En agosto de 2003, en el contexto de un proceso de diálogo con los grupos paramilitares, el Gobierno de Colombia presentó al Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria dirigido a permitir la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, cuyos delitos, por virtud del ordenamiento jurídico, no pueden ser indultados o amnistiados.
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