Las víctimas y el régimen

por

Indepaz

Es enorme el desafío que le espera a las instituciones estatales para reparar las víctimas y devolver las tierras a los despojados.
 
La mano negra de la extrema izquierda de las Farc y la mano negra de la extrema derecha (sin identificar), según las declaraciones del presidente Santos, se quieren “tirar” la aplicación de la Ley de Víctimas y la devolución de las tierras a los despojados.
    Las palabras del Presidente, para algunos, son la respuesta (retórica) a la reactivación del terror bélico de la guerrilla y, también, la manera de controvertir  las críticas que algunos sectores  le vienen haciendo a la Ley de Víctimas, recientemente sancionada. Para otros, sin embargo, es la manera como Santos, sin meterse en señalamientos, salda cuentas con las tensiones suscitadas con el ex presidente Álvaro Uribe y, homologando las extremas, intenta situarse en el espacio del centro del espectro político. También, si se quiere, el significado de la metáfora de la “mano negra”, ni más allá ni más acá,  sería la manera de caracterizar al régimen que, según lo definió Álvaro Gómez Hurtado, no es cosa distinta del intricado entramado de relaciones perversas y complicidades entre mafias, corrupción y politiquería para mantener el ‘statu quo’.
    La mano negra del régimen, seguramente, desatará el potencial destructivo y de terror para lograr sus propósitos. Desde el atentado selectivo (el asesinato de Ana Fabricia Córdoba así lo indicaría), pasando por el terror  indiscriminado (bombas y actos terroristas), hasta  la infiltración de instituciones públicas para, con apariencias de legalidad, realizar todo tipo de actuaciones encaminadas a sabotear la posibilidad de resarcir a las víctimas. Sin duda, asistiremos al espectáculo cínico del régimen, al lado de los victimarios,  “combinando todas las formas de lucha”.
    Los indicios de la mano negra del régimen, como las orejas del lobo debajo del disfraz de oveja, empiezan a asomarse. Amenazas y asesinatos a las víctimas reclamEs enorme el desafío que le espera a las instituciones estatales para reparar las víctimas y devolver las tierras a los despojados.antes para disuadirlas de los reclamos; enredos jurídicos y de trámites (en complicidad con servidores públicos) en tierras que fueron despojadas y entregadas a testaferros y falsos compradores (¿embolatar durante diez años los procesos?); falsas víctimas o victimarios disfrazados de víctimas (como dice que lo hará el ex presidente Álvaro Uribe al declararse víctima en el proceso de “farcpolítica” contra la ex senadora Piedad Córdoba), lo que generaría  incertidumbres en la aún sin estrenar institucionalidad encargada del trámite del proceso de las víctimas, y  el uso de los resquicios en la ley para negarse a la reparación, como lo han anunciado los abogados de los parapolíticos condenados (¿las colectividades políticas que los avalaron tienen que reparar?), de servidores públicos y empresas privadas señaladas de alianzas con organizaciones armadas ilegales.
    Desactivar las estrategias mafiosas de los victimarios, atender la voz de la comunidad internacional (HRW), que en reciente informe revela la intención de las bacrim (bandas criminales) de sabotear la devolución de las tierras e interferir el debate electoral; enfrentar la criminalidad de la mano negra del régimen, desentrañar la verdad y reparar a las víctimas, entre otros retos, es el enorme desafío que les espera a las instituciones estatales existentes y a la institucionalidad creada para reparar a las víctimas y devolver las tierras a los despojados. Ojalá la institucionalidad creada para la reparación no se convierta en piñata de pugnas politiqueras y de clientelismo. Es lo mínimo que la decencia indica.
    Entonces, mientras renovamos la confianza para que el Gobierno cumpla con su delicada obligación, al lado de las víctimas (nunca parado sobre ellas), tiene pertinencia recordar que antes de su asesinato,  Álvaro Gómez Hurtado nos convocó a tumbar el régimen. Asignatura pendiente.
Alargue: A las puertas del 20 aniversario de la Constitución Política se marchó de estas tierras el canciller constituyente Augusto Ramírez Ocampo. Su legado de reconciliación es paradigma en estos tiempos de reparación. Nuestras condolencias a su familia. 
 
* Constituyente de 1991. 

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