Más allá de la verdad judicial se esconde la verdad integral del despojo y el abandono de tierras. Mecanismos institucionales ya probados y participación de las comunidades de víctimas deben ayudar a establecer una verdad histórica necesaria para el futuro del campo colombiano.

Tomado de razonpublica.com 

Ley de víctimas, verdad en tierras 

La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras constituye sin lugar a dudas un importante avance, pero su aplicación enfrenta múltiples y muy diversos desafíos.

Entre ellos está el esclarecimiento de la verdad para lograr una reparación integral, tarea que, ante la persistencia del conflicto armado en el país, exige combinar distintas estrategias y aprovechar los avances realizados por la sociedad civil y el Estado para aclarar los hechos, sus causas, móviles y modalidades, de tal forma que puedan establecerse las responsabilidades individuales o colectivas de los actores armados y no armados en la persistencia y en la expansión territorial del conflicto. 

En lo que hace referencia específica a la verdad en el despojo y abandono de tierras, el desafío es de gran complejidad dado que precisamente la disputa por la tierra y el control de territorios han sido estrategias principales de los actores del conflicto, legales e ilegales, tanto a nivel local como nacional. 

Desde su artículo 1°, la Ley de Víctimas se propone hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación con garantía de no repetición. 

El artículo 76 crea el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente, indicando que se completará de manera progresiva teniendo en cuenta factores como la densidad del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. En él se inscribirán las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con éstas, determinando con precisión los predios objeto de restitución.

Una valiosa experiencia institucional

Para garantizar el resarcimiento efectivo de los derechos es preciso aprender de las experiencias y caminos que ya han sido recorridos. 

En cumplimiento de la Ley de Atención al Desplazamiento Forzado y de varios de sus Decretos Reglamentarios, desde el año 2005 se han venido aplicando medidas de protección de los derechos patrimoniales de las víctimas y se emprendió un Registro de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA). Este Registro incluye hoy más de 133.000 predios, con extensión superior a 5 millones de hectáreas y en beneficio de un poco más de 123.000 titulares de derechos. La información se refiere a todo el país, pero acentúa las zonas que han sido afectadas con mayor intensidad por el desplazamiento forzado. 

Esta experiencia –única entre países en conflicto– tiene la ventaja de haber logrado la movilización de las víctimas para defender sus derechos sobre la tierra y los territorios y la de haber contado con la participación de las instituciones responsables de la política de tierras entre ellas: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Catastros descentralizados

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos

Superintendencia de Notariado y Registro

Procuraduría General de la Nación

Entes territoriales.

Aprender de las comunidades

La identificación, reconocimiento y protección de derechos desde la puesta en marcha de la Ruta Colectiva de Protección –cuyos protagonistas son las propias víctimas– ha permitido hacer visibles los derechos precarios o informales, de alta incidencia en el sector rural y acerca de los cuales no existía información institucional. 

-Este esfuerzo es especialmente importante para quienes sufren las condiciones más vulnerables y en consecuencia han estado más expuestos al despojo de sus tierras. 

-También ha permito conocer los derechos de las mujeres, muchas de ellas viudas, de los niños y los adolescentes que han sufrido la orfandad de ambos padres. 

-Igualmente ha ayudado a entender las dificultades para allegar pruebas y buscar la manera de superarlas, como una condición básica para restablecer los derechos de las víctimas. 

– El ejercicio ha permitido avanzar en una tipología del despojo, en la caracterización de sus prácticas y en la identificación de algunos de sus actores. 

No debe pues desaprovecharse el coraje de las víctimas que en su momento y pese a las condiciones de violencia, se animaron a denunciar las violaciones de las que venían siendo objeto, ni desperdiciar el esfuerzo técnico y presupuestal, con el apoyo de la cooperación internacional, que se llevó a cabo en situaciones tan adversas. 

La restitución de las tierras al igual que la labor de investigación que necesariamente demanda la búsqueda de la verdad, puede empezar a nutrirse de esta información y de los ejercicios adelantados por la Fiscalía y la Comisión Nacional de Reparación. 

Más que verdad judicial

 La búsqueda de la verdad es un imperativo ético que no puede limitarse a la verdad judicial. Como explica la Comisión de Seguimiento: “La política integral de verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado y otras formas de violencia organizada ha de centrarse en el marco de la búsqueda real y efectiva de la verdad en sus tres dimensiones: individual, social o colectiva y deber de memoria” [1]. 

Por eso mismo y cuanto antes debería crearse una Comisión de la Verdad sobre las Tierras, que responda de manera integral a esta exigencia. 

Reconstruir la verdad implica reconocer que el desplazamiento forzado de la población fue apenas el primer paso para consumar la usurpación de los territorios. En muchos casos el despojo fue y sigue siendo una estrategia de larga duración, compuesta por una cadena de acontecimientos. Como dijo alias “Pitirri”, el desmovilizado jefe paramilitar, “uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de terceros, legalizando”. 

Con la violencia, se desocupaban los territorios o se presionaban las ventas a bajo precio; y si quedaban obstáculos para apropiarse de las tierras, se ponía en marcha el despojo de cuello blanco, es decir, aquel que se vale de procedimientos administrativos y judiciales, a veces con la complicidad de funcionarios corruptos. 

La verdad judicial parece haberse concentrado en la primera etapa del proceso; por lo tanto, es necesario avanzar hacia el esclarecimiento de lo sucedido posteriormente a través de mecanismos complementarios de construcción de verdad. 

¿Mercado para el despojo?

 Tomar en serio la verdad sobre las tierras también implica preguntar por la validez de las transacciones del mercado en las regiones expuestas al conflicto armado. 

En una de sus versiones libres, Raúl Hasbún aseguró que en realidad no existen las supuestas víctimas del desplazamiento a manos de los paramilitares: estos campesinos vendieron sus tierras a precios bajos porque en el momento de la “venta” ese era el precio real de los predios, ya que sus poseedores no habrían podido ponerlas a producir [2]. 

Sin embargo, cuando el control de grupos armados ilegales es tal que cualquier oposición puede pagarse con la vida, y donde la violencia presiona a la baja los precios de la tierra cabe presumir que no se han dado las condiciones para que una venta sea válida: el libre consentimiento del vendedor, la existencia de un precio justo y la licitud de los propósitos de los compradores. El mercado, por lo tanto, también puede constituirse en un sutil mecanismo de despojo. 

Verdad integral y justicia histórica

 Más que en narrar los hechos escuetos, la verdad en tierras consiste en aclarar los procedimientos de despojo y la manera como distintos actores –legales o ilegales– se involucraron en el proceso. 

La única verdad capaz de garantizar la no repetición de estos abusos debe decirnos cómo pudo suceder lo sucedido y no solamente qué fue lo que ocurrió sin comprender su lógica. Se trata de una verdad que no compete solamente a la víctima y al victimario sino a la sociedad entera. 

Si Colombia no establece la verdad integral sobre el despojo estaría validando procesos de acumulación de riqueza viciados en su origen. En la construcción de la verdad histórica nos jugamos también la construcción de la justicia histórica. A falta de una u otra no habrá paz ni desarrollo rural equitativo posible en el futuro. 

* Socióloga de la Universidad Javeriana y consultora independiente.