A la señora Ingrid  le cabe el derecho  de demandar y, si quiere, de conciliar sus reclamos. Lo que le corresponde al Estado es garantizar que opere la justicia, la que podrá rechazar o aprobar  la pretensión. El asunto verdaderamente importante no es la supuesta  ingratitud de una persona que reclama porque cree tener un derecho a ser indemnizada, ni el monto de la reclamación que al final si hay lugar a ella es tazada por los jueces; lo  importante es entender que hay derechos que se pueden reclamar.