La minga llega a Bogotá en medio de un mar de desinformación. ¿Cuál es su objetivo y por qué es tan importante?

Camilo González Posso*

El poder contra la minga

Después de pasar por Cali, Armenia, Calarcá, Cajamarca, Ibagué y Fusagasugá, la minga indígena llega a Bogotá en medio de un mar de desinformación y estigmatización:

• En redes sociales se divulgó un video de un supuesto operativo militar donde se habrían incautado armas de fuego a los miembros de la minga. El video resultó ser de un operativo contra el ELN que se llevó a cabo en abril.
• Algunos medios de comunicación divulgaron un video en el que se veía a miembros del ELN apoyar la minga. Sin embargo, muchos medios no destacaron que la minga ha rechazado este apoyo y ha reiterado que los grupos armados no tienen vínculos con su movimiento.
• La ministra del Interior, Alicia Arango, desestimó las intenciones de la minga al decir que no es reivindicativa, sino política.
• En la misma línea, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que la minga tenía intenciones políticas y que ese tipo de debates debían darse en el Congreso y no en las calles.

Por eso, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado a que los medios de comunicación contrasten sus fuentes y eviten divulgar información falsa.

Además, los miembros de la minga le exigieron al gobierno que no intente deslegitimar su movilización con engaños: el objetivo de su movimiento es poner en la agenda nacional los problemas que ponen en riesgo la vida y los territorios de los pueblos indígenas.

El objetivo

La ministra Arango tiene razón cuando dice que la minga no es una movilización como otras, con un pliego de peticiones concretas para negociar con el gobierno.

Los miembros de la minga lo han dicho desde el comienzo: su objetivo es plantear un gran debate nacional, que esté en sintonía con otros sectores sociales, y que desnude los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.

Según los miembros de la minga, el gobierno ha impuesto una “dictadura civil”, que es evidente en hechos como:

• La militarización de la protesta social;
• La concentración de poder del ejecutivo sobre los organismos de control;
• La campaña de desprestigio contra la justicia y, en particular contra la Corte Suprema de Justicia;
• La gestión injusta de la pandemia, en la que se han preferido los alivios a las grandes empresas; y
• El intento de reglamentar la consulta previa sin la participación de los pueblos indígenas.

Por eso, la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. La crisis humanitaria y de agresiones armadas no es un asunto de ideología, ni de color político, sino una emergencia nacional.

La minga también exige que el gobierno adopte una política para desmantelar el paramilitarismo y las redes de criminalidad que se han reordenado después del Acuerdo de La Habana. La seguridad y el monopolio de la fuerza deberían ponerse al servicio de la paz y no de la protección de unos pocos.

Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga pide una amplia conversación con el presidente para dar estos debates.

Contra la violencia y el extractivismo

El presidente Duque se ha negado a reunirse con la minga porque no esta dispuesto a cambiar la forma de gobernar que ha persistido hasta hoy: el desarrollo basado en la entrega de la tierra y los recursos naturales a las grandes empresas.

En efecto, después del Acuerdo con las FARC, el gobierno le ha apostado a una forma de “desarrollo” que aumenta la desigualdad y la pobreza: convertir los territorios colectivos y de conflicto en zonas minero-energéticas, forestales y agroindustriales. En ese plan, la economía y las formas de vida de los campesinos y de los pueblos indígenas son marginales.

Un ejemplo son las actividades mineras que se superponen con territorios campesinos, indígenas o negros. Hace dos años, la multinacional AngloGold Ashanti transfirió sus títulos mineros en el occidente del país a la empresa Royal Road Mineral.

Como se ve en este mapa, el proyecto cubre todos los municipios en la zona central de Nariño en donde habita el pueblo Awá; llega a algunos municipios de Cauca como La Vega, Bolívar en el Macizo, Suárez y Buenos Aires; y se extiende hasta el norte de Antioquia.

Lo mismo sucede en otras regiones como Putumayo, Caldas, Amazonas y tantas más, donde se han autorizado proyectos forestales o hidroeléctricos en zonas de propiedad étnica colectiva. Solo en el suroccidente del país, el 30% de las zonas con título minero se encuentran en este tipo de propiedades colectivas.

En todos estos lugares, la violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo.

Hacia un cambio de verdad

En lugar de reconocer que existen problemas profundos que requieren la participación de todos los ciudadanos, el gobierno ha optado por estigmatizar las exigencias sociales como “formas encubiertas” de la criminalidad y de la violencia armada al margen de la ley.

Es mucho más cómodo presentar a quienes protestan como enemigos, criminales y guerrilleros que sentarse a dialogar para superar problemas estructurales. Si el otro es simplemente un criminal que quiere dar un golpe a las fuerzas armadas, ¿para qué dialogar con él?

Además, esa misma ha sido siempre la respuesta del gobierno en la última década. En 2005, 2008, 2010, 2012 y 2015 se llevaron a cabo movilizaciones similares de comuneros del Cauca y otros departamentos del suroccidente. El objetivo de estas movilizaciones no fue muy distinto del que hoy convoca a la minga:

• Que se negocie la terminación del conflicto armado;
• Que se deroguen los tratados internacionales inconvenientes, como los Tratados de Libre Comercio (TLC);
• Que se reconozcan los derechos de los campesinos y los pueblos étnicos.

En los anteriores años, la respuesta de los gobiernos ha sido brutal: recordemos, por ejemplo, la ocupación armada del resguardo La María en 2008, cuando el gobierno llevó a cabo una operación por aire y por tierra contra los indígenas que allí se encontraban.

Y aunque presidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se han reunido con los pueblos indígenas que protestan, no se ha cambiado la política neoliberal e injusta que gobierna al país. Al contrario, han tratado de maniobrar para evitar las protestas con pequeñas concesiones.

Por eso, la minga de hoy sabe que no habrá negociación con el gobierno. Duque es un presidente que no puede gobernar para las mayorías, pues tiene un “poder prestado”.

Sin embargo, la minga puede ayudar a fortalecer muchos movimientos sociales y a construir una fuerza suficiente para disipar la violencia y contener la dictadura. Así, se le puede dar oxígeno a un cambio político.

Camilo González Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).