Estigmatización y exclusión: mecanismos de guerra y control en Colombia

Por Leonardo González Perafán

Director de Indepaz

Marzo 19 de 2025

En Colombia, la violencia contra las comunidades históricamente marginadas es la manifestación más visible de un fenómeno más profundo: la estigmatización. Esta estrategia, sustentada en discursos de odio y prejuicios, ha sido empleada como un arma de guerra para justificar la exclusión y la represión de sectores sociales vulnerables, como lo han advertido autores como Galtung (1990) y Lederach (2000). Esta violencia simbólica se traduce en agresiones físicas, desplazamientos, asesinatos selectivos y la desarticulación de procesos comunitarios.

La estigmatización no solo ha estado presente durante el conflicto armado colombiano, sino que ha perdurado en el contexto del posacuerdo, afectando negativamente la implementación de la paz territorial. Los discursos que etiquetan a comunidades rurales, líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos como “aliados de la insurgencia” o “enemigos del desarrollo” han contribuido a la prolongación de la violencia. Esta práctica, construida históricamente desde relaciones de poder verticales, perpetúa la marginalización de quienes son vistos como obstáculos al statu quo.

A su vez, la estigmatización ha sido reforzada por actores estatales, económicos y mediáticos, que en muchos casos han deslegitimado la labor de quienes defienden la tierra, los derechos humanos y la autonomía territorial. El peligro de esta narrativa es que produce una naturalización de la violencia, erosionando la empatía social y debilitando los procesos de reconciliación. Frente a este escenario, es necesario profundizar en el análisis de la estigmatización como un mecanismo estructural de control social y político que ha generado graves violaciones de derechos humanos en Colombia.

Conceptualización y formas de estigmatización

La estigmatización es un proceso mediante el cual ciertos grupos o personas son marcados con atributos negativos, con el propósito de justificar su exclusión, control o represión. Link y Phelan (2001) señalan que esta dinámica involucra el etiquetado, la estereotipación y la discriminación sistemática de los sectores estigmatizados, operando siempre en contextos de relaciones de poder desiguales. En Colombia, la estigmatización ha sido un mecanismo recurrente en las dinámicas del conflicto armado, la represión social y la criminalización de la pobreza y de la ruralidad.

A continuación, se describen las principales formas de estigmatización presentes en el país junto con ejemplos concretos:

Estigmatización étnico-racial

Comunidades indígenas y afrodescendientes han sido históricamente estigmatizadas como “obstáculos al desarrollo” o “aliadas de la insurgencia”. Esta narrativa ha legitimado el despojo de tierras y el desplazamiento forzado en territorios como Nariño, el Chocó, el norte del Cauca y el sur de Córdoba. Un ejemplo claro es la estigmatización de los pueblos indígenas Nasa y Misak en el Cauca, quienes han sido señalados como “colaboradores de la guerrilla” por oponerse a proyectos minero-energéticos que amenazan sus territorios ancestrales (González Perafán, 2024).

Estigmatización territorial

Regiones como el Catatumbo, Tumaco o el Bajo Cauca antioqueño son catalogadas desde hace décadas como “zonas rojas” o “territorios sin ley”. Esta narrativa ha servido para justificar operaciones militares masivas, bombardeos y el abandono estatal. La masacre de El Tandil (Tumaco, 2017), donde campesinos cocaleros fueron asesinados durante una protesta contra la erradicación forzada, fue precedida por la estigmatización de la zona como “controlada por el narcotráfico” (Indepaz, 2024).

Estigmatización política

Líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de señalamientos como “guerrilleros disfrazados” o “agentes de la subversión”. Durante el conflicto armado, estas etiquetas han sido utilizadas para justificar la persecución, judicialización o asesinato de cientos de liderazgos comunitarios. Por ejemplo, la lideresa María del Pilar Hurtado fue estigmatizada y asesinada en Tierralta (Córdoba, 2019), tras ser señalada de colaborar con grupos armados ilegales por su labor de defensa de vivienda digna (Butler, 2004).

Estigmatización por condición socioeconómica

Habitantes de barrios populares como Ciudad Bolívar (Bogotá), Barrio Siloé (Cali) o la Comuna 13 (Medellín) han sido presentados como “caldos de cultivo de la delincuencia”. Esta narrativa criminaliza la pobreza, genera operativos policiales desproporcionados y restringe las oportunidades de desarrollo de jóvenes y comunidades enteras. En la Comuna 13, la Operación Orión (2002) fue acompañada de un discurso que estigmatizaba a sus habitantes como colaboradores de grupos insurgentes, resultando en graves violaciones a los derechos humanos.

Estigmatización por género y orientación sexual

Mujeres lideresas y personas LGBTIQ+ sufren estigmas que las presentan como “provocadoras” o “amenazas a la moral”, lo que fomenta su exclusión política y las expone a violencia de género. En la región del Caribe, lideresas afrodescendientes que defienden derechos territoriales han sido deslegitimadas por sectores que las acusan de “desordenar el rol tradicional femenino”.

Estigmatización xenofóbica

Desde la llegada masiva de migrantes venezolanos, ha proliferado el discurso que los asocia con la criminalidad y la informalidad económica. Esto se traduce en desalojos forzados, ataques xenofóbicos y exclusión de servicios sociales. En ciudades como Cúcuta y Bogotá se han documentado agresiones físicas y desalojos contra familias venezolanas estigmatizadas como “delincuentes” (ACNUR, 2022).

Líderes sociales: del liderazgo a la criminalización

En Colombia, la figura del líder social ha sido históricamente deslegitimada mediante la estigmatización y la criminalización. Líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, ambientalistas y sindicalistas han sido blanco de discursos que los presentan como “enemigos internos” o “guerrilleros de civil”, una narrativa que ha sido usada tanto por actores estatales como por sectores empresariales y grupos armados.

Esta estigmatización ha tenido un impacto devastador. Según Indepaz (2025), desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados, siendo Colombia uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de derechos humanos. En territorios como el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y Arauca, el señalamiento de “guerrilleros disfrazados” ha servido como antesala a la violencia sistemática.

Un ejemplo emblemático es el caso de Temístocles Machado, líder afrodescendiente asesinado en Buenaventura en 2018, después de ser estigmatizado por defender los derechos territoriales de las comunidades negras frente a megaproyectos portuarios. Las etiquetas que lo vinculaban con grupos armados ilegales y la “oposición al desarrollo” precedieron su asesinato.

Además, la estigmatización no solo justifica la violencia física, sino que también afecta la legitimidad de los procesos de defensa comunitaria y de exigibilidad de derechos. La criminalización de la protesta social en contextos como el Paro Nacional de 2021 también se inscribe en esta lógica: líderes juveniles, indígenas y barriales fueron tratados mediática y políticamente como “vándalos” o “terroristas urbanos” (Butler, 2004), lo que desató un uso excesivo de la fuerza y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Firmantes del Acuerdo: la estigmatización como obstáculo para la reincorporación

Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, los excombatientes de las antiguas FARC-EP han sido uno de los sectores más estigmatizados en Colombia. A pesar de haber entregado sus armas y acogido el proceso de reincorporación, persiste la narrativa que los presenta como “delincuentes reciclados” o “terroristas infiltrados en la sociedad”.

Esta estigmatización ha tenido consecuencias letales y estructurales. Según Indepaz (2025), más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, en su mayoría en territorios rurales y en zonas de presencia histórica de las FARC. Los departamentos de Cauca, Caquetá, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Meta encabezan la lista de homicidios.

El caso de Dimar Torres, excombatiente asesinado por militares en el Catatumbo (2019), es ilustrativo de esta dinámica. Aunque estaba comprometido con los proyectos productivos del proceso de reincorporación, fue estigmatizado como “sospechoso” y ejecutado extrajudicialmente, mientras su comunidad denunciaba la persistente narrativa militar que los presentaba como “colaboradores insurgentes”.

Además del riesgo físico, la estigmatización de los excombatientes dificulta su acceso a empleos, limita la efectividad de la implementación del acuerdo de paz como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y bloquea su integración social. En muchas regiones, la desconfianza institucional y comunitaria es alimentada por discursos que asocian la reincorporación con la criminalidad o el narcotráfico.

Por otro lado, la estigmatización ha sido usada por disidencias armadas y otros grupos ilegales que acusan a los reincorporados de ser “traidores” o “informantes del Estado”, exponiéndolos a ataques de múltiples actores (González Posso, 2024). Esta doble estigmatización —desde sectores estatales y desde grupos armados— ha dejado a los firmantes en una situación de extrema vulnerabilidad.

Estigmatización desde el Estado y los medios de comunicación

La estigmatización no solo se origina en dinámicas locales o territoriales, sino que también ha sido impulsada y reforzada históricamente desde el propio Estado colombiano y los principales medios de comunicación. Esta estigmatización institucionalizada ha sido una de las principales barreras para la consolidación de la paz y la protección de los derechos humanos.

El rol del Estado

Desde la doctrina de la “seguridad nacional” de mediados del siglo XX, el Estado colombiano ha operado bajo la lógica del “enemigo interno”, en la que se ha equiparado la protesta social y la defensa de derechos con la subversión. Durante décadas, sectores de la Fuerza Pública, funcionarios estatales y dirigentes políticos han construido discursos que asocian a movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como a sindicatos y organizaciones sociales, con la insurgencia armada (Galtung, 1990). Este marco ideológico ha justificado políticas de contrainsurgencia que incluyen represión, persecución judicial y violencia física.

Un ejemplo concreto fue la política de estigmatización hacia las zonas de consolidación y desarrollo rural en la década de 1990, donde comunidades que impulsaban propuestas de reforma agraria eran señaladas como “bases de apoyo de las guerrillas”. Esta narrativa sirvió de sustento para operativos militares, desplazamientos forzados y campañas de “limpieza social” (González Posso, 2024).

Incluso en la etapa del posacuerdo, discursos oficiales han reproducido estos estigmas. Durante las movilizaciones del Paro Nacional de 2021, altos funcionarios del gobierno señalaron que las protestas eran “orquestadas por las FARC y el ELN” o que eran “financiadas por narcotraficantes”, lo cual exacerbó la violencia policial y la criminalización de la movilización social.

El papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación tradicionales han sido actores clave en la reproducción y amplificación de la estigmatización. A través de titulares, editoriales y reportajes, han contribuido a construir imaginarios colectivos que criminalizan a las víctimas de la violencia y a las poblaciones en resistencia.

Por ejemplo, durante la Operación Orión (Medellín, 2002), buena parte de la prensa presentó la intervención militar como una “limpieza” contra “focos terroristas”, invisibilizando las violaciones de derechos humanos y las desapariciones forzadas que ocurrieron en la Comuna 13. Esta narrativa aún persiste en muchos medios, donde líderes comunitarios de zonas populares son sistemáticamente asociados con la violencia urbana o la insurgencia.

Además, la manera en que los medios cubren los asesinatos de líderes sociales es desigual: en las grandes ciudades se les da visibilidad, pero en las zonas rurales es común que estos homicidios sean presentados como hechos “aislados” o “ajustes de cuentas”, olvidando el contexto y restando importancia a la responsabilidad estructural del Estado y los grupos armados.

Además, la estigmatización mediática ha tenido un impacto concreto sobre la confianza social hacia la implementación del Acuerdo de Paz. Discursos que acusan a los reincorporados y a las comunidades rurales de ser “obstáculos al desarrollo” o “zonas de delincuentes” limitan el respaldo social a la reforma rural integral y al sistema de justicia transicional, afectando la sostenibilidad del proceso de paz.

Propuestas para la superación de la estigmatización

Superar la estigmatización en Colombia requiere de un enfoque integral que articule medidas culturales, institucionales, educativas y de política pública. Estas acciones deben ser sostenidas y diferenciadas para enfrentar tanto la violencia simbólica como sus impactos estructurales y materiales. A continuación, se presentan propuestas específicas orientadas a transformar las condiciones que reproducen la estigmatización:

1. Reformulación del discurso institucional

• Desarrollar directrices estatales que prohíban expresamente el uso de términos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública.
• Incorporar un enfoque de derechos humanos y no estigmatizante en todas las comunicaciones oficiales relacionadas con territorios y poblaciones históricamente marginadas.

2. Fortalecimiento de la protección colectiva y comunitaria

• Ampliar y territorializar los programas de protección colectiva para líderes sociales, excombatientes y comunidades rurales, fortaleciendo sus capacidades de autoprotección y gestión del riesgo.
• Incluir componentes psicosociales que aborden los efectos emocionales de la estigmatización y las amenazas en las comunidades.

3. Reforma en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad

• Desmontar la doctrina del “enemigo interno” mediante reformas curriculares en las escuelas militares y de policía, enfocadas en el respeto a la protesta social, la diversidad étnica y cultural, y los derechos humanos.
• Crear mecanismos de seguimiento y sanción a las prácticas estigmatizantes dentro de la Fuerza Pública.

4. Estrategias educativas

• Implementar campañas de educación para la paz y la no discriminación desde la educación básica hasta la educación superior, con especial énfasis en territorios estigmatizados.
• Promover la inclusión de la memoria histórica y la diversidad cultural en los planes de estudio para contrarrestar prejuicios y estereotipos.

5. Regulación de los medios de comunicación

• Crear una política pública para fomentar la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto al tratamiento respetuoso y no estigmatizante de líderes sociales, excombatientes y comunidades.
• Fortalecer medios comunitarios y alternativos que visibilicen la voz de las poblaciones históricamente estigmatizadas y promuevan narrativas de dignificación y resiliencia.

6. Campañas masivas de desestigmatización

• Desarrollar campañas nacionales y regionales para desmontar estigmas sobre líderes sociales, excombatientes, pueblos étnicos y migrantes, enfocadas en la dignificación de sus aportes a la paz, la justicia social y la democracia.
• Estas campañas deben ser diseñadas con la participación activa de las poblaciones afectadas y difundidas en medios masivos, comunitarios y digitales.

7. Observatorios y monitoreo

• Crear o fortalecer observatorios de estigmatización a nivel nacional y regional que documenten, sistematicen y denuncien la reproducción de discursos estigmatizantes desde instituciones, medios y actores privados.
• Publicar informes periódicos que sirvan de insumo para la formulación de políticas públicas de prevención y respuesta.

8. Enfoque diferencial y participación territorial

• Asegurar que todas las políticas de superación de la estigmatización incorporen un enfoque diferencial que atienda las especificidades de las mujeres, pueblos étnicos, personas LGBTIQ+, migrantes y otros sectores vulnerables.
• Involucrar a las comunidades y organizaciones sociales en la co-creación de estas estrategias, garantizando su pertinencia cultural y territorial.

9. Fortalecimiento de la justicia y la reparación

• Priorizar investigaciones judiciales que consideren la estigmatización como un agravante en los delitos contra líderes sociales y excombatientes.
• Implementar medidas de reparación colectiva para comunidades estigmatizadas que han sido víctimas de la violencia estructural y simbólica.

Conclusión

La estigmatización en Colombia es un fenómeno estructural y profundamente arraigado en la historia sociopolítica del país. Más que un problema meramente discursivo, se trata de una herramienta de guerra y de control social que ha permitido justificar la exclusión, la represión y la violencia directa contra comunidades rurales, pueblos étnicos, líderes sociales, excombatientes y otros sectores históricamente vulnerables.

A lo largo del conflicto armado y en el actual contexto de posacuerdo, la estigmatización ha operado como una antesala a la violencia sistemática, erosionando la confianza social y bloqueando las posibilidades reales de reconciliación y construcción de paz territorial. Esta violencia simbólica, al ser reproducida desde el Estado, la Fuerza Pública, los medios de comunicación y otros actores con poder institucional, ha legitimado la criminalización de la protesta social, la defensa de derechos humanos y las iniciativas de resistencia comunitaria.

Asimismo, la estigmatización ha profundizado las desigualdades socioeconómicas y territoriales. Las regiones catalogadas como “zonas rojas” han sido doblemente castigadas: por la violencia directa y por la negación de oportunidades de desarrollo e inversión estatal, generando un ciclo perverso de marginación y violencia.

La evidencia muestra que la estigmatización no solo precede a los homicidios selectivos de líderes sociales y excombatientes, sino que también fomenta la impunidad al reducir la empatía hacia las víctimas y debilitar la respuesta institucional frente a las agresiones. Casos emblemáticos como la estigmatización de los procesos organizativos indígenas en el Cauca, o de las comunidades campesinas en el Catatumbo, demuestran que esta dinámica obstaculiza la implementación integral del Acuerdo de Paz y la garantía efectiva de los derechos humanos.

Superar la estigmatización es, por tanto, una tarea urgente y estratégica para la consolidación de una paz completa y duradera. Esto no se logrará únicamente con medidas de seguridad o protección individual, sino con una transformación cultural y política de largo aliento. Requiere desmantelar las narrativas que deshumanizan al otro, cuestionar la lógica del “enemigo interno” y abrir espacios reales de reconocimiento y dignificación para quienes han sido históricamente silenciados y vulnerados.

Finalmente, la erradicación de la estigmatización debe ser asumida como una política de Estado y un imperativo ético. Solo así será posible desactivar los discursos de odio que continúan alimentando las lógicas de guerra y exclusión, y avanzar hacia un país que reconozca su diversidad como una fortaleza para la democracia y la justicia social.

Referencias

ACNUR. (2022). Situación de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Agencia de la ONU para los Refugiados. https://www.acnur.org

Butler, J. (2004). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Paidós.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291–305. https://doi.org/10.1177/0022343390027003005

González Posso, C. (2024). Los reincorporados entre tres fuegos: la hiper estigmatización, fallas en la implementación integral y asesinato sistemático. Indepaz. https://indepaz.org.co/los-reincorporados-entre-tres-fuegos-la-hiper-estigmatizacion-fallas-en-implementacion-integral-y-asesinato-sistematico/

González Perafán, L. (2024). La estigmatización en Colombia: una estrategia de guerra. Indepaz. https://indepaz.org.co/la-estigmatizacion-en-colombia-una-estrategia-de-guerra/

Indepaz. (2024). Informe de homicidios de líderes sociales y excombatientes. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). https://indepaz.org.co

Lederach, J. P. (2000). El abecé de la paz y los conflictos. Herder.

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363–385. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363