferenciación y en la aplicación de protocolos de comunicación y prevención de choques en medio del cese al fuego.
• Que las FFMM y el EMFarcEP apliquen los acuerdos sobre distanciamiento de fuerzas.
• Otros: mas prisa para la paz que argumentos para la guerra.