El 30 de marzo de 2016 pasará a la historia de Colombia como una de las fechas más importantes en la búsqueda de la paz en Colombia: luego de 27 meses de diálogos exploratorios, el Gobierno comandado por Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunciaron el inicio oficial de un proceso de paz que tiene como fin, según lo explicó el delegado del Gobierno para estos diálogos, Frank Pearl, es “ponerle fin al conflicto armado y la violencia política”

Con Brasil, Ecuador, Venezuela, Chile y Cuba como países garantes y sedes de las negociaciones (Noruega también será garante), las partes se sentarán a negociar el fin de las hostilidades y el objetivo principal será que el Eln deje las armas.

Aunque no hay una fecha oficial para el inicio de los diálogos, se espera que estos se efectúen de forma paralela con los de que sostiene el Gobierno en La Habana con las Farc y, de hecho, según explico alias ‘Antonio García’, negociador del Eln, varios puntos se podrán entrelazar con los del proceso de Cuba.

En efecto, como lo admitió el presidente Juan Manuel Santos, habrá similitudes entre los dos procesos, pero también hay diferencias sustanciales, siendo la principal el papel que jugará la sociedad civil en las negociaciones con el Eln. “Son procesos distintos, pero el fin del conflicto es uno solo”, enfatizó el presidente luego del anuncio que hicieron Pearl y García desde la cancillería venezolana, en Caracas, ciudad en la que se desarrolló la última fase de los diálogos exploratorios.

La agenda

Con el anuncio, se publicó un documento de seis páginas, denominado Acuerdo de Diálogos para la Paz, en el que se detallan los puntos de la agenda de negociación, compuesta por seis puntos, así como la llamada ‘fase pública’ y el modo en que funcionará la mesa de negociaciones, que si bien se rotará en los países mencionados, tendrá su ‘base’ en Ecuador.

Estos son los puntos de la agenda:

1. Participación de la sociedad en la construcción de paz: Los dos grupos de negociadores se comprometen a recibir las colaboraciones de la sociedad civil para “construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”.
2. Democracia para la paz: Se busca realizar “un debate” que permita examinar “la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad “; así como se plantea cambiar el marco normativo de las protestas y manifestaciones públicas, el tratamiento de conflictos y la construcción de ciudadanía.
3. Transformaciones de la paz: Cambios de democracia, planes integrales, opciones económicas y productivas para la recuperación de las zonas abandonadas por el Gobierno y afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado.
4. Víctimas: Se buscará el reconocimiento de las víctimas y sus derechos, “así como el tratamiento y la resolución de su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación y los compromisos de no repetición y el no olvido”.
5. Fin del conflicto armado: Este punto incluye el desarme y cese al fuego, el fortalecimiento de la expresión política del Eln y programas de reinserción de los 2500 miembros de la guerrilla –según sus cifras-, así como la definición de su situación jurídica y las garantías de seguridad una vez se desmovilicen.
6. Implementación: La fase de puesta en práctica de los acuerdos en el marco de un ‘Plan General de Ejecución’, en el que se incluye la refrendación del acuerdo, los mecanismos para llegar al fin del conflicto y la verificación de organismos internacionales.

Similitudes y diferencias

Los paralelos entre el proceso de paz con las Farc y el que se iniciará con el Eln pasan por las grandes similitudes que desde ya se pueden apreciar, principalmente ideológica y metodológicamente, aunque también tiene diferencias marcadas.

En cuando a las similitudes, por ejemplo, se puede hablar de tres de los seis puntos de la agenda: el de víctimas, el de fin del conflicto, y el de implementación y refrendación de los acuerdos, que siguen los mismos parámetros en ambos casos y que, dado que ya están en su mayoría acordados en La Habana, podrían ser definidos rápidamente en Quito.

En este sentido se debe tener en cuenta que, tal y como está planteado el punto de víctimas en la agenda con el Eln, esta guerrilla se somete de entrada a aceptar la justicia transicional que ya se acordó con las Farc, que incluye penas alternativas para los que reconozcan sus crímenes, zonas de concentración, un tribunal de paz y una comisión de la verdad.

Otra similitud importante tiene que ver, como lo explicó el presidente Santos, con el hecho de que en los diálogos con el Eln, tal y como ocurrió con las Farc, no se incluye la negociación del modelo político y económico colombiano, el régimen de propiedad privada y la doctrina de las Fuerzas Militares.

Entre las similitudes también están los temas de forma, como el hecho de que la mesa trabajará por ciclos, que habrá determinada cantidad de negociadores por cada parte (hasta 30) y que las negociaciones serán llevadas a cabo en medio de la confrontación, es decir, que el Estado seguirá con su ofensiva militar contra el Eln en medio de los diálogos; que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

En contraparte, la principal diferencia tiene que ver con el papel que jugará la sociedad civil que, según la hoja de ruta de esas negociaciones, tendrá una participación mucho más activa que en el proceso con las Farc, principalmente porque el Eln no considera que representa a la sociedad sino que es un vínculo para que la sociedad negocie con el Gobierno.

Una diferencia menor es que la agenda de La Habana, anunciada en Oslo en 2012, es mucho más específica que la anunciada en Caracas, pues esta tiene un lenguaje más vago que deja lugar para la interpretación, tema que tendrá que afinarse con el inicio formal de los diálogos.

Otra diferencia es el hecho de que la mesa de negociaciones no tendrá una sede fija, como sí la tiene la del proceso de las Farc en Cuba y rotará en cinco países, lo que podría complicar la logística de las delegaciones, aunque esto no debería convertirse en un problema.

Vacíos

El documento presentado por Pearl y García también tiene ciertos vacíos. Dos de ellos deberán ser anuncios que tomarán apenas días o semanas: la fecha para el inicio de los diálogos, la cual depende de la entrega de todos los secuestrados que el Eln tenga en su poder, y los nombres de los negociadores de ambas partes.

Pero hay otro punto que genera expectativa aún más importante, coincidencialmente, el elemento más ‘novedoso’ del proceso: el de la sociedad civil. Aún no está claro quiénes la representarán ni cuál será el método de participación activa para que hagan parte integral del proceso. No se tiene claro quiénes ni en qué condiciones se elegirán a los representantes de la sociedad civil y tampoco si esta tendrá un lugar fijo en la mesa de diálogos o cómo se supone que sumará sus propuestas a la negociación en sí.

Este, seguramente, será uno de los principales y más complejos escaños que se deberá superar en el inicio del proceso entre Gobierno y el Eln, el cual, de sortearse en poco tiempo, ayudará a que el proceso no se prolongue tanto como el que se lleva a cabo con las Farc. De hecho, se espera que, teniendo en cuenta los avances alcanzados en La Habana, el proceso con el Eln sea mucho más ágil y corto.

Antecedentes

El proceso de paz con el Eln llega después de 20 años de intentos fallidos; estos fueron los principales:

– 1982: Colapsaron después de la toma del M19 al Palacio de Justicia, en inicios de 1986.

– 1988: Como parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las Farc y el Epl. Fracasaron en 1992 tras la persecución de simpatizantes de la Unión Patriótica.

– 1997: Iniciados por ciudadanos alemanes, fueron asumidos por el gobierno de Andrés Pastrana tras su elección. Se rompieron con una masacre en La Machuca (Antioquia) que dejó 18 muertos.

– 1999: Pastrana abrió la posibilidad de despejar los municipios de San Pablo y Cantagallo (sur de Bolívar) para realizar las conversaciones. Fracasaron en 2002 tras la falta de avances.

– 2003: El entonces presidente Álvaro Uribe llegó a plantear la posibilidad de que se le pagara a los guerrilleros para dejar el secuestro. Fracasaron en 2006 tras la falta de avances.